Draghi contra Draghi.

La represión financiera es un término acuñado en 1973 por los economistas de la Stanford University (Leland Stanford Junior University) Edward S. Shaw y Ronald I. McKinon y hace referencia al proceso mediante el cual el Estado (no los mercados financieros) a través de los funcionarios del banco central fijan de manera directa o indirecta los tipos de interés, tanto de préstamos como de ahorro, con el único fin de abaratar el coste financiero (público y privado) y/o se fijan objetivos de crédito sectoriales con el fin de reservarse el flujo de financiación necesaria para el aparato estatal o para grupos afines (oligopolios, sector financiero e inmobiliario).

La principal herramienta es la manipulación de la cantidad de dinero en circulación con el objetivo de mantener bajos los tipos de interés y promover la inflación de manera que permitan tanto abaratar el coste del endeudamiento como reducir el valor del mismo.

La inflación, que no es más que una quita encubierta, es vital en todo este entramado ya que reduce el esfuerzo que hay que realizar para devolver las deudas. El principal obstáculo para la supervivencia de las viejas estructuras es su evidente incapacidad de pago de las deudas contraídas. Esta insolvencia, cuando no quiebra, es la imagen más evidente de su obsolescencia. La deflación, dado que aumenta el valor y el esfuerzo de pago de las deudas, se convierte así, en un factor a demonizar ya que pone en evidencia aún más el principal escoyo para la supervivencia de lo antiguo: no se pueden pagar las deudas contraídas.

Todos los problemas, como los diez mandamientos, pueden resumirse en uno solo: no se pueden pagar las deudas contraídas. El falso escenario de solvencia creado en la etapa previa de concesión de los préstamos, se ha evaporado y no volverá.

En caso necesario, las más de la veces, la represión financiera puede incluir también entre sus medidas el control de las instituciones financieras con el fin de que se garanticen la financiación del déficit público (puede ocurrir que se limite la participación de instituciones extranjeras o imponer requerimientos de reservas extraordinarias e innecesarias que, obviamente, se cubrirán con deuda pública) o la imposición de controles para obligar a los ciudadanos a mantener sus ahorros en las entidades controladas por el Estado.

Actualmente estamos viendo cómo se demoniza el dinero en efectivo, con la excusa de control del dinero negro, pero claramente su intención es evitar que los particulares, ante unos tipos de interés nulos o negativos, acaben por considerar conveniente sacar sus ahorros de los bancos. Hay que hacer constar, que los tipos de interés negativos implican que el saldo de dinero en una cuenta corriente disminuye cada día que se dejen en ella.

En abril del año pasado, en medio de la crisis de reestructuración de la deuda griega, se instauró la versión fuerte de esta limitación de retirada de efectivo: el "corralito"^[1] medida consistente en permitir retirar a los griegos (no se aplican a los turistas, quienes pueden realizar transacciones y retiradas de dinero en los cajeros automáticos con las tarjetas de crédito o débito emitidas en sus países de origen) tan solo lo considerado imprescindible. En ese caso fueron 60 € al día por tarjeta y cuenta ^[2] y, dos años antes, en Chipre se permitió la retirada de 300 € diarios en el mismo banco para los particulares y de 500 € para las empresas.

Todas las acciones van dirigidas en una única dirección: mantener al Estado y a los grupos afines (ambos con estructuras obsoletas y prácticamente en quiebra técnica) al margen de la lógica financiera, ya que sin la represión financiera, los mercados les reduciría el flujo de financiación y les incrementaría el coste de la misma. Ambas acciones no son más que un “aterrizaje en la realidad” como paso previo a su necesaria reestructuración.

Aunque en el corto plazo pueden parecer medidas inocuas, las recientes medias de los bancos centrales son una apuesta muy arriesgada y, como toda huida hacia adelante, no está exenta de efectos perversos. El primero de ellos consiste en que prestar dinero a instituciones obsoletas, reduce la sensación de necesidad de cambios y prolonga la agonía.

Aquí entramos en el meollo de la cuestión: el éxito de la represión financiera se sustenta en el supuesto de que no hay necesidad de un cambio estructural o del modelo económico. En definitiva que parte del supuesto de que no hay sectores obsoletos. Todo este fuerte incentivo y distorsión monetaria les ayudará a resolver sus problemas coyunturales en un entorno estable (de abaratamiento de costes y mantenimiento del flujo de crédito) y que a su vez, les permitirá encontrar nuevas oportunidades de inversión productivas, en los que la sociedad saldrá beneficiada ya que a la vez crearán empleo y crecimiento económico. En definitiva que todo ha sido un mal sueño, del que saldremos haciendo un "fine tune".

Pero las recientes llamadas (la última de las cuales se produjo el jueves pasado en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE) del presidente del BCE a los países de la Eurozona a poner sobre la mesa reformas estructurales que “ … impulsen la demanda, inversiones públicas, impuestos más bajos, e incluso lo más importante, [...] (la) necesaria claridad sobre el futuro de la unión económica y monetaria” ponen en evidencia que estamos en un escenario de cambios estructurales que requiere algo más que simples "emplastes".

Mucho me temo que en este entorno, la represión financiera puede convertirse más en un aliado para que todo siga igual que un acicate para dar el salto que necesitamos. Asumir un mayor endeudamiento (en base a un supuesto erróneo de problemas coyunturales) no hará más que crear una demanda artificial que se traducirán en burbujas que a la larga y tras su explosión, hará más doloroso el proceso de cambio.

En este caso y tenor de sus últimas declaraciones, Draghi se estaría convirtiendo, por inocencia o malicia, en un serio obstáculo a sus propios deseos.

NOTAS:

1. El término se acuñó en Argentina en diciembre de 2001, cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa limitó la retirada de efectivo de plazos fijos y cuentas corrientes a 250 pesos argentinos por semana y persona. La medida estuvo vigente hasta el 2 de diciembre de 2002, pero ya 17 días después de su aplicación la presión en la calle acabó provocando la caída del presidente De la Rúa. El nombre deriva de la expresión argentina de los parques infantiles: el dinero de los particulares, como los niños, serían prisioneros de los bancos (corralito).
2. Un diario griego llegó a anunciar a principios de mayo del 2015 la posibilidad de la creación de una tasa a la retirada en efectivo (un descuento sobre el importe a retirar), aunque luego lo que se retiró fue la información.