Universidades competentes, universidades en competencia
Las facultades privadas, el descenso de la natalidad y la crisis han cambiado la educación superior española
Al hilo del reciente informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el caso de la Universidad San Jorge contra el Gobierno de Aragón, creo que merece la pena hacer una reflexión crítica y profunda que potencie y ayude a crear las condiciones para mejorar la competencia entre las universidades españolas. La competencia, como destaca la CNMC, traería abundantes beneficios y quizás mejoraría nuestras posiciones en los rankings internacionales: “La competencia ente universidades constituye el mejor mecanismo del que dispone una sociedad para conseguir que presten sus servicios con calidad y eficiencia, respondiendo de forma adecuada a la demanda, asegurando un ajuste eficiente entre oferta y demanda de habilidades y formación en el mercado laboral, e impulsando el crecimiento de la productividad, la innovación y el crecimiento económico”.
Cualquiera que conozca el sistema universitario español es consciente de que el ser dista mucho del deber ser. Nuestro sistema universitario se ha centrado más en sí mismo que en servir a la sociedad, ha potenciado los reinos de taifas, las más de las veces sufragados con dinero público, y se ha preocupado más del bienestar de sus servidores que del común. En los últimos años, no obstante, la universidad ha experimentado cambios notables, no solo por la irrupción de las universidades privadas en el panorama, sino también por el creciente descenso de la natalidad (que ya impacta de lleno en el acceso universitario) y la crisis económica, que ha supuesto recortes y ajustes en todos los operadores públicos y privados. Sin embargo, nuestro sistema, lejos de aprovechar la coyuntura para reflexionar y cambiar, se ha atrincherado esperando tiempos mejores sin aceptar de una vez por todas que la sana competencia trae beneficios directos para los usuarios o consumidores, desde luego, pero también para las instituciones que compiten, pues las obliga a mayor eficiencia y a la innovación constante.
Sabido es que, en España, el sector universitario es mixto (público y privado), si bien el peso de la universidad pública –por tradición histórica y volumen de recursos manejados– es muy superior. No hay duda en todo caso de que las universidades, todas, suponen un elemento esencial para promover el crecimiento económico, elevando de paso el bienestar de la sociedad en la que se insertan. Y es evidente que en aquellos sistemas en los que la competencia entre las universidades es más intensa, mayor calidad objetiva ha alcanzado el sistema y mayor es la contribución universitaria al tejido social. Los casos británico y norteamericano son paradigmáticos. Y tres son los ámbitos en los que las universidades compiten en aquellos países que deberían servirnos como ejemplo: tener los mejores profesores, los mejores estudiantes y los mayores recursos.
"Los centros privados pagan mejor que los públicos, pero en este país suele preferirse la seguridad de los segundos”
La competencia por los profesores, en nuestro país es casi inexistente. En el caso de las públicas, porque la condición de funcionario se adquiere para una universidad concreta limitando la movilidad de manera radical y porque, además, las estructuras salariales, al ser funcionariales, vienen tasadas y limitadas con muy poco margen de variación entre unas universidades y otras. Por no hablar de la tradicional endogamia que no siempre permite una selección verdadera en atención a criterios de mérito y capacidad. Y en las privadas, esta competencia que en principio es más abierta también está profundamente limitada, de un lado, porque el sistema público se blindó desde la propia legislación haciendo incompatible al profesorado de las universidades públicas con las universidades privadas, en una estrategia defensiva y claramente proteccionista; y de otro, porque la estructura de financiación del sistema penaliza a los estudiantes universitarios que eligen seguir sus estudios en una privada, lo que las convierte de facto en una opción minoritaria que debe aquilatar sus costes de personal para poder sobrevivir. Las universidades privadas pagan generalmente mejor que las públicas, pero en este país suele preferirse la seguridad de la función pública y el exceso, a día de hoy, no suele compensar la inseguridad de un régimen laboral.
La competencia por los alumnos igualmente se aprecia más en las universidades privadas que en las públicas, si bien con matices, y es que muchas de ellas se dejan llevar por la necesidad económica y no seleccionan a los mejores sino que, con más frecuencia de la deseable, son refugio de estudiantes mediocres (de los que por cierto tampoco están exentas las públicas). Las universidades públicas como grupo suelen considerar de facto que la selección es discriminatoria y, enarbolando la bandera del acceso universal, se limitan a poner una nota de corte. Con incapacidad legal de potenciar la matrícula de los mejores con incentivos económicos o de cualquier naturaleza, son pocos los estudiantes que verdaderamente son tentados por varias instituciones, acudiendo generalmente a la universidad que más cerca se ubica de su domicilio siempre que le dé la nota, sin fijarse en su calidad. Y es normal, habida cuenta que la medición de la calidad universitaria en este país ha sido siempre uno de los tabúes más sensibles, como demuestra el terror en el sector a los rankings o clasificaciones basadas en datos objetivos y la escasa transparencia en los datos que se hacen públicos para general conocimiento, lo que bien es verdad, poco a poco va cambiando para bien.
Finalmente, la competencia por los recursos es también casi inexistente. Las universidades públicas, que subsisten del presupuesto repartido generalmente en función del número de alumnos que atiende, tienen además auténticas dificultades para obtener y manejar recursos que provengan del sector privado, aunque lo han intentado a través de las más peregrinas y rocambolescas fórmulas jurídicas (fundaciones, empresas, spin-offs...) que tantas veces hemos visto acabar en fiasco, a lo que su parálisis decisional por sobredosis democrática tampoco ayuda. Por ello, el tan nacional criterio del café para todos ha sido la regla general en aquellas acciones extraordinarias de financiación en detrimento de la verdadera competencia (véanse como ejemplo los famosos campus de excelencia internacional). Por su parte, las universidades privadas, excluidas como están del subsidio a sus estudiantes y muchas veces incluso de las convocatorias de investigación en función de su naturaleza jurídica, recurren como fuente adicional de ingresos a patrocinio y mecenazgo que, por lo demás, en nuestro caso tiene poco arraigo y tradición.
"Son pocos los estudiantes tentados por varias instituciones, acudiendo a la más cercana a su domicilio"
Un sistema universitario en competencia es posible y nos atrevemos a decir que hasta deseable, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que podamos disfrutarlo. Apuntadas quedan las causas que hoy lo hacen imposible. Y las medidas normativas proteccionistas de la universidad pública como las emprendidas por diversas comunidades autónomas (el caso de Aragón al que se refiere el informe mencionado) nos alejan de esa tan necesaria competencia. Y lo peor es que con la crisis, su ejemplo se extiende por el territorio de manera alarmante.
Juan Cayón es rector de la Universidad Nebrija.