BBVA alerta que elevar el SMI dificulta el acceso al empleo de colectivos vulnerables

Asegura que se crearán 920.000 puestos de trabajo en dos años Alerta de que EE UU y Europa se encaminan a una subida de tipos

"España aguanta mejor de lo previsto y eso nos permite revisar al alza las previsiones de crecimiento". Así anunció el responsable de análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, que el servicio de estudios eleva del 2,5% al 2,7% la estimación de crecimiento para España en 2017. La cifra supera también en dos décimas la proyección oficial del Gobierno.

La mejora se debe en buena medida a que la desaceleración prevista para finales de año fue menor de la prevista. Aun así, el PIB avanzará este año a un ritmo inferior del 3,2% registrado el año anterior. A pesar de la desaceleración, BBVA estima que entre 2017 y 2018, la economía española será capaz de crear 920.000 puestos de trabajo. Ello llevará la tasa de paro al 15,8% en 2018. Aun así, esta mejora no será suficiente para que a finales de 2018 el mercado laboral haya recuperado el nivel anterior a la crisis económica.

BBVA estima que el incremento del 8% del salario mínimo tendrá un impacto limitado sobre el crecimiento por el bajo peso que tiene este tipo de empleo sobre el mercado laboral. Aun así, Doménech alertó de que la subida del salario mínimo puede dificultar el acceso al empleo de ciertos colectivos más vulnerables como son las mujeres, jóvenes, extranjeros, trabajadores temporales, empleados a tiempo parcial y con bajo nivel educativo. En este sentido, recomienda vigilar este efecto negativo y contrarrestarlo con políticas activas de empleo eficientes.

¿Por qué España se desacelera? Uno de los principales motivos es el encarecimiento del precio del petróleo, que abandona los niveles tan bajos registrados en los últimos años. El efecto puede suponer unas tres décimas menos de crecimiento para este año y dos para el siguiente.

BBVA no quiso sumarse al alarmismo que generó el dato de inflación de enero, que avanzó un 3% en tasa interanual. La entidad financiera, en línea con las explicaciones del Ministerio de Economía, señala que el repunte es puntual y estima que el IPC se moverá en el 2,1% de media anual este año y en el 1,9% el próximo año. Ello refleja una cierta normalización de los precios tras ejercicios con tasas negativas de IPC. Aun así, BBVA alerta que el aumento de precios puede dañar la competitividad de España.

La entidad financiera insiste en la idea de vigilar los efectos de segunda ronda derivados de la inflación y que pueden conllevar un aumento de los costes laborales. Tradicionalmente, España ha sido un país inflacionista, donde los incrementos de precios generaba una suerte de efecto dominó que retroalimentaba la inflación. BBVA Research recomienda evitar que este escenario se reproduzca. Señala que las subidas salariales deben ligarse a la productividad.

El incremento de la inflación presionará también al Banco Central Europeo (BCE) para que reduzca paulatinamente su política expansiva. La entidad prevé una subida de los tipos oficiales el próximo ejercicio. La entidad financiera alerta que un cambio de la política monetaria, unido a la inflación, supone un riesgo para los hogares españoles, que aún está muy endeudados.

Entre los riesgos globales económicos figura en lugar destacado el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, el mayor temor es que la Casa Blanca inaugure una etapa de proteccionismo que dañaría el comercio internacional. Aun así, BBVA señala que aún existe una enorme incertidumbre sobre la políticas de Trump y el efecto combinado que puedan tener medidas anunciadas como una rebaja del impuesto sobre sociedades, un incremento de los aranceles y una mayor desregularización.

Para el caso particular de España, BBVA destaca que el real decreto de medidas fiscales aprobado en diciembre y que supuso un incremento del impuesto sobre sociedades "aumenta la desconfianza sobre la estabilidad de la política tributaria y, por tanto, podría afectar decisiones de inversión a largo plazo". En concreto, el Gobierno decidió en diciembre, a pocas semanas de cerrar el año, restringir aún más la posibilidad de compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y también obligó a las empresas a tributar por el deterioro de cartera deducido en el pasado, con independencia de si la inversión se hubiera o no recuperado.

Por otra parte, Doménech señaló que no existe evidencia de que el proceso independentista abierto en Cataluña esté dañando la economía catalana.