Draghi asume que la negociación extrajudicial de la cláusula suelo ahorra costes a la banca
El BCE que el rescate a la banca hizo más fuerte al sector financiero español
El mecanismo de resolución extrajudicial impulsado a comienzos de año por el Gobierno para encauzar las reclamaciones a la banca por lo cobrado a sus clientes en aplicación de cláusulas suelo opacas no afecta a la “estabilidad de las entidades y los mercados financieros”, sino que, por el contrario, rebaja costes a la banca al reducir la litigiosidad, ha expuesto este miércoles el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
Ante las cuestiones presentadas por varios eurodiputados, Draghi ha detallado que el 17 de enero el Banco de España, en nombre de la Secretaría de Estado de Economía, remitió al BCE “una solicitud urgente de dictamen” sobre el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, aprobado en Consejo de Ministros el 20 de enero.
Draghi ha explicado que el BCE encargó estudiar este asunto a un grupo interno de expertos que concluyó que la regulación sobre el mecanismo de negociación extrajudicial no afectaba a sus competencias, por lo que decidió no emitir dictamen, lo que se comunicó al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por carta el 1 de febrero de 2017.
“El Real Decreto-ley, considerado en sí mismo, no influye significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros”, ha argumentado Draghi, quien advierte de que los posibles efectos en la estabilidad financiera no se derivan de la norma como tal, “sino de las consecuencias económicas que para las entidades financieras tiene la declaración de nulidad de las cláusulas suelo no transparentes por el Tribunal Supremo de España, seguida de la confirmación del pleno efecto retroactivo de dicha nulidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de diciembre de 2016”.
De este modo, el BCE se limita a observar, avalando su puesta en marcha sin pronunciarse sobre su fondo al no considerarse competente para emitir un dictamen. En todo caso, Draghi ha destacado que el Real Decreto-ley establece “un mecanismo práctico para agilizar la devolución de las cantidades adeudadas a los consumidores y limitar así el coste de la litigiosidad sobre ese asunto”, lo que redundaría en un menor impacto para la banca que la vía judicial.
La medida supone la puesta en marcha de un mecanismo de negociación obligatorio para los bancos, que tenían hasta finales de febrero para articularlo, y voluntario para sus clientes, que da un límite de tres meses para que las entidades respondan a quienes reclamen si consideran que deben ser compensados por lo que se les ha cobrado en aplicación de cláusulas suelo hipotecarias no transparentes y en qué cuantía.
El rescate bancario
En paralelo a la cuestión sobre las cláusulas suelo, y en respuesta a las preguntas planteadas por Paloma López Bermejo, eurodiputada de IU, Draghi se ha referido también al rescate europeo a la banca española.
El programa de asistencia financiera, como se le conoce oficialmente, solicitado por España en 2012 contribuyó, según Draghi, al restablecimiento de la resistencia del sector bancario español.
El presidente del BCE recuerda que el instituto emisor y supervisor de la zona euro no participa en el proceso de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, incluyendo el ritmo óptimo de desinversión de entidades que necesitaron ayudas públicas.
“El BCE considera que el programa de asistencia financiera para España consiguió restablecer la resistencia del sector bancario español”, ha expuesto Draghi, subrayando que el papel del banco central en dichos programas es cooperar con la Comisión Europea, ofreciendo asesoramiento y análisis técnico a las autoridades que soliciten asistencia financiera e informando al grupo de trabajo del Eurogrupo y al Eurogrupo.
“Este fue asimismo el caso para el programa de ajuste financiero solicitado por el Gobierno de España en 2012”, apunta Draghi, añadiendo que el personal del BCE “no participó en la determinación de las necesidades de asistencia financiera de entidades de crédito específicas españolas”.
En cuanto al ritmo óptimo de privatización de entidades rescatadas (está pendiente la privatización de Bankia y de BMN, que el Ejecutivo estudia fusionar), el presidente del BCE recuerda que las condiciones y el calendario de una desinversión por el Gobierno español en relación con una entidad que se haya beneficiado de ayuda estatal están sujetos a las normas de la UE, por lo que su aplicación se inscribe en el ámbito de competencias de la CE y el BCE no participa en este proceso.
