Investigación

Bruselas cuestiona los mecanismos de compensación en el sector eléctrico

Bruselas / Madrid
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. EFE

La Comisión Europea dio el miércoles por terminada la primera fase de su investigación sobre los incentivos al sector eléctrico a cambio de garantizar el suministro. Bruselas concluye que el fallido diseño de muchos de esos mecanismos supone una compensación excesiva. Y coloca a España en el punto de mira como uno de los países donde esas ayudas deEstado encubiertas son más elevadas.

Sin análisis previo ni estudio de la demanda

En un año de investigación, el departamento de Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, ha cursado más de 200 cuestionarios a organismos públicos, reguladores y compañías para descifrar las causas del sospechoso aumento de los incentivos a la inversión en generación eléctrica. Y tras recibir y analizar 124 respuestas, Vestager ha concluido que la mayoría de los 28 mecanismos investigados no responden a una necesidad demostrada.

“En muchos casos, se han diseñado sin evaluar previamente si existía un problema de seguridad de suministro”, lamenta el equipo de Vestager. Rara vez permiten los Gobiernos que participen en el mecanismo operadores de otro país. Y salvo contadas excepciones, la remuneración se fija de manera arbitraria.

España incurre en esas faltas, según detalla la CE.El incentivos a la inversión (vigente desde 1997), por ejemplo, incluye una metodología para calcular el precio de la electricidad que nunca se ha utilizado. La retribución se fija en base a una decisión administrativa. El incentivo se mantiene a pesar de la caída de la demanda y la CE apunta como ejemplo, una central a gas autorizada en 2013 y que recibirá ayudas durante 20 años.

En el mecanismo de interrumpibilidad, se sobreestimó la capacidad necesaria y no se ha corregido a pesar de la caída de la demanda. En 2015 se llevó a cabo una oferta que, en lugar de abaratar el coste del servicio, casi agotó los 550 millones presupuestados.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, publicó ayer el informe provisional sobre su investigación en 11 países de los llamados mecanismos de capacidad en el sector eléctrico, un sistema que remunera a ciertas compañías por mantener u ofrecer su capacidad de generación y que pagan los consumidores en la factura eléctrica. España, según el documento, no solo es el país que más utiliza ese tipo de mecanismos (cuatro en total), sino que, además, recurre a uno de los modelos (pagos por capacidad específica) potencialmente más dañinos “por el riesgo de compensar en exceso a los proveedores de capacidad”.

La Comisión Europea ha advertido que utilizará el informe de hoy para evaluar los mecanismos en base a la normativa de ayudas de Estado, lo que podría llevar a la exigencia de devolución de ciertas retribuciones. El departamento de Vestager también ha anunciado su intención de aprovechar el informe “para elaborar propuestas legislativas” encaminadas a “un nuevo diseño del mercado de la electricidad”.

La investigación se inició en abril de 2015, ante la sospecha de que la proliferación de mecanismos de capacidad se estaban utilizando “para favorecer indebidamente a determinados productores o tecnologías” y se estaban convirtiendo, además, “en un obstáculo al comercio transfronterizo de electricidad”.

Las pesquisas de Vestager se han centrado en Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Suecia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Irlanda y Croacia. Y han encontrado seis tipos de mecanismos: subastas de capacidad; reservas estratégicas; pagos por capacidad específica; modelos de comprador central; obligaciones descentralizadas y pagos por capacidad para todo el mercado.

De los seis, Competencia considera especialmente preocupantes los dos tipos de pagos por capacidad específica y España cae de pleno en esas categorías, lo que augura una investigación en profundidad sobre su mercado eléctrico. España utiliza este tipo de inventivos desde hace muchos años. Y el informe de Vestager señala a España como peligrosa muestra del efecto llamada de las ayudas que tienden a aumentar “para compensar las fuentes de capacidad que inicialmente se dejaron fuera”.

“Un buen ejemplo de este efecto de bola de nieve es el panorama fragmentado de mecanismos de capacidad en España”, afirma el departamento de Vestager en el informe. Y enumera los sucesivos sistemas de remuneración de capacidad específica adoptados desde 1997, ampliados en 2007 (con un sistema de interrumpibilidad) y en 2010 (con un sistema preferencia para el carbón). En ese contexto, lo de “buen ejemplo” suena casi irónico.

Hasta hace pocos años, la UE solo consideraba ayudas de Estado a las procedentes de los Presupuestos, pero, tras una sentencia sobre las primas a un parque eólico francés, también engloba ya a las que se pagan con la factura de la luz que pagan los consumidores.

Unos 900 millones anuales en España

Los pagos por capacidad (antigua garantía de potencia) son incentivos que vienen recibiendo los ciclos combinados de gas y, hasta finales de 2014, las de carbón nacional. Estos los pagan los consumidores en la factura eléctrica. En el caso del carbón, el incentivo tuvo la consideración de ayuda de Estado que Bruselas autorizó en 2012, pero solo temporalmente. Desde el 31 de diciembre de 2014, las centrales de carbón ya no reciben ningún incentivo por consumir este mineral autóctono, a pesar de las presiones de las mineras y de las promesas lanzadas por el Ministerio de Industria a lo largo del año pasado. Al tratarse de ayudas permitidas, la UE no podrá actuar contra ellas.

En el caso de los ciclos combinados, que son las centrales que más han sufrido la caída de la demanda derivada de la crisis, existen dos tipos de pagos por capacidad:por la inversión, durante los 10 años posteriores a su puesta en marcha, y por disponibilidad. Debido a que el incentivo a la inversión comenzaba a caducar, dada la edad de estas plantas, el Gobierno decidió diferirlo en el tiempo para evitar que dejasen de cobrarlo de golpe, teniendo en cuenta que además el incentivo por disponibilidad es cada vez menor dada la escasa generación con gas. En su paquete de reformas, el Gobierno planteó la hibernación de algunos ciclos, pero la idea no prosperó. En 2016 estos pagos sumarán unos 400 millones.

En el caso de la interrumpibilidad, un descuento en la tarifa de la gran industria a cambio de que REE pueda interrumpirle el suministro si el sistema lo necesita (algo que no ocurre desde hace más de una década), el coste para los usuarios es de unos 500 millones anuales. Desde 2013, este incentivo se adjudica mediante subastas y, aunque con ellas se reparte el beneficio entre un mayor número de industrias, no supone un ahorro para los clientes, pues el importe es cada año el mismo.