Tribuna

Energía limpia para todo

Con las nuevas normas, los precios deberán basarse en el mercado, eliminando las tarifas reguladas, aunque se puedan usar aún para los clientes vulnerables

Es indudable la existencia, desde hace unos años, de diferentes señales que permiten visionar un cambio en el actual modelo energético, establecido hace muchas décadas, y que viene claramente marcado por un vector, el cambio climático.

El cambio climático poco a poco está haciendo percibir a la sociedad la necesidad de cambiar el rumbo hacia una economía baja en carbono. Se está empezando a vincular el mismo, cada vez con más claridad, con el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y con las redes inteligentes en el sector de la energía, con el desarrollo del vehículo eléctrico y la movilidad eléctrica en el sector del transporte y con los consumidores como núcleo del cambio.

A mi modo de entender, en París se produjo un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. París fue el escenario de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) a finales de 2015, en la que se alcanzó un acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que se limitara el aumento de la temperatura global del planeta a menos de dos grados.

Este hecho, que aboca a una economía baja en carbono, unido a los problemas ya existentes en el sector energético abren la necesidad de llevar a cabo un debate constructivo sobre la transición energética en el sector, pues la transición hacia una energía limpia ha comenzado y es irreversible.

"Habrá que contar con las directrices que la Comisión Europea recientemente ha publicado bajo el denominado 'paquete de invierno'"

Es por ello que en esta legislatura que acaba de comenzar se tendrán que afrontar importantes retos regulativos si se quiere avanzar en el camino hacia la modernización de una economía baja en carbono, a la par que se mejora la competitividad y sostenibilidad del sector. Para ello necesariamente habrá que contar con las directrices que la Comisión Europea recientemente ha publicado bajo el denominado paquete de invierno, que contiene las propuestas normativas para desarrollar el mercado interior de la energía a través de una transición hacia una energía limpia que permita lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales en 2030, la reducción de emisiones de CO2 en un 40%.

Estas propuestas inician su andadura legislativa en Europa, tanto en el Parlamento como en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que puede durar un par de años hasta su aprobación definitiva. Sin embargo, es obvio que la propuesta de la Comisión es una clara y obligatoria referencia para la reflexión y el diálogo entre todos los agentes involucrados, incluidas las Administraciones, de forma que culminen en los adecuados desarrollos regulatorios en España.

Las principales claves de las propuestas de la Comisión Europea que habrá que considerar en el debate deben ser:

En primer lugar, la consagración de los objetivos generales en eficiencia energética del 30% en 2030, consumir mejor y más limpio. Dentro de ellos se debe considerar la mejora de la eficiencia en edificios y su renovación, la mejora del rendimiento energético de los productos, el ecodiseño y etiquetado energético, incluyendo la información al consumidor. Esto conllevará un impacto directo en la reducción de las facturas, de la dependencia energética exterior, e impulsará la economía, incrementará su competitividad y la creación de trabajos adicionales verdes.

Teniendo en cuenta todo ello, la eficiencia producirá una significativa contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual va de la mano de la segunda consideración a tener en cuenta, las energías renovables. Estas jugarán un papel preponderante en la citada transición al haberse fijado un objetivo del 27% de renovables en el consumo final de energía, lo cual indudablemente ayudará al compromiso de reducción de emisiones del 40% en 2030 en la Unión Europea.

La reducción de costes de ciertas tecnologías renovables, básicamente eólica y fotovoltaica, permitirá a los consumidores producir su propia energía renovable e inyectar los excedentes a la red cobrando por ello. Además, se afianzará su derecho a organizarse en comunidades de energía renovable, eso sí, con exigencias de pago de los peajes de acceso y cargos tanto para la compra como para la inyección de energía a las redes, y sin permitirse el balance neto, como ya señalaban los reguladores de energía europea (ACER) recientemente. Además, dada la intermitencia de estas fuentes de energía, se permitirán los mecanismos de capacidad (respaldo), basados en el mecanismo de mercado, con la posibilidad de participación de agentes transfronterizos y estableciendo claras restricciones para el uso de este mecanismo para generación eléctrica que supere los 550 g CO2/kWh (fundamentalmente carbón y fuel).

Para la industria renovable generará un marco con seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, al permitirse, entre otras cuestiones, marcos de apoyo competitivo con garantía de no retroactividad si hubiere cambios, lo cual eliminará incertidumbres para inversores y reducirá la carga administrativa y costes, permitiendo a su vez a los tecnólogos como Gamesa y a sus proveedores mantener el liderazgo. Además, todo ello permitirá crear empleos de calidad y reducir las importaciones de combustibles fósiles.

Por último, las propuestas de la UE consideran a los consumidores como el centro de la transición, pues las mismas necesitan ser justas con las partes afectadas. Como se indicaba, todos los consumidores tendrán el derecho a generar electricidad para su consumo, para almacenarla, compartirla o venderla al mercado, de forma que los hogares y empresas se involucren más en el sistema eléctrico y controlen mejor su consumo y respondan a las señales de precios. Con las nuevas normas de mercado, los precios de electricidad debieran basarse cada vez más en el mercado, es decir, eliminarse las tarifas reguladas. Eso sí, transitoriamente se podrán utilizar para los clientes vulnerables mientras se desarrollan políticas sociales de eficiencia energética dirigidas específicamente a esos colectivos.

Además, los consumidores tendrán acceso a nuevos servicios como la gestión de la demanda, que ayudarán a reducir sus facturas eléctricas, serán derechos pero no obligaciones, al respecto. Las nuevas normas incluirán medidas para garantizar que estén bien informados de los pros y los contras de los nuevos servicios.

Como se puede apreciar, el debate en el sector eléctrico será amplio e intenso en el próximo futuro, las pautas están encima de la mesa, ahora toca empezar con la reflexión regulatoria, con la participación de todos los agentes involucrados en el sector, que nos lleve a la adecuada transición.

Juan Ignacio Unda es exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

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