Editorial

Reducir el déficit y poner la deuda bajo control

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

El Estado (con las comunidades, los ayuntamientos y la Seguridad Social) debe ya 1,096 billones de euros y supera la barrera crítica del 100% del producto interior bruto (1,089). Ya lo hizo puntualmente en el segundo trimestre de 2015, aunque cerró el ejercicio por debajo del umbral psicológico, algo que podría ocurrir también este año de cumplirse las previsiones del Gobierno sobre las cuentas públicas. En teoría, las proyecciones de deuda pública que manejaba la Administración descartaba tocar el 100%; pero hay que admitir que una simple desviación en el déficit de 2015, por el que incluso las autoridades comunitarias podrían multar a España, supone casi 11.000 millones más de deuda, los suficientes como para superar ahora el PIB anual. Y nada garantiza que este año, también electoral, la desviación no se consolide, pese a que el Gobierno ya ha aprobado recortes y ha exigido una réplica de los mismos a las comunidades autónomas.

Deber 1,096 billones de euros, nada menos que 24.000 euros cada español, es un drama solo relativo. Hay que tener en cuenta que las condiciones de financiación en las que esta deuda está emitida son las más relajadas de la historia y que la factura en términos de PIB se reduce continuamente, además de que la duración de la hipoteca es cada vez más dilatada, puesto que la vida media de los títulos del Tesoro (incluso los emitidos para financiar las debilidades de las comunidades autónomas) es cada vez más alta. Ahora es superior a seis años, y una ratio de deuda de seis veces ventas ya la quisieran para sí muchas empresas. Pero el riesgo está en la tendencia del endeudamiento. Es cierto que se ha frenado mucho en los dos últimos ejercicios, tras haber crecido a un ritmo de unos 10.000 millones de euros al mes (un punto de PIB) en los cinco primeros años de la crisis. Pero España tiene que enviar señales claras a los mercados de que el 100% del PIB es el techo de la variable, y que a partir de ahora, con una combinación rigurosa de crecimiento económico (PIB nominal) y de control del gasto público, para que el déficit anual sea inferior al crecimiento del producto nominal, marcará una tendencia muy explícita de reducción de la deuda.

El Gobierno actual tiene buen expediente en materia de control del déficit, pese al borrón del año pasado, que entre otras cosas está provocando nuevas peticiones de ajuste por parte de la Comisión Europea. Y sea cual sea el Gobierno que salga de las urnas en junio, debe mantenerse la política de rigor fiscal para que la financiación tanto del Estado como de la economía privada esté asegurada a precios asequibles. Cuando los financiadores de la economía desconfían de un elevado y creciente nivel de pasivos, comienzan a exigir tipos de interés más altos, y para financiar gasto público improductivo acaparan recursos que precisa el sector privado para fortalecer el crecimiento, en un fenómeno conocido como efecto crowding out. Ese umbral del riesgo está en niveles diferentes para cada economía, dependiendo de la estructura de su modelo productivo, de la fortaleza de sus finanzas públicas, de la flexibilidad de sus mercados y del crecimiento potencial que proporcionan. En el caso español no estamos lejos de tocar ese umbral de la desconfianza, y debe ser evitado en todo caso.

Bruselas acaba de proporcionar a España una nueva prórroga para reducir el déficit fiscal hasta el 3% del PIB y poder abandonar así la vigilancia presupuestaria. Era una petición generalizada tanto del Gobierno como de los partidos políticos que aspiran a formar Gobierno desde junio, que en algunos casos llegaba hasta dos años adicionales de margen. El concedido será de solo un año más, hasta 2017, pero para llevar el desequilibrio fiscal hasta el 2,5% del PIB, en vez del 2,9% que plantea el Programa de Estabilidad de España. Para lograrlo, según de Bruselas, España debe hacer un ajuste adicional de cerca de 8.000 millones de euros entre este año, en el que el Presupuesto está aprobado y hay Gobierno en funciones, y el que viene. Los esfuerzos adicionales solicitados, que son obligados a cambio de la clemencia de Bruselas, deben venir de nuevos recortes de gasto, puesto que siguen existiendo nichos presupuestarios improductivos que deben ser corregidos. Lo que no puede hacer ni este Ejecutivo ni el futuro es echar mano de alzas adicionales de impuestos.