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Buena parte del ajuste queda para la próxima legislatura

Dos años más de ajuste para reconciliarse con Bruselas

Las cuentas públicas de España
Alejandro Meraviglia

El de Mariano Rajoy ha sido el Gobierno español más vigilado por Bruselas desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986. Durante los cuatro años de la décima legislatura, las instituciones europeas han seguido al milímetro el proceso de ajuste presupuestario, la reestructuración de la banca y las reformas acometidas para reducir la elevadísima tasa de paro. Rajoy ha respondido a la supervisión de Bruselas con una mezcla de aparente obediencia y velada indisciplina. Y con la ayuda de Berlín, ha logrado zafarse este año de la presión de la Comisión Europea y dejar buena parte del ajuste para la próxima legislatura.

El ajuste del déficit público se prolongará al menos hasta 2017, según los cálculos de una Comisión Europea, que acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de haber aflojado el ritmo de consolidación tanto en el presupuesto de este año como en el que ha dejado aprobado antes de las elecciones para 2016.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha intentado echarle en cara al Gobierno saliente ese derrape fiscal, pero no ha podido. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, salió en defensa de España y elogió los esfuerzos realizados durante los últimos cuatro años. Bruselas intentará volver a la carga el próximo año. Pero ya será con un nuevo Ejecutivo en La Moncloa.

Lo que dicen los partidos

PP: continuidad. El PP promete continuar con el proceso de consolidación presupuestaria que ha permitido reducir el déficit público a la mitad en cuatro años.

PSOE: flexibilidad. Los socialistas quieren respetar los objetivos de déficit, pero “haciendo el máximo uso de la flexibilidad” prevista en las normas europeas.

Ciudadanos: alternativa. El programa de Ciudadanos no se pronuncia sobre cifras de déficit porque “el principal problema fiscal de España es el desempleo”. La receta, crecimiento.

Podemos: tajante. Podemos se compromete a ampliar el plazo para reducir el déficit (fijado en 2016), a auditar el rescate de la banca y a reestructurar la deuda pública.

Entre las primeras tareas del nuevo Gobierno figurará la de actualizar el proyecto de Presupuestos para 2016. Se trata de una obligación prevista en el Pacto de Estabilidad (en concreto, en las directrices del llamado two-pack) para los países que adelantan sus cuentas a causa del calendario electoral. Pero ese trámite rutinario puede convertirse en una batalla campal con Bruselas en función del color del futuro Gobierno y, sobre todo, de los apoyos con que cuente en Berlín.

Solo el Partido Popular se ha comprometido electoralmente a mantener la senda del ajuste presupuestario y a situar el déficit público por debajo del 3% en 2016, sin necesidad de pedir nuevas prórrogas para lograr ese objetivo.

El PSOE prefiere ralentizar el ajuste para no abortar la recuperación; Podemos lo cuestiona abiertamente, y Ciudadanos mantiene cierta ambigüedad y fía el saneamiento de las cuentas públicas a la recuperación del empleo y el consecuente aumento de la recaudación fiscal. En los tres casos se requeriría una renegociación con Bruselas, más o menos a cara de perro.

Entre la renegociación y el choque de trenes, Rajoy optó en la pasada legislatura por una indisciplina calculada. Solo tras su primera cumbre europea (en 2012) plantó cara abiertamente y anunció un incumplimiento unilateral de los objetivos de déficit. Tras ese encontronazo, el presidente del Gobierno saliente aprendió a mostrar aquiescencia pública a los dictados de Bruselas, al tiempo que incumplía un año tras otro los objetivos de déficit exigidos.

A favor de Rajoy jugaban los sucesivos errores de cálculo de la Comisión, que en julio de 2012, nada más ponerse en marcha el rescate de la banca, todavía consideraba factible situar el déficit en el 2,8% en 2014. Un año después, Bruselas tenía que doblar ese objetivo (hasta el 5,8%) y ni siquiera así se ha cumplido. Rajoy, con la complicidad de Berlín, ha hecho el ajuste a su ritmo sin que Bruselas se atreviese a chistarle.

La buena relación de Madrid con Berlín se agrió con Aznar, se quebró con Rodríguez Zapatero y solo durante la última legislatura se ha recompuesto, aunque muy lentamente. La canciller Angela Merkel y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no han fraguado una alianza sin fisuras, pero sí han logrado una entente cordiale basada en necesidades mutuas. Merkel ha tenido en España el único país grande gobernado por los populares. Rajoy ha explotado la supremacía de Berlín para zafarse de la vigilancia de Bruselas.

Completar el esfuerzo sin ahogar el crecimiento

Gobierne quien gobierne a partir de 2016, España tendrá que continuar por la senda del ajuste presupuestario, pues queda todavía un tramo importante por recorrer.

 

Se trata de un compromiso con los socios del euro que, como ya han demostrado con Grecia o Portugal, no se olvidan de la reducción del déficit simplemente porque se celebren elecciones.

Pero se trata, sobre todo, de un imperativo económico porque España todavía no ha digerido el déficit acumulado como consecuencia de la crisis financiera.

El ajuste, sin embargo, puede y debe llevarse a cabo favoreciendo el crecimiento y la creación de empleo, porque España no puede vivir indefinidamente con tasas de paro de dos dígitos.

Nada impide al futuro Gobierno perseguir ambos objetivos, con una política fiscal que potencie los ingresos (de los más bajos de Europa) y una agenda de reformas que flexibilice la economía.

Seguro que Bruselas aplaude e incluso concede, si hiciera falta, una prórroga en el objetivo de déficit (2,8% en 2016).

Pero la relación no siempre ha sido buena. Tras los choques con Zapatero (opa frustrada de Eon sobre Endesa, ajuste presupuestario a regañadientes), la canciller enfiló al Gobierno de Rajoy e intentó someterle a la tutela de la troika (CE, BCE y FMI) a través de un rescate similar al de Grecia, Irlanda o Portugal. Rajoy aguantó durante seis meses y al final cedió, pero solo en parte: solicitó un rescate para la banca (de apenas 40.000 millones de euros), pero se libró de la temida presencia de los hombres de negro en Madrid. El rescate bancario concluyó en 18 meses y desde entonces España ha dejado poco a poco de estar en el punto de mira. El nuevo Gobierno deberá cuidarse de volver a provocar la desconfianza de la zona euro.

Ingresos estables

A Bruselas no le preocupa tanto el cumplimiento nominal de los objetivos de déficit como garantizar una estabilidad presupuestaria basada en ingresos regulares y control de gasto. Y en ambos terrenos, España tiene todavía camino por recorrer a juicio de las instituciones europeas.

En su examen más reciente sobre la fiscalidad española, la Comisión recomienda una reforma de la tributación más ambiciosa, tanto para estabilizar la recaudación como para orientar la tributación hacia fines medioambientales. En ambos parámetros, España está a la cola de Europa, con una recaudación total equivalente al 38% del PIB (siete puntos por debajo de la media europea) y con la recaudación de impuestos medioambientales más baja de los 28 socios de la UE.

Bruselas también lamenta que las rebajas de los impuestos sobre la renta se hayan dirigido hacia las personas con mayores y menores ingresos, pero que apenas hayan beneficiado a los salarios situados entre 20.000 y 33.000 euros anuales.

El riesgo de la fatiga

Pero tal vez la mayor inquietud de la zona euro sobre el futuro a corto plazo de España gira en torno al riesgo de que la economía española entre en una fase estacionaria, en la que se consolide la mejora lograda hasta ahora, pero sin ser capaz de dar el salto hasta la recuperación definitiva.

Bruselas advierte de que tal vez han tocado techo los incrementos de productividad registrados en los últimos ejercicios como consecuencia de la devaluación interna y la rebaja de salarios. La Comisión teme también que la elevada tasa de paro (el doble que la media de la zona euro) se convierta en estructural y que ello redunde a medio plazo en presiones al alza de los salarios.

La CE también admite que la bajísima inflación de la zona euro (en torno al 0,2%) se está comiendo gran parte del ajuste de la economía española. El presidente saliente ha levantado varias veces la voz contra el BCE en las cumbres europeas. Su sucesor, sea quien sea, tendrá que seguir con esa presión si no quiere que los dos años de ajuste pendientes se conviertan en cuatro.

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