Retos del nuevo Gobierno

La lucha contra el déficit, la promesa más incumplida de la historia

La lucha contra el déficit, la promesa más incumplida de la historia

Será uno de los mantras que machaconamente oiremos durante toda la legislatura. La lucha contra el déficit es, desde que estalló la burbuja inmobiliaria y se desencadenó la crisis, uno de los dolores de cabeza, junto al paro, sobre el que más se ha escrito, más se ha teorizado y más políticas efectivas se han aplicado para contenerlo.

Dependiendo de la combinación política que salga victoriosa de las negociaciones para formar Gobierno, las fórmulas son variadas, aunque siempre con la vigilancia de Bruselas, que no está muy por la labor de facilitar la misión, a la luz de las últimas decisiones en el sentido de que prorrogar el plazo a España para lograr sus eternos objetivos es imposible.

En fin, sea como sea, se fije el plazo actual, uno nuevo u otro posterior, la combinación de partidos que formen la alianza para gobernar los próximos cuatro años tendrá que legislar con ese límite, con ese objetivo, hasta ahora inalcanzable, si no quiere ver cómo desde la capital de la Comisión Europea llegan más palos que rosas.

El déficit de las Administraciones públicas de España se situó el año pasado en el 5% del producto interior bruto (PIB) sin tener en cuenta las ayudas a la banca, que no se incluyen en el procedimiento sancionador por déficit excesivo, según los datos de Eurostat.

Al incluir las ayudas a la banca, que suman una décima, el déficit se situó en el 5,1% del PIB, el segundo desvío más importante de la Unión Europea, solo superado por Grecia (-7,2%) y por delante de Portugal y Reino Unido(-4,4%), Francia (que registró el -3,5%), Croacia (-3,2%) y Eslovaquia (-3%).

La Airef seha atrevido a decir que el ‘emperador está desnudo’. Ha asegurado que “en ningún escenario previsible cabe esperar que España cumpla el objetivo”

Pero el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy tuvo de inmediato una explicación para justificar semejante desvío. El Ejecutivo afirmó a finales del mes de abril que la baja inflación que ha registrado España en los últimos años ha dificultado el cumplimiento del objetivo de déficit. De hecho, el Programa de Estabilidad 2016-2019 remitido a Bruselas defiende esa tesis. Así, aseguró que el déficit público de 2015 hubiera sido siete décimas inferior si “la inflación hubiera coincidido con las previsiones de la Comisión Europea publicadas en 2013, año en el que fijó el objetivo de déficit para 2015 en el 4,2% del PIB”.

Los números rojos el año pasado alcanzaron el 5% del PIB y, por lo tanto, Hacienda señaló que si la inflación hubiera avanzado según el ritmo previsto, el desfase se habría reducido hasta el 4,3% del PIB.

La OCDE reclama flexibilidad, lo mismo que se pidió a principios de la crisis y nadie estaba dispuesto a conceder

A la ola de pesimismo sobre el grado real o potencial de cumplimiento de España de sus compromisos de déficit se unió hace poco un diagnóstico demoledor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que se atrevió a decir que no es previsible que España cumpla el objetivo de déficit si no se acometen medidas adicionales. De confirmarse que Bruselas permitirá que este año el desequilibrio se quede en el 3,6%, algo todavía por ver y que todos los partidos políticos, excepto el PP, ya han anunciado que tratarán de renegociar con las autoridades comunitarias, el esfuerzo que habrá de realizar el nuevo Ejecutivo no es baladí. Consciente de ello, la Airef entiende que España cerrará este año con el déficit todavía en el 4%, un desvío incluso mayor al registrado en 2015.

En una suerte de mito de Sísifo –el hombre condenado por los dioses del Olimpo a arrastrar una piedra de descomunales dimensiones todos los días hasta la cumbre de una montaña que luego volvía a caer–, la lucha contra el déficit en España parece no tener nunca ni fin, ni éxito, ni meta, ni instrumentos políticos suficientes para lograr un consenso entre todos, Gobierno, autonomías y ayuntamientos, para acabar de una vez con esta espada de Damocles que pende sobre la estabilidad de la economía y de la posibilidad de financiarla de forma estable y sostenida.

Cada ejercicio se sigue la misma pauta. Se fija un objetivo anual de déficit público, el Gobierno de turno dice que se cumplirá y en marzo del ejercicio siguiente se anuncia una desviación. España lleva años incumpliendo el objetivo de déficit y 2016 no será distinto.

Sin embargo, ahora se produce una novedad respecto a ejercicios anteriores. Además, en la campaña de esta repetición electoral el déficit y las políticas que se han aplicado en los últimos años para combatirlo han centrado buena parte del debate económico. Frente a quienes defienden que la estabilidad presupuestaria debe ser la guía sobre la que asentar el resto de políticas para conseguir generar crecimiento y empleo, existe otra corriente que defiende que las medidas en favor de la austeridad no han tenido los efectos deseados.

A la espera de qué rumbo adoptará el nuevo Gobierno en este sentido, lo cierto es que los reiterados incumplimientos pueden costar dinero, y mucho. Europa no va a tener más remedio que multar tanta incompetencia y ya ha advertido de que “solo en el caso de que un país se encuentre ante una crisis económica inesperada” se podría renunciar a tales sanciones, según publicó recientemente Der Spiegel, citando como fuente un informe del Consejo Jurídico de la Comisión Europea.

“No hay posibilidad jurídica de cerrar los ojos”, según Der Spiegel, que adjudicó la contundencia de esta expresión a un funcionario comunitario no identificado. Una decisión para dictar eventuales sanciones debe ser adoptada por mayoría cualificada de los Estados miembros y compete a la Comisión Europea hacer la recomendación al respecto, recuerda, asimismo, el semanario.
Der Spiegel apuntó, por otro lado, a las críticas cosechadas por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por supuesta parcialidad en la aplicación de los mecanismos previstos, en beneficio, por ejemplo, de Francia, que lejos de cumplirlo, anunciaron públicamente que se apartarían del rigor fiscal a raíz de los atentados yihadistas en París. Su inmediata reacción de bombardear y perseguir a los responsables ideológicos de los asesinos les llevó a advertir públicamente de que dejarían todo en un segundo plano. Que su único objetivo era salvaguardar su seguridad y no escatimarían medios para lograrlo.

En todo caso, otra corriente de opinión explica que “si las reglas no son correctas, hay que cambiarlas, en lugar de vulnerarlas continuamente”. “El presidente de la Comisión no puede dejar sin efecto los acuerdos vigentes”, consideró públicamente a principios de este mes el ministro de Finanzas de Baviera, Markus Söder. La Comisión decidió finalmente posponer hasta julio su decisión sobre el incumplimiento de los compromisos de déficit de España y Portugal.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) exige a los países mantener su déficit por debajo del 3% del PIB, de modo que, si lo superan, se les asignan unos objetivos anuales de reducción del desvío que deben ir cumpliendo, so pena de ser sancionados con una multa equivalente al 0,2% del PIB.

Sin embargo, otro de los oráculos internacionales, respetado por su aparente infalibilidad, da una receta completamente distinta para que Europa en general y España en particular puedan reducir su déficit y deuda.

Una opinión divergente de la machacona idea de la tecnocracia europea de recortar gasto a toda costa la puso encima de la mesa un organismo nada sospechoso de populismo extremista: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el organismo que engloba a los 37 países más desarrollados del mundo.

  • Flexibilidad

En un informe publicado a principios del mes de junio y dedicado a la economía en la zona euro, aseguró: “En el contexto actual de recuperación lenta, los países deberían utilizar la flexibilidad autorizada (...) para ralentizar o suspender temporalmente sus esfuerzos de saneamiento y, si el Pacto de Estabilidad ofrece suficiente margen, adoptar una orientación expansionista”. En una suerte de la teoría de la física que asegura que toda acción produce una reacción, desmonta de un plumazo la doctrina revelada y se atreve a dudar.

El organismo precisa que se trataría de ampliar los plazos de reducción del déficit más allá de lo marcado por las autoridades comunitarias en los países que llevan a cabo “reformas de gran amplitud” en el terreno fiscal y en la orientación del gasto para partidas que “mejoren el crecimiento potencial y la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas”.

La receta de la OCDE no es novedosa, casi nada lo es en economía, y ya se ha probado en la Unión Europea. De nuevo Francia lo puso en marcha ante su incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit. En 2013, el desfase era del 4,1% del PIB y el siguiente hito estaba marcado en el 3,8% para 2014. Pero no se ajustó; por contra, se incrementó hasta el 4,4%, evidentemente lejos del 3% marcado para 2015. La tozuda realidad obligó a los franceses a pedir otro periodo extraordinario de dos años para bajar el desfase en el próximo ejercicio de 2017. Era la tercera petición de parar el reloj en siete años. Algo que ni siquiera se le ha aplicado a otros países como Grecia, pese a encontrarse en una situación mucho peor, con un retroceso continuado del producto interior bruto desde 2008.

Para España recomienda la misma receta. Pese a que la actividad y el empleo están creciendo a tasas del 3%, la posibilidad improbable de rebajar el déficit parece haber convencido a la Comisión de la necesidad de concederle un año adicional en la senda de consolidación fiscal, de tal modo que el desfase entre gastos e ingresos bajará del 3% a finales de 2017. Unos objetivos que parecen demasiado exigentes y que podrían llevar al futuro Ejecutivo a reclamar una nueva prórroga.