Menos fondos para las regiones, pero mejor repartidos

Todas las autonomías expresaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera su rechazo al actual sistema de financiación autonómica, que, en su opinión, reparte menos recursos de los que les corresponden y muestra diferencias elevadas en la financiación por habitante. El Ejecutivo en funciones ha prometido que será uno de los proyectos legislativos que retomará en el caso de que salga elegido en las urnas, si finalmente hay nuevas elecciones el 26 de junio.

Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares recibirían más dinero que en la actualidad

A la espera de que finalmente se produzca o no esa reforma, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor del Instituto de Análisis Económico (CSIC), planteó ayer un nuevo modelo con cambios tanto en los ingresos como en los gastos del sistema. El hecho de que la propuesta la firme De La Fuente es relevante, ya que fue uno de los tres economistas escogidos por Cristóbal Montoro para la elaboración de un informe sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas (lo que aportan y reciben de la solidaridad del resto de regiones).

El estudio propone pasar del actual sistema de cesión de impuestos (las autonomías reciben el 50% del IRPFy del IVA y el 58% de lo que recauda el Estado por impuestos especiales) a otro en el que el porcentaje del IRPF se mantenga intacto y se creen dos tramos independientes para cada uno de los otros dos tributos (IVA e Impuestos Especiales) con capacidad normativa plena para las autonomías. Todo lo que se recaudara iría a un fondo básico de financiación que, a diferencial del actual sistema, no contaría con la aportación estatal. “De esta forma, las comunidades tendrían las herramientas adecuadas para obtener los recursos necesarios para mantener los niveles de provisión de los servicios públicos de su competencia que consideren deseables, pero tendrían que asumir el coste político de pedírselos a sus ciudadanos en vez de al Gobierno Central”. De la Fuente señala que esta novedad plantea dos dificultades. “La primera es de carácter legal, puesto que no está claro en qué órgano podría o debería tomarse tal decisión colegiada”. Una posibilidad, tal y como propone, sería una mayoría cualificada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en una votación de la que quedaría excluido el Ejecutivo central. “Pero hay dudas de que esta solución respete la exigencia constitucional de que los tributos se establezcan por ley”, recalca.

El segundo problema es lograr consenso en las subidas o bajadas de esos tributos para evitar la batalla fiscal que se produce en la actualidad, por ejemplo, en la imposición a los hidrocarburos, con diferencias de precios del 8%.

Con este nuevo sistema y una nueva ponderación de los gastos, en los que se eleva el peso de la población protegida equivalente (liga los habitantes al coste sanitario que produce) y de la población de menos de 18 años, el resultado final es que las autonomías recibirán 2.123 euros por habitante frente a los 2.138 del actual sistema, quince euros menos. Del nuevo reparto tan solo cinco autonomías quedarían por encima de la media: Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares y Cantabria, y solo las cuatro primeras recibirían más fondos por habitante que en la actualidad. Las restantes (no están País Vasco y Navarra) salen perdiendo. Entre las más damnificadas estarían las cuatro que más fondos reciben actualmente (Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León). Cantabria pasaría de 2.780 a 2.123 euros por habitante (657 menos);La Rioja, de 2.562 a 2.121 (441 menos);Extremadura, de 2.405 a 2.062 (343 menos) y Castilla y León, de 2.312 a 2.100 euros por habitantes (212 menos).