Tribuna

La ocasión de impulsar una política para innovar

Una cosa es que existan programas sectoriales y otra que los organismos clave no tengan una perspectiva más amplia para toda la economía y la sociedad

La coyuntura que abre la nueva legislatura es una buena ocasión para volver a insistir sobre la necesidad cada vez más urgente de impulsar una política que tenga en el punto de mira la innovación. Una necesidad sobradamente justificada por lo acontecido en los años recientes: fuertes recortes en los presupuestos públicos de I+D+i, caída en el gasto nacional en I+D sobre el PIB y descenso de los recursos empleados por las empresas para la innovación, entre otros hechos constatados. De ahí que volvamos a pedir un esfuerzo renovado para impulsar la innovación en la economía española como mecanismo básico de incremento de la productividad, la competitividad, y con ellas, de mejorar el bienestar de los españoles. La urgencia del tema se acentúa porque en la marejada política de este último año –campañas electorales incluidas– la innovación ha sido totalmente relegada.

Hagamos de la necesidad virtud y tratemos de hacer que el debate sobre la política para innovar tenga efectos más rápidos y generalizados. Prioritarios son los recursos que se deben dedicar al fomento y desarrollo de la innovación en todas sus facetas pues, si bien es verdad que solo con más recursos no se resuelven los muchos obstáculos con que cuenta la innovación en España, no es menos cierto que sin más recursos y mejor asignados no es posible cambiar el poco alentador panorama con que nos encontramos. Se trataría de más recursos públicos y privados, pero aquí nos referimos específicamente a los primeros, ya que son ellos los que pueden impulsarse directamente desde la administración pública.

Si quisiéramos llegar a que en el año 2026 los presupuestos de I+D+i dispusieran de los recursos que tuvieron en su año de mayor dotación (2009), su cuantía debería aumentar a una tasa anual acumulativa en valores reales del 4,2%. Si consideramos tan solo la partida más castigada de los recursos no financieros, el ritmo de crecimiento debería ser sustancialmente mayor: un 6% anual acumulativo durante diez años (…), si en la ecuación se incluyese un deseable intento de compensar algo del terreno perdido, los incrementos anuales deberían ser, lógicamente, más elevados. Y todo ello acompañado de medidas firmes para evitar que los niveles de ejecución de las correspondientes partidas no se queden en los preocupantes niveles de los últimos años, inferiores al 60%.

El segundo aspecto a considerar es la multipolaridad que presenta la creación y puesta en valor de innovaciones como motor económico. Una forma de visualizar este asunto es verle como un conjunto de elementos que se interactúan de forma circular y acumulativa: los factores que determinan cuántos y cómo son los agentes que innovan, los recursos que dedican y las estrategias que ponen en marcha, los complementos que necesitan del contorno (v.g. recursos financieros y formativos), los resultados que obtienen en su desempeño y las políticas que les sirven de apoyo. Pues bien, para dar un salto de calidad en la situación de la innovación, hay que mover el conjunto de estos elementos en la misma dirección; esto es lo que justifica nuestra idea de que deben ser políticas para innovar (que se refieren a todos los aspectos que directa o indirectamente inciden) y superar así las políticas clásicas de fomento de la innovación, destinadas principalmente a que los agentes generen más conocimiento innovador.

"En la marejada política de este último año –campañas electorales incluidas– la innovación ha sido totalmente relegada"

La multipolaridad exige un fuerte compromiso con la coordinación de las políticas, de manera que sea una realidad en poco tiempo y, no como hasta ahora, una propuesta genérica y con escaso contenido práctico. En este sentido, son tres los dinamismos a tener en cuenta: la coordinación entre departamentos de la administración central de manera que se sientan partícipes de un proyecto único y donde se eviten duplicidades y se aumenten las externalidades entre ellos. La coordinación entre las instituciones centrales y las comunidades autónomas. Y tercero, ambos procesos necesitan que las políticas para innovar se incardinen de manera nuclear en el centro mismo de las estructuras de gobierno, lo que se traduce en huir lo más posible de vincular las instituciones de innovación a ministerios o departamentos de tipo sectorial; una cosa es que existan programas de tipo sectorial, que son muy convenientes en múltiples ocasiones y otra que los organismos clave no tengan una perspectiva más amplia, de carácter transversal, para toda la economía y la sociedad. Por cierto, la coordinación que se pide precisa que los mecanismos u organismos que se diseñen se basen en capacidades ejecutivas y no solamente consultivas.

El esquema de políticas que se plantea debe basarse en los conceptos de sostenibilidad temporal, alejada de las fuertes perturbaciones a que nos tiene acostumbrada la política española, y suficiencia económica, a ser posible basada en compromisos presupuestarios plurianuales. En ambos casos, la existencia de un pacto de Estado para la innovación entre partidos políticos y fuerzas económicas y sociales sería más que deseable. ¿Será esto posible en el panorama que se abre en estos días? Por pedir que no quede.

José Molero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

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