Los abogados ven en el rescate italiano nuevas armas para litigar por Popular
Los bufetes denuncian un “agravio comparativo” entre el banco español y los del Véneto Aemec solicita a la CE el expediente de resolución del banco español
La particular solución aprobada el viernes para dos bancos italianos en problemas ha terminado de avivar las brasas de la candente indignación de los accionistas y bonistas de Banco Popular, quienes hace dos semanas vieron como su inversión se evaporaba mientras que Italia impulsa una inyección pública para reconducir la situación de sus entidades.
“El agravio comparativo refuerza la tesis de la responsabilidad subsidiaria de Bruselas en el proceso de resolución de Popular”, argumentaba ayer Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, resumiendo las impresiones de otros abogados que ven nuevas armas disponibles para litigar por el dinero perdido en Popular.
Las comparaciones surgieron el viernes por la noche cuando el Banco Central Europeo decretó la liquidación de Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza ante sus problemas de solvencia, por los que las entidades acabaron vendidas ayer a Intesa Sanpaolo por un euro simbólico.
Pero hasta aquí llegan las similitudes con el caso de Banco Popular y su adquisición por Banco Santander por el mismo precio. En el caso de las entidades transalpinas, el Estado aportará entre 5.000 y 17.000 millones de euros para la recapitalización de las entidades y el resarcimiento de los afectados.
Además, Intesa Sanpaolo adquiere únicamente el negocio rentable de las entidades mientras que los activos problemáticos serán segregados en una suerte de banco malo. Los bancos del Véneto no cotizaban, con lo que no hay accionistas minoritarios afectados y tampoco se esperan pérdidas para los tenedores de deuda senior en una operación en la que Italia pone en marcha el fondo público constituido para la reestructuración del sector financiero.
Solo quedan en el alero los propietarios de deuda subordinada de Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza pero los analistas de Credit Suisse detallaban ayer en un informe que está previsto que el Estado cubra el 80% de sus pérdidas con 200 millones de euros y que Intesa Sanpaolo aporte el resto inyectando 60 millones más.
“La cercanía en el tiempo con la resolución del Popular, pone de manifiesto la ley del embudo, la doble vara de medir, el agravio comparativo”, inciden desde el bufete Navas & Cusí subrayando que mientras los inversores italianos no pierden nada los accionistas y bonistas de Popular “han perdido el 100%” de su dinero ya que Bruselas optó por la nueva vía de resolución europea en lugar de la liquidación nacional.
También ve un “claro” agravio comparativo Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo y socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, despacho que representa a un buen número de accionistas de Banco Popular, incluyendo a grandes inversores representados en el consejo del extinto banco, como la Unión Europea de Inversiones.
El bufete, detalla Ruiz Ojeda, ha presentado un escrito oficial, en nombre de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, ante el Banco Central Europeo (BCE), la Junta Única de Resolución (JUR), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Comisión Europea (CE), solicitando acceso al expediente de resolución de Banco Popular con acuse de recibo. La normativa de transparencia, recuerda el catedrático, obliga a la Comisión a dar una respuesta a su petición en un plazo de 15 días.
La comparativa frente al caso de la banca italiana se suma a una creciente lista de argumentos judiciales para pedir una compensación por Popular, en la que los abogados de los accionistas incluyen el ataque de los inspectores del Banco de España a la valoración negativa que se hizo del banco, la admisión del subgobernador de esta institución de que la entidad tenía garantías para seguir viva unos días más o el reconocimiento del banco de que las cuentas de 2016 contenían errores millonarios.
Acciones legales por Popular
Desde el bufete Jausas, con amplia experiencia en litigación bancaria, subrayan que en el caso de Banco Popular “por primera vez se ha aplicado un procedimiento de carácter expropiatorio de las acciones, así como de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas” y ven tres posibles acciones legales. De un lado, la de accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, que tienen cuatro años para solicitar la nulidad de su inversión por error en el consentimiento, ya que el banco reconoció errores en las cuentas de aquel año. De otro, los accionistas y titulares de preferentes o subordinadas que compraron entre mayo de 2016 y la fecha de resolución del banco, que podrían pedir responsabilidad extracontratual. Tienen hasta junio de 2018. A su vez, los grandes inversores de Popular podrían alegar el enriquecimiento injusto de Santander.
