Lo que hacen autonomías y municipios para frenar el turismo masivo

Palma de Mallorca prohibirá el alquiler de pisos a turistas cuando acabe el verano Madrid abre la puerta a que los vecinos veten las casas de Airbnb

Un grupo de jóvenes protesta contra los turistas frente al museo San Telmo de San SebastiánEFE

El pasado año, la cifra de turistas que visitó España superó los 75 millones. La previsión para este año apunta a que se podría llegar a a los 84 millones, una cifra inédita que podría llevar a España a superar a Francia como primer destino mundial. Pero el auge turístico tiene su contrapartida: el turismo masivo, especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ambos municipios  y las grandes autonomías turísticas han tratado de frenar, con poco éxito por ahora, la masificación y exceso de afluencia en ciudades como Madrid o Barcelona. La última en intentarlo ha sido Baleares, cuya nueva ley entró el martes en vigor.

• Baleares

La principal novedad es que los propietarios que pongan sus pisos a disposición de los turistas sin los permisos correspondientes emitidos por la Conselleria de Turismo serán sancionados. Las multas podrán llegar a los 40.000 euros para los propietarios y a los 400.000 en el caso de las plataformas de alquiler. El texto en vigor desde ayer fija que debe ser el propietario del piso el que disponga de la documentación que demuestre que cumple con la ley. Además se le prohíbe arrendarlos por más de 30 días, cobrar una fianza y se establece como obligatorio un contrato de alquiler. En el caso de incumplimiento, el propietario se verá expuesto a una sanción económica.

Plataformas como Airbnb o HomeAway cuentan con 15 días para adaptar su oferta a la nueva ley de alquiler turístico. Esta ya prohibía parcialmente el alquiler en algunas zonas. Ahora apunta un techo máximo de camas para turistas, que queda establecido en 623.624, de las que más de la mitad estarán en manos de los hoteleros. Cada archipiélago dispondrá de libertad para decidir si permiten el alquiler de viviendas con fines turístico, cuanto tiempo y en que zonas.

Otras autonomías también han reformado sus normativas referentes a los alojamientos turísticos, con notables diferencias en el enfoque, pero con un denominador común: el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a esas leyes. Canarias y Madrid han tenido que modificar sus normas para frenar el fenómeno de los pisos turísticos.

• Madrid

Baleares limita a 623. 624 el número de turistas que se podrán alojar en el archipiélago

La última reforma fija que los vecinos de los edificios donde haya apartamentos turísticos podrán vetarlos, en caso de que lo ampare sus estatutos de la comunidad de vecinos. Estas nuevas medidas tienen su repercusión en Madrid capital, especialmente en los barrios del centro, donde se encuentra el grueso de apartamentos y viviendas alquiladas con fines turísticos. Las plataformas como Airbnb son consideradas empresas turísticas y como tales, todos los pisos que anuncien deben disponer del certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (Civut), un documento que garantiza al turista que el alojamiento elegido dispone de medidas de seguridad obligatorias, así como agua fría y caliente, calefacción, energía y ventilación directa al exterior. Los propietarios también están obligados a informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes.

• Cataluña

Es la comunidad más afectada por la creciente oferta de pisos turísticos irregulares. Barcelona es la ciudad con más viviendas turísticas, ya que prácticamente el grueso de la comunidad está agrupado en los barrios del centro de la ciudad. Aunque la Generalitat no se ha implicado en la regulación de estos alojamientos, el gobierno de Ada Colau está comprometido para acordar ciertas medidas reguladoras de una oferta irregular que supera los 8.000 pisos. El pasado mes de junio impuso a la plataforma Airbnb una multa de 600.000 euros, con el objetivo de dar fin a lo que calificó Janet Sanz, teniente de alcalde de Barcelona, como “una estafa a la ciudad”.

• Comunidad Valenciana

La quinta autonomía por número de visitantes extranjeros también ha tomado medidas legales para evitar los alquileres ilegales en la ciudad. Cinco plataformas estuvieron a punto de firmar un acuerdo con la Generalitat Valenciana para incluir en sus páginas web la obligación de indicar un “número de matrícula” de todos los pisos que identifica las propiedades como legales a alquilar, pero finalmente el acuerdo no llegó a firmarse. Airbnb, HomeAway y Rentalia han tenido que hacer frente a una sanción económica de 30.000 euros cada una por incluir viviendas sin registrar.