El Constitucional censura la forma y el fondo de la amnistía fiscal
La sentencia debe excluir para siempre la amnistía y espolear una rigurosa lucha contra el fraude
El Tribunal Constitucional ha estimado un recurso del Partido Socialista y ha declarado inconstitucional y nula la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012 como una medida complementaria para sanear las cuentas públicas. El Tribunal censura la utilización de un real decreto-ley para regular una cuestión que afecta a un deber fundamental como es el sostenimiento financiero del Estado, y censura la decisión por considerar que se consagra “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. El tribunal, pese a todo, da plena validez a las actuaciones llevadas a cabo con aquella iniciativa y considera que son regularizaciones tributarias firmes. Por tanto, aunque no altera ni los ingresos logrados con tal operación ni pone en cuestión la situación fiscal de los contribuyentes acogidos a ella, es una censura política en toda regla a la decisión del Gobierno, e invalida para el futuro el uso de un instrumento de este tipo para hacer política fiscal.
Aunque amnistías fiscales o regularizaciones han existido a menudo en distintos países y con Gobiernos de todos los colores, es evidente que se trata de una herramienta que genera un peligroso riesgo moral: permite ponerse al día a defraudadores explícitos, generalmente con rentas muy elevadas, frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos con rentas más modestas y más expuestos al escrutinio fiscal.
Los resultados contables de la amnistía de Montoro no fueron precisamente espectaculares, aunque a raíz aquella operación se alumbrase la declaración de bienes en el extranjero, que sí ha proporcionado valiosísima información sobre las rentas hasta entonces ocultas en el exterior. Solo 31.500 contribuyentes afloraron en la amnistía 37.800 millones y aportaron a la caja algo más de 1.200. La experiencia enseña que los Gobiernos están obligados a fortalecer las herramientas de vigilancia para que todo el mundo tribute y lo haga, como pide el Constitucional, en razón de su poder económico. La reducción administrativa del fraude fiscal es la vía más adecuada para combatir el déficit y expandir la equidad tributaria.
