Bruselas da luz verde definitiva a la toma de Popular por Santander
La Comisión considera que no vulnera la competencia La decisión cierra el proceso de aprobación de la operación
La Comisión Europea (CE) ha dado su aprobación definitiva a la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander, que lo adquirió por un euro el pasado 7 de junio con la resolución de la entidad, según informó hoy el Ejecutivo comunitario.
La decisión de este martes supone el final del proceso de autorización por parte de la CE de la adquisición, después de que esta institución aprobase el 7 de junio el plan de resolución propuesto por la Junta Unica de Resolución (JUR).
La operación no plantea problemas de competencia, según ha precisado Bruselas en un comunicado. La decisión era ampliamente esperada en el sector, pero la luz verde comunitaria era un trámite necesario para cerrarla. En concreto, Bruselas considera que las cuotas de mercado conjuntas de los dos bancos son limitadas (inferiores al 25 %) y seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados.
La Comisión añadió que ha investigado la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales españoles y portugueses de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de gestión de deudas con descuento y de prestación de servicios de cajero automático.
La luz verde definitiva llega dos meses después de la intervención, decretada el 6 de junio por la Junta Única de Resolución después de que el BCE decretase que el Banco Popular era "una entidad inviable o con probabilidad de serlo". El 7 de junio, el Ejecutivo comunitario aprobó el plan de resolución de conformidad con el reglamento sobre el Mecanismo Unico de Resolución (MUR).
El Santander se hizo entonces con el 100 % del Banco Popular por un euro simbólico y anunció su intención de proceder a una ampliación de capital de 7.000 millones de euros (7.891 millones de dólares) para asegurar la operación.
La Comisión también había otorgado el 7 de junio al Banco Santander una excepción por la que se le permitió adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera del Banco Popular a la espera de que el Ejecutivo comunitario aprobase la operación conforme a las normas europeas de competencia.
Además, dio un plazo de dos meses a los afectados por la operación (tenedores de acciones y deuda subordinada, dado que depositantes e inversiones en deuda sénior no perdieron nada) para reclamar ante la justicia europea a cuenta de la operación.
