¿Tiene sentido la tarifa eléctrica regulada?
Ya hay 40 comercializadoras que suministran a usuarios domésticos y la competencia está asegurada
El Gobierno ha remitido a la CNMC un borrador de real decreto por el que modifican los requisitos para que los consumidores de electricidad puedan acceder al bono social, con descuentos de entre un 25% y un 40% en las facturas. Las modificaciones están orientadas a asegurar que el bono social llegue a quien lo necesita, y que no haya consumidores con rentas elevadas que se beneficien. Por ello, se ha modificado la definición de consumidor vulnerable, que pasará a basarse en el nivel de renta, y se crean nuevas categorías de protección, como el consumidor vulnerable severo y el consumidor en riesgo de exclusión social.
La pregunta que surge es: ¿si el bono social se va a encargar de proteger a los consumidores vulnerables, qué sentido tiene que la Administración mantenga la tarifa eléctrica regulada para el resto de consumidores? La Comisión Europea, en su último paquete de propuestas relativas a los sectores energéticos, plantea la eliminación de las tarifas reguladas, manteniendo la protección exclusivamente para los consumidores vulnerables.
No es una propuesta sin fundamento. En general, los motivos que llevan a los Gobiernos a proteger a los consumidores surgen de una desconfianza hacia la falta de competencia efectiva en el mercado o de considerar que el consumidor es incapaz de comparar o entender ofertas alternativas.
Ambos argumentos resultan anacrónicos en España. Por una parte, la liberalización del mercado eléctrico se inició en 1998 (y los consumidores domésticos pueden escoger su comercializadora desde 2003). Seleccionar una oferta de telecomunicaciones resulta más complejo que una oferta para el suministro eléctrico y, sin embargo, nadie argumenta en pos de volver a regular el precio del teléfono sobre la base de que el consumidor de a pie es incapaz de seleccionar su empresa de telecos.
Por otra parte, en la actualidad ya hay más de 40 empresas comercializadoras de electricidad que suministran a consumidores domésticos en España y no hay barreras a la entrada de nuevos compañías, de modo que la presión competitiva está asegurada. Además, la web de la CNMC incluye un comparador de ofertas de electricidad, que efectúa el análisis de forma automática, de modo que resulta sencillo para los consumidores identificar a los posibles comercializadores y las mejores ofertas.
La CE está a favor de eliminar las tarifas reguladas porque la regulación de los precios desincentiva la innovación y la entrada de nuevos competidores. En efecto, los países que aplican precios regulados los fijan por debajo del coste real de suministro. Esto impide que entren comercializadoras al mercado libre con productos similares ya que son incapaces de competir con una comercialización regulada a la que se obliga a vender por debajo de coste.
La eliminación de las tarifas sería especialmente beneficiosa para el consumidor, en el caso español, porque partimos de una posición de ventaja gracias al elevado grado de implantación de los contadores electrónicos (la renovación total del parque está previsto antes del 31 de diciembre de 2018).
Los contadores electrónicos permiten aplicar las denominadas tarifas dinámicas, que trasladan al consumidor el coste de la energía eléctrica hora a hora y le permiten rebajar su factura reduciendo su demanda en las horas de precios altos y consumiendo en las horas de menor precio. Sin embargo, es ingenuo pensar que el consumidor, por sí solo, va a ser capaz de aprovechar las ventajas que se derivan de estos contadores; ello le exigiría estar pendiente, hora a hora, del precio de la electricidad en el mercado mayorista y analizar, en cada momento, cómo optimizar su consumo dados los precios previstos, lo cual no resulta realista.
Es el comercializador quien ha de vigilar los precios y avisar al consumidor de forma automática –a través de instrumentos de domótica– para que pueda optimizar la gestión de su consumo.
El abanico de contratos que podrían ofrecer los comercializadores no tiene límite, permitiendo un suministro más ajustado a las necesidades y preferencias de los consumidores y reduciendo el coste del suministro para estos. Sin embargo, por mucho que tengamos contadores electrónicos, este abanico de posibilidades no se desarrollará mientras continúe existiendo una tarifa regulada, con un precio por debajo del coste real de suministro.
Por eso, una vez resuelta la protección a los consumidores vulnerables, y tras 20 años desde el inicio de la liberalización del mercado eléctrico, con un escenario de creciente penetración de las renovables y precios del mercado cada vez más volátiles, debe abordarse la supresión del último vestigio de tarifas reguladas para que el mercado pueda proporcionar a los consumidores de electricidad los servicios necesarios para aprovechar plenamente las ventajas de la liberalización, como indica la Comisión Europea.
Óscar Arnedillo es director gerente de NERA Economic Consulting.
