Una agenda para la evaluación de políticas en España
Hay organismos competentes en la fiscaliza-ción de las cuentas o el control del fraude, pero evaluar no es esto
La crisis económica unida a las restricciones presupuestarias ha supuesto un aumento de la concienciación sobre la necesidad de ejercer un buen uso de los recursos públicos. La evaluación de las políticas públicas se dedica a medir de forma rigurosa los efectos de las intervenciones de los poderes públicos. Esta disciplina es aplicable a prácticamente cualquier actividad gubernamental y para ello cuenta con diferentes herramientas. Así, la evaluación de las necesidades permite averiguar en qué medida las políticas satisfacen las necesidades de las personas; la evaluación del diseño tiene como finalidad conocer si las políticas responden a los objetivos planteados de antemano; la de la implementación, conocer si una política una vez puesta en marcha funciona, estudiando los factores que contribuyen a ello; la de la efectividad identifica en qué grado una política logra sus objetivos y la evaluación de impacto se plantea cuantificar estos efectos, expresados en cantidades monetarias en el caso de la evaluación económica.
Cuando la actuación de los poderes públicos se encuentra cuestionada, la evaluación de políticas que proporciona evidencia a partir de relacionar los objetivos de las mismas con sus resultados adquiere una relevancia extraordinaria y presenta una gran potencialidad en cuanto a perspectivas de futuro. Por ello es preciso preguntarse en este sentido, ¿cuál es la importancia que se otorga hoy en día a la evaluación por parte de los poderes públicos en nuestro país?
En España, al contrario de otros países, la evaluación de las políticas pública se encuentra escasamente implantada y se pueden identificar diferentes causas a tal nivel de desarrollo.
En primer lugar por aspectos relacionados con la materia prima de la evaluación; en concreto la falta de datos, sistematización o su escasa calidad son obstáculos para poder implementar cualquier evaluación rigurosa.
"Se confunde a menudo evaluación con control de la legalidad del gasto, aunque son dos conceptos muy diferentes"
En segundo lugar, por falta de profesionales con habilidades para la evaluación. Un estudio realizado en Cataluña muestra que se puede obtener el grado de Economía y de Ciencias Políticas en cualquier universidad pública de esta comunidad sin la obligatoriedad de cursar una sola asignatura relacionada con la evaluación de políticas públicas; asimismo, los conocimientos en evaluación no son hoy un requerimiento para formar parte de la función pública en nuestro país.
En tercer lugar, en aquellos pocos casos donde se realizan evaluaciones, los responsables de los programas públicos no perciben la necesidad de la evaluación como parte de la planificación y ejecución de estos programas, sino como un freno a la rápida implementación de los mismos dando por supuesto que son los mejores posibles sin la aportación de evidencia ninguna de su idoneidad.
En cuarto lugar, a menudo las propias administraciones se refieren a la necesidad de la evaluación de forma retórica, pero en la práctica tienden a olvidarse que la evaluación tiene unos costes en tiempo, recursos económicos y materiales.
Se confunde a menudo evaluación con control de la legalidad del gasto, aunque son dos conceptos muy diferentes. Hay organismos competentes en la fiscalización de las cuentas o el control del fraude, pero evaluar no es esto, sino conocer el impacto real de la política pública en cuestión, separándolo de aquellos efectos que podrían haberse producido por otros motivos.
Otra confusión frecuente consiste en dejar para después la evaluación de los resultados de la acción o programa implementado. La magnitud del error se detecta rápidamente al ver que no se habían previsto las medidas de recolección de datos y cálculo de indicadores, etc.
Toda evaluación requiere una cierta planificación que debería iniciarse en muchos casos al inicio de la política para poder articular los sistemas de información necesarios para evaluaciones futuras, lo que raramente sucede.
Todos estos obstáculos dificultan la puesta en marcha de la evaluación para la toma de decisiones públicas. Para superarlos, es necesario, en primer lugar, ser consciente de su existencia; además, hay una serie de medidas a adoptar por parte de las administraciones públicas que pueden contribuir a que la evaluación pase a formar parte de las agendas de las administraciones.
Las administraciones que quieran incorporar la evaluación como prioridad deben realizar una agenda sistemática de evaluaciones; ello haría que los programas se diseñaran desde su inicio pensando en que van a ser evaluados y obligaría establecer desde sistemas de información y procesos adecuados para ello.
"El objetivo es mejorar los procesos de asignación de recursos, la transparencia y el control democrático"
Asimismo, las administraciones públicas deben pensar en qué lugar de la organización van a situar la evaluación; es lo que se llama diseño institucional de la evaluación. Todo diseño en este sentido debe tener en cuenta el organigrama formal y también la estructura de incentivos existente en la organización.
Es importante que las administraciones puedan tejer una red de alianzas con otras organizaciones que estén en su misma situación de querer implantar la evaluación y también con el mundo académico, que es donde se concentra el conocimiento y expertise en materia de evaluación de políticas públicas.
Tal y como se ha dicho anteriormente, es importante diseñar sistemas de información que permitan generar aquellos datos que luego serán necesarios para la evaluación.
En cualquier caso, es relevante aprovechar cualquier oportunidad que se presente para evaluar empezando, si acaso, con una política de reducidas dimensiones, intentar que se tengan en cuenta el resultado de la evaluación para rediseñar la propia política. Ello es crucial para lograr una cierta cultura de la evaluación en la organización y a partir de ahí ir escalando hacia una evaluación más sistematizada si cabe.
La evaluación tiene como objetivo mejorar los procesos de asignación de recursos, la transparencia y el control democrático y con ello contribuir a restablecer la confianza entre ciudadanía y poderes públicos. Por todo ello, tan solo se puede afirmar que cualquier esfuerzo hacia esta dirección será intenso, aunque sus beneficios infinitamente mayores.
Marc Balaguer es director de Ivàlua. Frederic Udina es presidente del consejo rector de Ivàlua.