El Constitucional tumba la amnistía fiscal de Montoro
La medida no afectará a las regularizaciones hechas para preservar la seguridad jurídica Estima el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE
La amnistía fiscal impulsada por el Gobierno no fue constitucional. Así lo ha declarado el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad estimando un recurso presentado por el PSOE contra la regularización.
La decisión del Constitucional, a la que ha tenido acceso este diario, “no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada” en virtud de preservar la seguridad jurídica.
Sin embargo, el Tribunal carga contra la costumbre del primer Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, de impulsar buena parte de sus iniciativas mediante a golpe de decretos ley.
El Constitucional considera que la regularización fiscal aprobada en 2012 va contra la Carta Magna española porque vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas impulsados por el afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE).
“Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”, reza la sentencia sobre la medida implementada por el Ministerio de Hacienda de Cristobal Montoro.
Se beneficiaron de la amnistía fiscal personalidades de todo tipo desde el exvicepresidente económico del Gobierno y posterior responsable de Bankia Rodrigo Rato hasta la familia Pujol, entre otros muchos.También se acogieron al procedimiento Fernando Martín, expresidente de Martinsa Fadesa; el exsocio de Iñaki Urdangarín Diego Torres o el sindicalista de UGT José Ángel Fernández Villa.
No habrá consecuencias para ellos. El Constitucional da por buenas las regularizaciones hechas en pos de la seguridad jurídica. Tampoco ocurriría nada si no matizara este punto. “La amnistía solo afectaba a las rentas no declaradas de 2008, 2009 y 2010 y esos tres ejercicios están prescritos y fuera del alcance de la administración”, explica Bruno Domínguez, socio del área fiscal de Baker & McKenzie, detallando que el último año revisable hoy día es 2012.
Más allá, el Pleno del Constitucional considera que la regularización impugnada tuvo tres “importantes efectos”. De un lado, permitió la regularización de rentas ocultas al Fisco “a un tipo reducido”, concretamente del 10%.
Por otra parte, eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de sanciones como “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”.
Por último, establece el fallo, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”, normalizando la situación de quienes habían ocultado dichas rentas inicialmente.
La regularización
El Gobierno aprobó en marzo de 2012 la amnistía fiscal que permitía regularizar dinero de fuera de España y también de dentro a cambio de pagar un 10%. Con esta medida, esperaba lograr 2.500 millones por ello, lo que implica aflorar 25.000 millones.
En junio de 2012, el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa impulsada por el Ejecutivo de Rajoy por entender que vulneraba doblemente la Carta Magna, ya que consideraba que la legislación era competencia del Parlamento y, por lo tanto, no le correspondía en exclusiva al Gobierno, y, además, entendía que la normativa constituye "una flagrante vulneración del principio de igualdad".
Con todo, en octubre de ese mismo año la Audiencia Nacional rechazó el recurso presentado por los socialistas. La amnistía fiscal impulsada por el Ejecutivo recaudó 1.200 millones, la mitad de lo previsto inicialmente. La regularización de dinero oculto impulsada por el Gobierno se saldó con 31.484 declaraciones.
El proceso de regularización fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos que no habían tributado, siempre que abonaran un 10% de multa. Además, Hacienda blindó a los evasores de posibles investigaciones penales por regularizar dichas cuantías.
Reacciones
La decisión del Constitucional ha provocado que partidos políticos como PSOE y Unidos Podemos reclamen la dimisión de Montoro.
Partidos políticos. “En cualquier país de la UE el ministro de turno habría dimitido ya. Llevamos cinco años pidiéndolo. Si tuviera un mínimo de vergüenza [Cristóbal Montoro] la presentaría esta tarde mismo. Se tiene que ir y pedimos su dimisión inmediata”, dijo el portavoz económico de los socialistas en el Congreso, Pedro Saura. En la misma línea se expresaron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha.
Hacienda. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, declaró que la sentencia “avala la regularización”. Afirmó además que “deja plena constancia del aval de las regularizaciones, por lo que no tiene ningún tipo de consecuencia”.
Montoro. El ministro de Hacienda y Función Pública prevé solicitar su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones ante la Comisión de Hacienda del Congreso. Una petición que exigieron PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos previamente.
