Objetivo prioritario: el empleo
Los impactos socioeconómicos derivados de la desaparición de la factoría de Ence para Galicia son muy altos Un informe de KPMG asegura que la contribución de la fábrica en Pontevedra alcanza al 20% del PIB provincial
Ahora que con elecciones y con pactos España se dispone a iniciar una nueva legislatura, cabe recordar que la variable económica básica es el empleo. Este es el tema que más influye en el bienestar general de cualquier población, que si está más y mejor ocupada podrá, al producir, también consumir y exportar, contribuir al Estado y a la Seguridad Social o a pagar deuda para ayudar al bienestar del resto de la ciudadanía, con instrumentos como las pensiones u otras prestaciones.
Pero frente a esa obviedad tendemos a olvidar que España, pese a la balbuciente recuperación iniciada en el año 2014, tiene hoy casi 1,8 millones menos de asalariados que cuando se inició la crisis a mediados del 2007, más del doble de parados y una deuda pública que del 33% del PIB ha pasado a más del 100%.
Las elecciones y los subsecuentes pactos políticos deberían ayudar a resolver estos problemas. Sin embargo, tras un periodo de inusitada actividad electoral, no parece que esto vaya a ocurrir, al menos de forma más o menos acelerada. Ni los programas electorales ni los contenidos explícitos de los pactos habidos aportan mucho en concreciones específicas para los problemas financieros de las pensiones o la persistente crisis del empleo o en las situaciones que en ellos influyen, como la reindustrialización o la política de servicios, ya que son muy poco explícitos o nada concretos.
E incluso, algunas de las concreciones anticipadas para el conjunto de España son poco esperanzadoras para resolver estos problemas u otros muy directamente vinculados a los mismos, como la creciente desigualdad o la pobreza. Ni siquiera ocurre en las zonas más acuciadas por ellos, como es el caso de Galicia, donde parece que hasta ahora las fuerzas políticas se han centrado más en cuestiones baladíes, cual la de si Rajoy es grato o non grato para algún ayuntamiento. Favoreciendo así una cierta banalización de la política y de la situación de la economía regional y/o nacional. Y, no obstante, detrás de cada una de esas banalidades subyace siempre alguna cuestión económica de cierta envergadura. Es el caso que hace referencia a la prórroga dada por el Gobierno en funciones a la factoría de la empresa Ence, en Pontevedra, para continuar con su actividad, que inspiró declaración de non grato, ocultando el necesario y riguroso debate sobre la revisión del emplazamiento de esa fábrica.
Frente a lo banal o simplificador de ese debate, poco o nada se dice por ejemplo de cómo reconstruir el empleo y asegurar con ello el bienestar de la población actual y futura, elemento clave para el sostenimiento de las correspondientes pensiones. En la Galicia previa al periodo electoral de 2016, como en el conjunto de España, el paro estimado por la EPA es también más del doble que el del segundo trimestre del 2007, al comenzar la Gran Recesión. Pero el Ayuntamiento de Pontevedra –curiosamente el menos transparente de los grandes ayuntamientos gallegos, según el índice de Transparencia Internacional– pone en riesgo la continuidad de una planta industrial de singular proyección económica para la región a cambio, eso sí, de convertir el traslado de Ence en el principal tema electoral, lo que, al parecer, le ha servido al actual alcalde para superar en las últimas elecciones municipales las cotas alcanzadas en sus dos mandatos anteriores. Alargando, además, la controversia al ámbito nacional, para implicar a otras fuerzas políticas en el compromiso del traslado de dicha factoría desde la ría de Pontevedra a no se sabe dónde.
Pero, en realidad, ¿qué consecuencias tendría el traslado de la factoría? Nadie las plantea con rigor. Un informe de KPMG asegura que la contribución de la fábrica de Ence en Pontevedra alcanza al 20% del PIB provincial y más de 10.000 empleos directos e indirectos en toda Galicia, donde el empleo asalariado privado sumaba el segundo trimestre de 2016, 626.400 personas, 100.00 empleos menos que en el mismo trimestre del año 2007. Obviamente, con esa merma indirecta de recaudación fiscal en territorio gallego, que según nuestras estimaciones sería incluso mayor porque dichas aportaciones al PIB y al empleo están subestimadas, ¿quién pagaría los casi 1.500 millones de euros que, según los expertos, costaría cambiar de emplazamiento la planta? Como la empresa dice que en ese caso tendría mayor atractivo Brasil u otros países, deberían ser mayoritariamente los impuestos de los gallegos y el resto de españoles, pero nada de esto se dice en los programas electorales y en los pactos poselecciones.
Otras preguntas alternativas muy pertinentes pero no respondidas por dichos programas hacen referencia a quién compensaría los numerosos empleos de autónomos agrarios gallegos ocupados en plantar, cuidar y luego trasladar sus árboles a la factoría de Ence, que fue creada en la autarquía franquista con gran contaminación de la ría, pero que tras la privatización y ulterior reconversión tecnológica se han reducido de manera extraordinaria, estando incluso a punto de lograr una integración paisajística y con el sector turístico mucho más plena que la alcanzada por la industria papelera de otras comunidades más ricas, que no han tenido que enfrentarse a fenómenos reivindicativos de la magnitud alcanzada en el caso gallego.
Los defensores de ese complejo traslado de la factoría de Ence plantean recuperar los 600.000 metros de Lourizan, ocupados en la ría de Pontevedra, con proyectos urbanísticos más afines al turismo, pero se olvidan de que hoy la mínima contaminación lograda por la reconversión tecnológica aplicada en la misma permite a las playas cercanas tener permanentemente bandera azul, así como actividades de marisqueo. Por eso las cofradías de mariscadores se han sumado a los sindicatos UGT y CC OO en defensa del empleo y contra el traslado de esta factoría. Al parecer, aquellos también ignoran que para recuperar la zona totalmente para el turismo habría que levantar la autovía que circula actualmente entre la fábrica y el mar, vía que resulta imprescindible para que el puerto de Marín (segundo gallego en tráfico pesquero tras Vigo) no quede aislado del interior del continente, lo que, a su vez, supondría indudables riesgos para la actividad del sector pesquero, transportista y comercial de esta zona. ¿Quién cargaría con esas mermas de empleo e impuestos o con esos cientos de millones de euros necesarios, adicionales a los citados 1.500, para trasladar o sumergir la citada autopista?
Los impactos socioeconómicos derivados de la desaparición de la factoría de Ence para Galicia serían incluso mayores. Además de la pérdida de producción, altamente competitiva, de pasta de papel, tanto como para cubrir el 15% de la demanda de toda Europa, la empresa tiene en marcha el desarrollo de producción eléctrica, acudiendo al aprovechamiento de la riqueza forestal gallega, con un gran potencial de biomasa, la tecnología energética más intensiva en empleo y, por tanto, con mayores multiplicadores fiscales. Paradójicamente, es esta forma de energía la más castigada por la reforma contra las renovables que impuso el exministro Soria antes de cesar por el escándalo de Panamá.
A mi modo de ver, cambiar una industria con gran capacidad de atracción de actividad y empleo de calidad por proyectos de recalificación urbanística de los terrenos recuperados a Ence no parece una inteligente operación socioeconómica, en la perspectiva del desarrollo sostenible.
Santos M. Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid
