Soplar y sorber el déficit
"Cuándo los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor?"
Las cifras económicas han pasado de coto vedado de un puñado de raros a arma arrojadiza en la barra del bar, o en la tertulia, tanto da. El 5,16% de déficit es una más.
Ninguno nos libramos, sospecho. Es el signo de los tiempos abrazar con fervor convicciones que conducen a la verdad absoluta, cuando en economía todo es relativo. Obviamente, es mejor tener poco déficit que mucho, como es mejor tener dinero en el banco que no tenerlo. Pero ni una reducción del déficit es siempre positiva ni al contrario. Depende. No existe eso que se llama ceteris paribus. Todo tiene consecuencias, y todo tiene un precio.
Keynes, el mismo que pronunció la frase inicial, defendía el uso del déficit público como mecanismo de estabilización de la economía: cuando la demanda es insuficiente, se tira de gasto y déficit público para elevarla y estabilizar la economía en niveles superiores de producción y precios. Cuando el crecimiento es positivo, se corrige el déficit. No se suele mencionar, pero España llegó a la crisis en superávit presupuestario y con la deuda rondando el 30% del PIB.
Durante los primeros episodios de la crisis las instituciones europeas forzaron una política de reducción del déficit a cualquier coste, a pesar de que las economías de la periferia europea estaban al borde de la depresión. El resultado fue poco sorprendente: la demanda se desplomó aún más y se alcanzó la depresión, y el propio desplome de la economía y el riesgo de una vuelta a la peseta convirtieron complicaron la misión. El déficit pasó del 11% de 2009 al 6,8% de 2012 (sin incluir el rescate bancario, que lo llevó al 10,4%), mientras la economía se hundía.
Después, precisamente cuando Bruselas y Fráncfort abrieron la mano, el déficit se redujo a u ritmo más pausado: de 4,2 puntos en cuatro años a 1,6 en este mismo plazo. Eso sí, se recortó más, del 6,3% al 2,1%, en términos estructurales. Este alivio, más el apoyo del BCE a la permanencia de España en el euro, ha permitido que la economía salga del pozo.
Así, que España no haya cumplido el objetivo del 5,2% no es, en sí mismo, un desastre. La película cambia un poco si se atiende al contexto: la economía crece a un ritmo del 3,2%, y en este contexto 2015 se cierra con alza del déficit estructural (el aislado, teóricamente, del efecto del ciclo, según los técnicos de Bruselas). El contexto es tan sencillo como que 2015 ha sido año electoral.
En 2015 el Gobierno ha cosechado un peculiar logro: rebajar la recaudación por IRPF con la economía creciendo a buen ritmo. De los 10.000 millones de desviación, la mitad, unos 4.800, corresponden al efecto de una reforma fiscal que ni siquiera ha aspirado a corregir alguno de los problemas de ingresos del sistema fiscal español (complejidad, escasez de ingresos y unos cuantos más). Han sido los 400 euros de Rajoy.
Esta política que agudiza, y no mitiga, el efecto del ciclo, no es responsabilidad solo del Gobierno, que hasta 2012, como el Ejecutivo anterior, tenía las manos bien atadas y bien atadas; tocaba recortar porque sí. Sí depende de ellos el haber aprovechado el primer resquicio para volver a descuadrar las cuentas. No ha sido un accidente, el déficit se ha ido de las manos en gran parte por una decisión política, en lo que es, sin duda, una forma un tanto particular de seriedad económica.
En cuanto al reparto de culpables y la confabulación de las autonomías (que es independiente del color político), mejor que extenderme aún más en un tema muy complejo, aconsejo leer a Juan Ignacio Conde-Ruiz, en este artículo de 2014: a las autonomía se les exige cumplir con un déficit mientras tienen limitados los ingresos. Es decir, donde leen “no cumple”, quiere decir “no han recortado”, especialmente en las partidas que más gasto suponen, sanidad y educación.
En cuanto al cumplimiento, de 2011 a 2015 las comunidades han mejorado su desequilibrio en 3,4 puntos, el Estado en cuatro décimas, los ayuntamientos en 1,2 puntos y la Seguridad Social ha empeorado en 1,2 puntos, tres décimas solo este año, pese al alza del 3% en el empleo (fuente).
No es cuestión de arrojar estos datos como arma; no hay que olvidar que los gastos en pensiones están condicionados por el envejecimiento, que los nuevos trabajadores cobran bastante menos que los que se jubilan, y que el Estado paga la prestación de desempleo y los intereses de la deuda. Las cosas no son siempre sencillas. Y ya saben, no se fíen de un economista que lo sepa todo.