Panamá: legitimidad y cambio de cultura fiscal
Analizar la trascendencia tributaria de los conocidos como papeles de Panamá requiere de mucha cautela. Es mucha la información, mucha la casuística y muchos también los años a los que esta se refiere; tantos que durante este periodo es más que probable que muchos de los contribuyentes que allí aparecen hayan regularizado su situación tributaria por muy diferentes vías. Es también probable que algunas (o muchas) de las inversiones que han aparecido publicadas sean totalmente transparentes. Y puede, claro está, que existan también rentas no declaradas ni regularizadas.
De ser así, y en el caso de España, las consecuencias son letales ya que, recordémoslo, la prescripción no interviene cuando se trata de inversiones no declaradas en el denominado modelo 720. Cuestión distinta es la validez probatoria de la información publicada para poder iniciar un procedimiento administrativo o penal y el verdadero origen de las inversiones en Panamá.
Sea como fuere, la reflexión que creo que hay que hacer trasciende la casuística y las consecuencias prácticas que para cada contribuyente afectado tal información pueda tener.
En efecto, sea cual fuere el importe y las circunstancias que en cada caso concurran, no parece moralmente aceptable que personas con muy alta responsabilidad política aparezcan vinculadas a la utilización de países de baja o nula tributación. La dicotomía legitimidad-moralidad queda sin duda muy dañada tras este ejemplo multicolor de falta de respeto a los ciudadanos que representan. Para muchos, la información publicada es incluso la justificación del porqué es difícil, muy difícil, luchar en pro de la más absoluta transparencia de tales países y de los muchos intereses que existen para que ello no ocurra. La situación es todavía más triste si el resultado de la información publicada no es consecuencia del acoso internacional de los diferentes Gobiernos, sino el fruto de más de un año de investigación periodística. Todo, sin duda, lamentable, vergonzoso y deslegitimador; tanto como que alguno de los afectados pretenda justificarse dando ejemplo de su esfuerzo en la lucha contra la evasión, esfuerzo que deviene inútil sin su ejemplaridad pública y personal, o justifique su desvinculación con Panamá justo antes de asumir responsabilidades públicas.
Sin embargo, y más allá de estos casos obvios de notoriedad y responsabilidad política y pública, figuran también en dicha información otros muchos contribuyentes sin tales responsabilidades. En estos casos, la reflexión es muy distinta.
En efecto, es una utopía pensar que la competencia fiscal internacional desaparecerá. Me explico: se podrá ser transparente, se podrán incluso unificar políticas tributarias a nivel internacional, pero nunca desaparecerá aquel Estado que ofrezca una tributación mejor y más competitiva; una fiscalidad que, con trasparencia y legalidad, atraiga a determinadas inversiones. No me refiero a Estados que pretendan atraer a quienes su única intención sea defraudar a su Hacienda pública; me refiero a Estados que ofrezcan una fiscalidad más atractiva para inversores extranjeros. No estoy por tanto hablando de elusión ni de evasión, sino de situaciones totalmente lícitas y transparentes.
Pues bien, no hay ninguna duda de que las rentas más altas son en este contexto las más favorecidas. Y lo son, simplemente, porque tienen muchas más posibilidades económicas que otras para afrontar una planificación fiscal internacional. En este contexto de economía abierta y globalizada, con plena libertad en el movimiento de capitales, y en el que la deslocalización no es hoy problema, no es difícil pensar que la competencia fiscal lícita y transparente no disminuirá. Si esto es así, quiere decir que no todas las rentas tributan igual ya que las más altas buscan refugios legales de menor tributación; circunstancia que quiebra la finalidad redistributiva típica de cualquier sistema tributario. Vaya, que no todos contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica.
¿Cuál es la solución? En nuestra opinión, solo hay una. Afrontar la realidad que nos depara la internacionalización de la economía, apostar por la transparencia y eficiencia y, además de la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, bajar los impuestos directos sin acudir a la vía regresiva de aumentar los impuestos indirectos.
¿Es posible? Sí, si se replantea la financiación del gasto público. Y la única forma de hacerlo es compatibilizar impuestos mucho más bajos con la cofinanciación de los servicios públicos por quien los utiliza; impuestos más bajos porque las clases medias y bajas no tienen por qué soportar los déficits redistributivos de nuestro sistema tributario. Se trata, en definitiva, de abandonar la demagogia y hacer mucha pedagogía. El reto, ofrecer servicios eficientes, competitivos y de calidad. En definitiva, un cambio de cultura fiscal.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé es Profesor de la UPF y socio director de DS, Abogados y Consultores de Empresa