Los pisos turísticos llevan ante Bruselas la legalidad de las normas autonómicas

Denuncian la violación del derecho de la libre competencia de algunas de las normativas autonómicas vigentes

Turistas frente a una oficina de alquiler de pisos turísticos de La Barceloneta.EFE

La Federación Españoloa de Asociaciones de Pisos Turísticos (Fevitur) ha denunciado ante la Comisión Europea la violación del derecho de la libre competencia de algunas de las normativas autonómicas y locales vigentes.

En la denuncia Fevitur pide amparo a la Secretaria General de la Comisión Europea para que incoe procedimiento de infracción a las normativas autonómicas y locales por ser contrarias al Tratado constitutivo de la Comisión Europea. Si el organismo opta por incoar el procedimiento de infracción se abriría un proceso de corrección a las normativas vigentes.

Pablo Zubicaray, presidente de la federación, explica que parte de los contenidos de las normativas puestas en marcha en los últimos años en España infringen la normativa europea al "restringir la competencia" y asegura que "el resultado final es que al no haber libertad de competencia se vulneran los derechos de los consumidores".

En la denuncia, Fevitur sostiene que las viviendas de uso turístico no son competencia al sector hotelero, sino que es una actividad complementaria. Además, explica que algunas de las normativas puestas en marcha por las comunidades autónomas "resultan contrarias a la libre competencia, al establecer en unos casos requisitos de imposible cumplimiento y en otros casos requisitos legales que limitan el ejercicio de dicha actividad".

Entre ellas, apunta a la inscripción en un registro de las viviendas de uso turístico, la limitación impuesta por la Comunidad de Madrid -y tumbada por la CNMC- de un mínimo de cinco días de alquiler, o la de Baleares, que exige que sean viviendas de uso turístico solo aquellas unifamiliares aisladas o pareadas.

Hace unas semanas, la asociación Adigital reconoció que "llegaría hasta el final" con las normativas puestas en marcha por las comunidades autónmas sobre la vivienda vacacional y exigió el papel de las plataformas como Airbnb o Homeaway como "plataformas neutrales" regidas por la normativa europea de comercio electrónico.