Las hoteleras piden “poner puertas al campo” de los apartamentos turísticos

Deloitte se inclina por una legislación mínima, limitada a unos pocos asuntos básicos

El poner o no "puertas al campo" de las plataformas de economía colaborativa sigue centrando el debate de los hoteleros españoles y una de sus principales reclamaciones a las administraciones públicas. Sin embargo, entre unos y otros discrepan de la fórmula y del papel que tienen nuevos actores como Airbnb o HomeAway y cómo debe ser la regulación sobre una actividad económica en auge, que se considera como un fenómeno imparable.

La necesidad de una regulación más o menos restrictiva sobre el sector ha sido el tema a debate en la jornada organizada este miércoles por Deloitte sobre el marco jurídico del turismo. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito Hernandez, fue una de las voces más críticas y abogó por una legislación que también prohibiese la prestación de determinados servicios como les ocurre a las hoteleras. El socio de Deloitte Juan Martínez Calvo difirió sin embargo de este planteamiento y apostó por una normativa más laxa que protegiese "unos pocos puntos a largo plazo".

Benito ha rebajado el optimismo de los datos turísticos en 2016. En su opinión, solo se miden llegadas de viajeros pero no su gasto. En contraste con los 75,3 millones de turista que recibió España en 2016, ha apuntado que para que el sector mantenga el mismo nivel de ingresos tiene que incrementar las recepciones entre un 10% y un 15%. Y en este declive ha opinado que juega un importante papel el sector turístico. Por ello, la patronal ha reclamado al Gobierno que delimite una política común ante la economía colaborativa desde los ámbitos en los que tiene competencias (laboral, tributaria o tecnológica) que cristalice en una ley transversal.

Otro de los riesgos del modelo turístico de Airbnb es, ha explicado la empresaria, la formación de una burbuja inmobiliaria en los puntos de especial afluencia turística. La proliferación de los apartamentos turísticos, según su visión, eleva también el precio de los alquileres como vivienda habitual. Una crítica similar a la que mantiene el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau, que ha puesto en marcha una batalla contra el alojamiento turístico ilegal y el proceso de gentrifugación de la población hacia barrios periféricos.

Deloitte protestó contra la "dispersión normativa" actual sobre este aspecto. Martínez Calvo puso el acento en las divergencias entre las diferentes leyes autonómicas en vigor (en Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia y un proyecto en Baleares). Por ello, el abogado de la firma reclamó que las futuras legislaciones "se sostengan a largo plazo" y "no se contradigan entre sí". Ha puesto como ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazó la norma de la Comunidad sobre que la estancia en estos apartamentos no debía superar los cinco días.

Lo cierto, es que pese  a las peticiones de plataformas de alojamiento colaborativo y de los hoteleros la regulación de la vivienda de uso turístico es competencia autonómica y son las regiones las que tienen potestad para su regulación. De esta forma, son muchas las comunidades autónomas que ya han puesto en marcha normativas, o trabajan en su puesta en marcha, a pesar de que desde el sector privado se insta a una regulación única.

Las hoteleras ganan el 50% de los juicios por reclamaciones

El conocido mantra de la abogacía de que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio parece que en el sector turístico está empezando a resquebrajarse. O, al menos, en cuanto a reclamaciones de los usuarios. Silvia García, socia de Deloitte Legal, admitió que el aumento de las reclamaciones de los usuarios ante una tendencia normativa que protege al cliente y la sensación de la existencia de una justicia proconsumidor. Esto, sin embargo, no siempre es así.

El 50% de las reclamaciones de los usuarios por insatisfacción de los servicios turísticos prestados se resolvieron a favor de la compañía, según los datos manejados por Deloitte. El 30% el juez optó por una "solución salomónica" (condena a la empresa a indemnizar al consumidor pero no con toda la cantidad que reclama). Y solo el 20% dieron la razón por completo a lo que reclama el usuario.

Por tanto, ese aluvión de reclamaciones auspiciadas por acciones colectivas que comentó Garcia en una "americanización de la sociedad" no supone en la mayoría de las ocasiones que gane el usuario. La razón que apuntó la socia de Deloitte fue que en el caso de las insatisfacciones del cliente se trata de un ámbito "subjetivo", cuando los hoteles nos dejan de prestar sus servicios sino que no se adaptan a los que busca el cliente.