Cerco europeo a la fuga de impuestos de las multinacionales
La Comisión Europea ha aprobado hoy una batería de medidas para combatir la elusión fiscal de las multinacionales. El plan permitirá a un país gravar todos los beneficios de una compañía si detecta que los ha derivado hacia un territorio con una rebaja fiscal superior al 60%.
El plan de la Comisión se basa en un proyecto de directiva para frenar la ingeniería fiscal de las multinacionales y otro que permitirá a las autoridades nacionales intercambiarse información sobre las actividades que cada empresa desarrolla país por país. Bruselas también ha aprobado una Recomendación con instrucciones para evitar los abusos fiscales en los tratados internacionales y la creación de una “lista negra” de países terceros contra los que se podrán adoptar represalias por ofrecer facilidades para la fuga de impuestos de Europa.
“Miles de millones de euros se pierden cada año como consecuencia de la elusión fiscal”, ha señalado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, uno de los impulsores de la iniciativa. El comisario francés ha subrayado que “ese dinero podría utilizarse para servicios públicos como escuelas y hospitales o para estimular el crecimiento y la creación de empleo”.
Bruselas reconoce que la lucha contra el escaqueo fiscal sería mucho más efectiva con la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades y se propone retomar ese objetivo tras el fracaso de la anterior Comisión. Pero el proyecto puede tardar años en cuajar y mientras tanto la Comisión, acuciada entre otras cosas por el escándalo de LuxLeaks, intentará mitigar en parte el problema.
El arma más poderosa del nuevo plan será la directiva que permitirá a un país neutralizar las maniobras fiscales de algunas empresas. La norma ofrecerá la posibilidad de gravar todos los beneficios obtenidos, incluso los derivados hacia otro territorio, si se comprueba que ese otro territorio la imposición es un 60% menor que en el país de origen.
La directiva también permitirá suprimir la exención que disfrutan ahora las empresas en la repatriación de dividendos si no pueden demostrar que han pagado impuestos en el país de procedencia.
Todos los países de la UE deberán establecer además un impuesto de salida sobre cualquier traslado de activos, un gravamen que pretende acabar con las prácticas de ciertas compañías que trasladan activos, sobre todo de tipo intangible como la propiedad intelectual, con el único propósito de reducir su factura con la hacienda pública.
La nueva norma también limitará el porcentaje de intereses que una compañía puede deducirse, para evitar que trasladen su deuda a los países con imposición más alta y deducirse allí el coste derivado de esos préstamos.
Lista negra en 2019
Como última opción para combatir la fuga de impuestos, Bruselas establecerá una lista negra con los países terceros que ejercen una competencia fiscal desleal. El organismo europeo comenzará de manera inmediata preparar los criterios que determinarán cuándo un país puede incluirse en ese listado. Bruselas espera concluir esa tarea a finales de este año. A continuación, los gobiernos de la UE decidirán qué países deben ser examinados, a los cuales también se les concederá un período de hasta un año para defenderse.
Si la negociación fracasa, esos países se incluirán en la lista negra y podrán ser sometidos a represalias para contrarrestar el daño que causan a las haciendas europeas.
Bruselas espera que la lista negra común esté preparada a comienzos de 2019.
