El sistema foral permite al País Vasco gastar el doble por habitante que la media

La comunidad foral goza de 4.170 euros per cápita

Su sistema sanitario y educativo es el mejor de España

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Las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar y financiar los pilares del Estado de bienestar. Los recursos de los que disponen los Ejecutivos regionales –junto con su habilidad de dirección– determina la calidad de la educación y la sanidad pública y los servicios sociales.

Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que existen diferencias abismales entre las comunidades autónomas. El País Vasco accedió en 2013 a una financiación equivalente a 4.170 euros por habitante, una cifra que duplica los 2.030 euros que registraron las autonomías del régimen común (ver gráfico). La Comunidad Valenciana, con 1.824 euros por habitante destacó como la comunidad con menos recursos. Estos cálculos están elaborados a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, es decir, sin tener en cuenta que algunas comunidades tienen una mayor autonomía y corrigiendo las diferencias en la legislación tributaria.

Navarra figura como la segunda región con mayor financiación con 3.266 euros per cápita. Así, las dos comunidades forales cuentan con muchos más recursos para ofrecer servicios públicos. El funcionamiento del modelo foral explica esta asimetría. País Vasco y Navarra recaudan prácticamente todos los impuestos y, de ese dinero, abonan una parte a la Administración central por las competencias no transferidas y también realizan una pequeña aportación al fondo de compensación interterritorial. Al ser comunidades con una renta relativamente alta, el sistema les beneficia especialmente. El dinero que el País Vasco abona al Estado recibe el nombre de cupo y los expertos aseguran que su fórmula de cálculo es opaca y muy beneficiosa para los intereses del territorio foral. El director de Fedea y miembro de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación, Ángel de la Fuente, llegó a asegurar que la fórmula para determinar el cupo es “marciana”y que el País Vasco debería aportar más de 4.000 millones si el sistema fuera equitativo.

Las críticas al funcionamiento del modelo foral son compartidas por la mayoría de académicos elegidos por la Administración central y las comunidades autónomas que actualmente debaten la reforma del modelo de financiación. Un informe de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización (Rifde) publicado en febrero reclamaba revisar los mecanismos de solidaridad para que País Vasco y Navarra también contribuyeran a la nivelación interterritorial. En el estudio participaron cuatro expertos que forman parte de la comisión que evalúa la reforma del modelo: Santiago Lago (Galicia), Alain Cuenca (Aragón), Carlos Monasterio (Asturias) y Francisco Pérez García (Valencia).

A las comunidades forales les resulta beneficioso no participar en los mecanismos de nivelación porque, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, serían aportadoras netas. Es lo que sucede en Cataluña o Madrid, donde buena parte de lo que se recauda en ambos territorios sirve para financiar a las regiones con menos recursos y más necesidades.

Ser una comunidad con mayor renta y recaudar todos los impuestos permite al País Vasco mantener tipos efectivos menores y, al mismo tiempo, ingresar más.

Los mayores recursos tienen su reflejo en la calidad de los servicios públicos. Un estudio del catedrático Ignacio Zubiri publicado por Funcas señala que el gasto por estudiante en el País Vasco alcanza los 7.229 euros frente a los 4.995 euros de media. También lidera el ranking en los indicadores de calidad educativa. En Sanidad y servicios sociales, Euskadi ocupa el primer lugar con diferencia. Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) calculó que las comunidades necesitarían 48.962 millones adicionales cada año para ofrecer servicios similares a los de los territorios forales. El acuerdo presupuestario cerrado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV supondrá rebajar el cupo vasco casi un 40% hasta los 956 millones. Además, el Estado abonará 1.400 millones por las discrepancias de ejercicios anteriores.

 

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