Victoria Ortega: “La Justicia en España es mejorable, pero funciona”

Afirma que la relación con el ministro de Justicia, Rafael Catalá "es fluida" Considera que las mujeres todavía tienen mucho por recorrer en el sector legal

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Pablo Monge

Victoria Ortega fue elegida presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en enero de 2016, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este puesto. No era nueva en la institución. Hasta diciembre de 2015 había ocupado el puesto de secretaria general del Consejo, siendo presidente su antecesor, Carlos Carnicer. También fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria, por lo que su experiencia en la abogacía institucional es amplia. En esta entrevista explica sus primeros pasosal frente del colectivo, sus objetivos y logros.

R. En enero cumplió su primer año al frente de la Abogacía, ¿qué balance hace y cuáles están siendo los primeros pasos?

R. Se ha trabajado mucho, se han implicado todos los compañeros en el diseño del plan estratégico. Lo más positivo ha sido la colaboración de los consejeros y del personal técnico de la casa. Se van cumpliendo los objetivos, pero es una carrera de fondo. Nos propusimos trazar las primeras líneas del Pacto de Estado por la Justicia para aportar, no sólo a las fuerzas políticas sino también a las fuerzas sociales, nuestra idea de aquellos puntos en los que nos debemos poner de acuerdo para empezar a conferir una justicia mejor, más eficaz, cercana, moderna y transparente. Lo hicimos con carácter casi inmediato y hemos ido trabajando en ello. Se ha diseñado también una nueva organización en la casa [en el CGAE] que ha empezado a funcionar. Ha sido un año intenso, pero productivo.

R. Uno de sus objetivos era que la abogacía tuviera más voz en la elaboración de proyectos legislativos, ¿se les tiene suficientemente en cuenta?

R. Nunca diría que es suficiente, pero sí se nos ha tenido en cuenta. Hemos intentado acercarnos a los diversos partidos en un momento idóneo para que se nos escuche como colectivo, por la pluralidad de fuerzas que existen en este momento en el Parlamento y por la necesidad de llegar a pactos y a acuerdos. El caso del IVA del turno de oficio ha sido el más significativo. Nada más surgir la polémica hablamos con todas las fuerzas políticas y reaccionaron extraordinariamente bien. Ya se ha aprobado en el Congreso en una primera lectura la modificación pertinente, sin considerar la prestación de la justicia gratuita como obligatoria para la abogacía y considerando las cantidades que se perciben como una subvención y no como una retribución o unos honorarios.

R. ¿En qué otras reformas legales está participando el CGAE?

R. Están en elaboración otros textos, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre los que se nos va pidiendo opinión, pero son desarrollos normativos mucho más lentos. Me consta que también vamos a ser llamados para la configuración de la Estrategia Nacional de Justicia que se quiere llevar a cabo por parte de la Subcomisión de Justicia. Ya se nos llamó para el tema de violencia de género, una materia en la que la colaboración está siendo grande y quiero pensar que, con el tiempo, fructífera.

R. ¿Hay voluntad entre los partidos para lograr el Pacto por la Justicia?

R. Yo creo que sí. Creo que en breve nos llamarán a tal efecto. Estamos todos de acuerdo en que es necesario, coincidimos en lo que funciona mal, por lo que seguro que nos vamos a poner de acuerdo en la solución.

R. ¿Qué tal es la relación con el ministro de Justicia, Rafael Catalá?

R. Lógicamente unas veces nos ponemos de acuerdo y otras no, pero la relación es fluida, comentamos las cuestiones que surgen, los problemas, las posibles soluciones…

R. ¿Cuál es su postura sobre la creación de los juzgados únicos de cláusulas suelo?

R. El Pleno de la Abogacía ha acordado por unanimidad recurrir el Plan de juzgados únicos del CGPJ para cláusulas suelo porque agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas, con lo cual se colapsarán y los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable. Además, la medida se ha adoptado sin dotación de medios ni presupuesto y se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido. Conculca también el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía. Exigimos mantener la competencia en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes. El pleno también acordó que hagamos todas las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una rápida solución.

R. ¿Funciona bien la justicia en España?, ¿es justa su mala imagen?

R. Es mejorable en muchos aspectos, en ello estamos todos, pero funciona. La mala imagen afecta a órganos muy concretos, de lo que no se habla es de los cientos de ellos que funcionan bien a diario, resolviendo conflictos y generando confianza. Tanto es así que los ciudadanos se apegan a los órganos jurisdiccionales en lugar de acudir a otros métodos alternativos. Por eso es tan importante llevar a cabo las reformas necesarias, para mantener la credibilidad. Luego está el tema concreto de los nombramientos en determinados órganos, a eso sí habrá que darle solución.

R. ¿Cómo pueden los abogados contribuir en la mejora de la justicia?

R. El abogado es el primer intérprete de la norma, el primero al que se consulta. Nos encargamos de encauzar los conflictos a través del Derecho. Primero asesoramos para evitarlos, después intentamos darles solución y, en última instancia, ejercemos la defensa ante los tribunales. Actuamos en los tres pasos, por lo que el conocimiento tanto de las carencias como de las fortalezas de la Administración de Justicia es grande y el papel que podemos tener sobre cómo dar solución a los problemas que puedan existir, creo que es notable.

Victoria Ortega, durante la entrevista.Pablo Monge

R. A veces se acusa a los abogados de litigar demasiado…

R. Eso lo tengo que negar absolutamente. El ejercicio de la defensa exige la aplicación de la norma al supuesto concreto. La legislación procesal otorga las acciones que otorga y el abogado viene obligado, en defensa de su cliente, a ejercitarlas. No es el abogado el que crea el conflicto, el conflicto llega y se le intenta dar solución.

R. La CNMC está imponiendo multas a colegios por vulnerar la libre competencia, ¿qué medidas está tomando el Consejo?

R. Es un tema complejo. Se están imponiendo sanciones de cuantías elevadísimas, aunque no son firmes porque están recurridas ante los tribunales, y alguna sanción -concretamente la impuesta al Colegio de Málaga-, ya ha sido revocada. Se debaten dos puntos fundamentales: uno relativo al turno de oficio, y otro sobre los honorarios. Respecto al primero, la abogacía entiende que el funcionamiento medianamente correcto del sistema exige una proximidad del abogado al servicio que presta, es decir, que el turno de oficio lo atiendan los abogados con despacho abierto en el lugar donde está el defendido. En cuanto a los honorarios, estos están absolutamente liberalizados, de lo que hablamos es de unas normas a efectos de la imposición de costas. El cliente puede llegar a un acuerdo sobre el precio con su abogado, pero debe poder tener también una referencia para, en caso de perder, saber cuánto le va a cobrar el contrario.

R. La Ley de servicios y colegios profesionales quedó aparcada en la última legislatura, ¿cree que se retomará?, ¿lo exige la Unión Europea?

R. Parece que el ministerio ha indicado que en este momento no se encuentra en la agenda de esta legislatura, no creo que Europa lo exija ahora puesto que las regulaciones dentro de cada país son muy diversas, por lo que no creo que se lo vaya a exigir exclusivamente a España. En todo caso, por el momento creo que es un tema que se encuentra en ‘standby’.

R. Algunas voces cuestionan si no son demasiados 83 colegios de abogados en España, ¿qué cree usted?

R. Los 83 colegios de abogados están prestando un servicio importantísimo, por un lado, a los compañeros, en el ámbito de formación, deontología, gestión de la justicia gratuita, etcétera, y, además, para el ciudadano, que puede acudir allí también para reclamar en el ámbito deontológico, está precisamente configurado para defender los derechos de los propios ciudadanos, una función que se está desempeñando desde los colegios de abogados. Están desempeñando una función primordial, de cercanía al ciudadano.

R. La ciberseguridad se ha convertido en una gran preocupación para los despachos de abogados. ¿Qué recomendaciones hacen desde la Abogacía, teniendo en cuenta la especial obligación de confidencialidad respecto de la información de clientes que manejan los abogados?

R. Es fundamental la formación en este ámbito, concienciándonos de la necesidad de actuar. Hay que tomárselo en serio e incidir en la formación y el trabajo en este terreno y yo creo que en este momento la abogacía sí está ya concienciada. Nos ha costado, como cuesta siempre entrar en lo que es más novedoso, pero creo que ya lo hemos conseguido.

R. Usted ha sido la primera mujer en dirigir el CGAE, ¿cree que las mujeres empiezan a hacerse un hueco real en el sector?

R. Sin duda queda camino por recorrer, pero vamos a trabajar por la igualdad y lo vamos a conseguir. Todavía las diferencias son muy notables. Desde el acceso a la educación, el número de profesionales mujeres es igual o superior al de hombres, con lo cual se produce una pirámide con muchísimas más mujeres en la base, pero a medida que se va subiendo se reduce el porcentaje. Por eso llama la atención que esté yo aquí, pero si nos vamos a otros ámbitos, como la universidad, sucede lo mismo. Confío en que llegará el día en que dejemos de hablar de este tema

R. ¿Cuáles son sus planes para este año y los proyectos que quiere sacar adelante en lo que le queda de mandato?

R. Hicimos un plan estratégico hasta 2020, estableciendo una serie de ejes sobre los que vamos a trabajar, con hasta 163 medidas. Los ejes son, en primer lugar, una abogacía que sea creíble, que ofrezca confianza, y para eso vamos a trabajar fundamentalmente sobre la formación y la deontología. También una abogacía gestora integral de conflictos, desde la prevención del conflicto hasta la defensa, y ahí vamos a trabajar en los métodos alternativos de resolución de conflictos, en la Ley del Derecho de Defensa y en la configuración de toda una serie de normas. A ello se suma una abogacía social, con dos puntos fundamentales: la justicia gratuita y la promoción de derechos humanos, pero también el trabajo con consumidores y usuarios y la responsabilidad social corporativa. Asimismo, vamos a incidir en una abogacía tecnológicamente avanzada, con innovación, finalizando todo el desarrollo tecnológico tanto dentro de la Justicia como dentro de la abogacía. Y, finalmente, en una abogacía global con la internacionalización.