Editorial

Una ley que no funciona

La legislación que regula los plazos de pago en España ha demostrado su incapacidad para meter en cintura la morosidad de las empresas. Aprobada en 2010, la Ley de Morosidad establece un máximo de 60 días para que las compañías paguen a sus proveedores, un límite que buena parte de ellas incumple clamorosamente. Los datos apuntan a que el plazo medio de pago actual es de 91 días, una cifra que se eleva a 109 en las grandes empresas.

Pese a que se ha observado una ligera mejora respecto al año pasado, los empresarios españoles pagan al mismo ritmo en que lo hacían en 2010, lo que significa que la recuperación económica no se ha traducido en una reducción de la morosidad. La explicación que se da a este lastre casi crónico, que ha condenado a muchas pequeñas empresas a la quiebra, tiene que ver con una cultura de negocio en la que el retraso en el pago es casi un uso comercial. También en este terreno existen dos Españas, aunque en ninguna de ellas se cumple con puntualidad el plazo legal. La Ley de Morosidad es una norma obligatoria que debe utilizarse y hacerse cumplir. Si no ha logrado el objetivo para el cual se promulgó habrá que concluir que o bien necesita una reforma o bien se está aplicando con una laxitud cuyos perjuicios acusan no solo las empresas, sino el conjunto de la economía.

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