La circular del Banco de España y la directiva del BCE refuerzan su protagonismo

La morosidad también es responsabilidad de los consejeros

Un hombre retira euros de un cajero automático. EFEArchivo
Un hombre retira euros de un cajero automático. EFE/Archivo EFE

Los analistas parece que últimamente se están interesando “puede que en exceso” por la futura normativa de morosidad europea, que no entrará en vigor hasta 2018. Esa es la opinión de un conocido directivo y experto en mercados de un gran banco español. La razón es por una parte lógica, cambia por completo la metodología para contabilizar los créditos morosos. Pero por otra, según apunta este experto, queda aún demasiado tiempo para conocer los efectos que tendrá sobre la cuenta de resultados del sector.

“Los estudios que están haciendo ahora los analistas son bastante burdos. Es complicado saber los efectos”, explica este experto.

En el caso de España, donde el rigor de las provisiones ha sido hasta ahora mayor que en el resto del mundo, esta armonización internacional de los conceptos y de forma de dotar, por una parte, supone dar la razón al Banco de España y a su exacerbada prudencia, coinciden varias fuentes. Pero también, es una contradicción, ya que España se ha nutrido de la filosofía de provisionar según la pérdida incurrida, mientras que ahora se tiende a la pérdida esperada.

El Banco de España trabaja en una circular preparatoria ya de las nuevas pautas europeas para enero, aunque estas no entren en vigor hasta dentro de dos años. Se supone que la nueva norma nacional abordará la forma de contabilizar los créditos impagados o sospechosos de impago como marca la futura directiva europea.

Habrá tres clasificaciones de estos créditos, según sean mayor o menor el riesgo de incurrir en morosidad, aunque en este caso en vez de contabilizar los préstamos por pérdida incurrida será por la que se espera en el futuro, algo que se parece a lo que era hasta ahora la provisión subestándar (créditos al corriente de pago, pero propenso a dejar de estarlo).

Otro escollo, que inicialmente puede que solo sea un escaparate, porque al final las provisiones salen de los ingresos o lo que es lo mismo de la cuenta de resultados, es que la nueva norma afectará ya directamente al margen de intereses, es decir, a la primera línea.

Ya desde el inicio de la cuenta se tendrá que comenzar a provisionar. Solo se apuntará en el margen de intereses un cálculo entre lo que se considera nueva provisión y el ingreso del crédito.
Pero otra novedad que llama también la atención es que la futura norma involucra mucho más al consejo de administración con los niveles de morosidad de una entidad. Deja de ser solo una responsabilidad de los directivos de banco, entre claro, también se encuentran los consejeros ejecutivos, como el presidente o consejero delegado como mínimo, para hacer copartícipes de la morosidad de un banco a todos sus máximos órganos de gobierno.

“Es lo mismo que ha pasado ahora con el riesgo operacional, algo que hasta hace poco era casi solo responsabilidad de los directivos, y desde que entró en vigor la supervisión única europea del BCE ha comenzado a ser responsabilidad de los consejeros también. Se debe a la importancia que ha tomado ahora el gobierno corporativo”, explica el director general de un importante banco.

Este directivo también añade que el Banco de España ha optado por adelantarse a la norma europea de morosidad por el margen de maniobra que tienen aún los bancos centrales europeos.
Otra cosa que destaca otro directivo sobre la futura norma de morosidad es que “es tan compleja que los bancos han comenzado a tirar de asesores externos para que preparen los cambios, que pueden afectar a más de 1.000 conceptos”. Y añade que “serán precisamente los abogados y consultores, de nuevo, los que se pongan las botas con estos cambios de metodología”.

Hablando de cambios. Otro importante y que tras la polémica desatada por los consumidores hacer tres meses ahora parece que ha pasado un poco de puntillas. Pero no porque no sea un tema digno de abordar otra vez por las asociaciones de consumidores o por la prensa, sino por las fechas en las que se ha comenzado a aplicar en unos casos o comenzará a aplicarse en otros. Es el asunto de la comisión de los cajeros automáticos por sacar dinero en ellos si no eres cliente.

Santander, BBVA o CaixaBank cobrarán a partir del 1 de enero o, algunos ya desde estos días, casi dos euros por sacar efectivo de sus cajeros. La comisión se la cobrarán al banco emisor de la tarjeta, y este lo repercutirá en la mayoría de las ocasiones al cliente, sea directamente o a través de otras comisiones o gastos más sutiles, pero que al final saldrán del bolsillo del consumidor.
Ningún banco lo dirá así abiertamente, pero sí que lo reconocen cuando hablas en petit comité. De una forma, o de otra este coste lo cubrirá el cliente.

Otros bancos ya han comenzado a cobrar una nueva comisión desde el día 22 de diciembre, aprovechando la campaña de Navidad. Estas entidades cobrarán menos, una medida de 0,65 euros, entre los clientes que tengan sus cuentas en bancos con los que han llegado a acuerdos, sino la tarifa también será, por lo general de dos euros. Al final, y remitiéndome a las palabras de casi todos los bancos, la comisión será más cara para el usuario.

El escándalo es mayor si se tiene en cuenta que este servicio, según constata Competencia, tiene un coste para el banco dueño del cajero inferior a los 0,65 euros. Con este importe ya cubre gastos.

Una reflexión que me hace una directiva de un banco “si con 0,65 euros se cubren gastos, ¿tiene sentido cobrar más, tanto como dos euros, precio que el Gobierno en funciones tachó de abusivo?”. ¿La respuesta la tiene el nuevo Ejecutivo, los consumidores o la banca?

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