¿Puede convertirse Reino Unido en un paraíso fiscal?
Londres mantendrá vivos los acuerdos de intercambio fiscal pero se lanzará a rebajas en el Impuesto sobre Sociedades
La decisión de Reino Unido de abandonar la UE sigue generando incertidumbres sobre lo que será su relación con Bruselas, una vez que se vea libre de sus ataduras. La premier Theresa May ha dejado clara su intención de ir a fórmulas de “brexit duro”, es decir, salida rápida y sin solución intermedia que cercene la libertad de Londres, decisión que, no obstante, debe ser avalada aún por su Parlamento. May, en un ejercicio de ambigüedad calculada, apela, no obstante, a la responsabilidad para que no se produzcan “penalizaciones” por la UE en el camino iniciado tras el referéndum de 2016. Su ministro de Economía, Philip Hammond, ha insinuado la conversión en un paraíso fiscal. “El país no se rendirá; haremos lo que tengamos que hacer para seguir siendo competitivos”, asegura el político moderado, que votó en su día por la permanencia en la UE. ¿Puede convertirse Londres en una suerte de paraíso fiscal a la vieja usanza para defenderse de la supuesta venganza de las hordas comunitarias?
Lo primero es definir lo que se entiende por paraíso fiscal, ya que ni siquiera los miembros de la UE se ponen de acuerdo (a fecha de hoy, no hay una lista única) pese a los esfuerzos de la comunidad internacional. Si echamos mano del informe aprobado por la OCDE en 1998, tras años de disquisiciones, podemos determinar que un paraíso fiscal es una jurisdicción en la que concurren cuatro circunstancias: impuestos inexistentes o ineficaces, falta de un efectivo intercambio de información fiscal; ausencia de transparencia, y falta de actividad económica (el sector offshore es el dominante). Si tenemos en cuenta estos parámetros, Reino Unido se encuentra fuera de la denominación de paraíso fiscal. Bien diferente es la pléyade de Dependencias de la Corona británica (Islas Vírgenes, Guernsey, Jersey, Isla de Man, Caimán, Gibraltar…). Londres les tiene concedida plena autonomía fiscal. Ellas la utilizan para saltarse los acuerdos que firma la metrópoli, amparadas en el autogobierno. En ellas se encuentran afincadas miles de sociedades de todo el mundo, opacas al fisco.
¿Puede convertirse Londres en una suerte de paraíso fiscal a la vieja usanza para defenderse de la supuesta venganza de las hordas comunitarias?
Pese a todo, la relación de Reino Unido con sus Dependencias ha ido cambiando. Siguen contando con autonomía pero, poco a poco, están incluyéndose en los foros de transparencia en los que Londres participa. Así, en 2001, la OCDE determinó que el trabajo con los paraísos fiscales debía centrarse en la transparencia (tax rulings e identificación del beneficiario efectivo) y el intercambio de información bajo la fórmula del “previo requerimiento”. La OCDE aprobó un modelo para el trasvase de datos. La respuesta de las Dependencias fue positiva, pero la realidad demostró su lentitud a la hora de adaptar su legislación.
En 2009 se dio otro paso, en plena crisis financiera. Fue creado el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, que está llevando la evaluación del cumplimiento de los estándares sobre transparencia fiscal. El Foro lo integran ahora 131 países y jurisdicciones, incluido Reino Unido. En 2014, se dio otro empujón en la mejora de la transparencia fiscal. En Berlín, más de 50 países y jurisdicciones firmaron un nuevo acuerdo para el intercambio de información tributaria, que supone que este se haga de forma automática (sin necesidad de requerimiento previo) y multilateral (pueda ser aprovechado por todos los países a la vez). Va a entrar en vigor de forma gradual, entre este año y 2018. Ya hay más de 100 países y jurisdicciones que se han sumado, entre ellas, Reino Unido y gran parte de los territorios británicos opacos. Del mismo modo, éstas Dependencias han ido firmando pactos bilaterales para verse fuera de la lista negra de paraísos. Es el caso de España que suscribió en 2015 acuerdos de intercambio tributario con la Isla de Man, Jersey y Guernsey, aunque aún necesitan de ratificación parlamentaria.
Esta corriente de mayor transparencia fiscal seguirá reforzándose en los próximos años, a juicio de todos los expertos consultados. Y Reino Unido no dará marcha atrás. Entre otros asuntos porque necesita de esa mayor transparencia internacional para perseguir los miles de millones de libras que se le escapan por los defraudadores, la planificación fiscal agresiva de multinacionales y el desvío artificial de beneficios empresariales. En los últimos tres años, la Hacienda británica ha conseguido que grandes emporios acaben pagando más. Es el caso de Facebook (anunció en 2016 que facturará desde Reino Unido parte los ingresos declarados por su filial en Irlanda) o Google (acordó pagar 130 millones de libras por impuestos atrasados). Del mismo modo, ha abierto investigaciones a otros gigantes como Amazon (por sus ventas desde Luxemburgo) o Starbucks (con sede regional en Holanda).
Londres ya cuenta con un gravamen del 20% en su impuesto sobre sociedades, por debajo de países como España (25%) y tiene en mente colocarlo en el 17% en 2020. Sin embargo, aún le queda camino por recorrer hasta acercarse a Irlanda, la “bestia negra” tributaria
Además, los acuerdos suscritos por Reino Unido tienen carácter multilateral, más allá de lo estipulado por la UE. Así, el acuerdo de Berlín constituye un acuerdo administrativo internacional, con base legal en el artículo 6 del Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE. Del mismo modo, Reino Unido tiene suscritos otros acuerdos de intercambio fiscal, al margen de la UE, como el desarrollo del Fatca, con Estados Unidos. Ello permite a Londres el acceso a datos de titulares británicos de cuentas financieras con residencia en EE UU.
Otro asunto bien diferente al intercambio de información es la intención de Reino Unido de variar sus niveles tributarios. Si los avances en transparencia se van a seguir produciendo, también está asegurada la intención de May de dar un viraje a su política fiscal y elevar la competencia del país vía rebajas tributarias. Londres ya cuenta con un gravamen del 20% en su impuesto sobre sociedades, por debajo de países como España (25%) y tiene en mente colocarlo en el 17% en 2020. Sin embargo, aún le queda camino por recorrer hasta acercarse a Irlanda, la “bestia negra” tributaria, que atrae empresas con una tributación del 12,5%. La entrevista que mantendrán mañana May y el presidente de EE UU, Donald Trump, así lo pondrá en evidencia. Ambos países circulan por una nueva senda, la de potenciar sus mercados nacionales (sobre todo, el tejido industrial) con bajadas de impuestos y acuerdos bilaterales, lejos de ataduras de pactos multilaterales como los que pueda ofrecer la UE o la OMC.
El plan May no está exento de dificultades. La rebaja de impuestos deberá ser ordenada si se quiere atajar el déficit fiscal. Y Bruselas estará al quite de que no se produzcan “terremotos fiscales” antes del brexit. Además, se imponen otros inputs como la necesidad de mantener a la City como epicentro mundial de los servicios financieros. Todo un reto, que se afrontará, sin duda, con menores impuestos.
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