Tribuna

Por el desarrollo sostenible y contra la corrupción

La Agenda 2030 inte-pela los fundamentos del sistema económico que ha permitido progresar a parte del planeta

El 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, impulsado por la Asamblea de Naciones Unidas, que hace un año aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta contempla 17 grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desplegados en 169 medidas muy relacionadas y que abarcan los ámbitos económico, social y ambiental. Un plan de acción a favor de las personas y el planeta que puede verse seriamente amenazado por la lacra de la corrupción.

La corrupción es una amenaza directa contra los 90 billones de dólares en inversiones que el G20 calcula que entre 2015 y 2030 se requieren para infraestructuras que impulsen el crecimiento y desarrollo globales. Esta lacra no discrimina, e impacta igualmente en países ricos y pobres. Pero los que más sufren sus consecuencias son los más vulnerables, aquellos en los que la falta de controles y transparencia dejan un mayor espacio a las actuaciones corruptas.

La Agenda 2030 compromete a todos los Estados miembros a combatir la pobreza, hacer frente a la desigualdad y la exclusión social, a los efectos del cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. Este compromiso implica a todos los países, pues en cada uno de ellos –en diferentes grados e intensidades– existen problemas de desigualdades, injusticias sociales o efectos derivados del cambio climático.

Aún más. La agenda interpela los propios fundamentos del sistema económico que ha permitido a una parte del planeta progresar económicamente. Un sistema que debe repensarse y poner en tela de juicio los valores que en él han predominado, como la excesiva obsesión por los resultados inmediatos, el menosprecio de los riesgos y las consecuencias a largo plazo de la aplicación de un determinado modelo de crecimiento, o la permisividad con un grado de corrupción, que varía de unos países a otros.

"La corrupción es una amenaza contra los 90 billones de dólares que el G20 calcula que se requieren para infraestructuras que impulsen el crecimiento"

Frente a la corrupción solo cabe una contribución decidida y conjunta de los sectores público y privado. Sin esa unión, nos arriesgamos a que el crecimiento económico se ralentice y la prosperidad se obstaculice. El éxito de la Agenda 2030 y los ODS requiere la lucha activa contra la corrupción y los esfuerzos y el compromiso de la sociedad, las instituciones que la vertebran y todos los grupos de interés: ciudadanía, instituciones académicas, organizaciones empresariales, sindicales, empresas, profesionales, entre otros.

Aunque los ODS están correlacionados –avanzando en unos se conseguirán resultados en los demás–, desde la visión de los auditores creemos que podemos incidir en los más relacionados con el mundo económico y empresarial, aquellos vinculados al empleo digno y el crecimiento económico, la innovación y las infraestructuras, la industrialización inclusiva, la producción sostenible y el consumo responsable, o el fortalecimiento de las alianzas, sin olvidar los vinculados al respeto a los derechos humanos y sociales. Desde un punto de vista institucional, no podemos olvidar el objetivo 16, que se propone promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, reduciendo sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Los auditores, a través de iniciativas internacionales lideradas por la Federación Internacional de Auditores (IFAC) en colaboración con otras instituciones mundiales (Banco Mundial, FMI, OCDE, GRI, UNCTAD, Pacto Mundial NU...), y desde las corporaciones profesionales nacionales, venimos desarrollando distintas acciones. Se programan planes específicos de formación y se fortalece el conocimiento de los auditores en ámbitos como el medioambiental, social o de derechos humanos, para incrementar el nivel de sus capacidades analíticas y de investigación. También se implementan fuertes procesos de control interno en las instituciones para promover un fortalecimiento de su gobernanza, así como la mejora de sus sistemas de información para hacerlos más transparentes y efectivos, lo que permite una rendición de cuentas más eficiente.

Desde nuestra profesión, manifestamos nuestro compromiso permanente para desarrollar los objetivos de la Agenda 2030 y la lucha contra la corrupción, así como unir fuerzas con otras organizaciones que nos permitan alcanzar los propósitos anunciados de crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, ocupación productiva y trabajo decente, para fomentar la innovación y erradicar la corrupción.

Daniel Faura Llimós es presidente del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).

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