Tribuna

Prevención: una tarea de todos

Estamos celebrando, en estos días, el 20 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo origen fue la trasposición de la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).

Durante este tiempo han pasado muchas cosas en materia de salud laboral, tanto desde el punto de vista de la Unión Europea, como en España; conviven los riesgos clásicos, con las situaciones más actuales, las tecnologías y los métodos de trabajo cambian, los mecanismos de protección no son los mismos y, lo más importante, el grado de la conciencia que existe en nuestras empresas están en un grado muy avanzado; se ha conseguido un compromiso por parte de las empresas para trabajar en la mejora del medio ambiente laboral. Es un buen momento para analizar los datos sobre siniestralidad en España. Unos datos que están en unos niveles similares al resto de países de la Unión Europea, teniendo en cuenta la grave crisis económica que hemos sufrido que también ha influido en esta cuestión. Aun así, mientras existan accidentes y enfermedades relacionadas con la relación laboral, las empresas van a seguir comprometidas con la salud laboral.

Creemos oportuno formular propuestas que pueden permitir la introducción de mejoras. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye a las empresas la obligación de evitar cualquier tipo de daño al trabajador. Y hace que sean los empresarios los que han de cumplir la mayoría de obligaciones derivadas de las leyes y, en muchas ocasiones, no lo tienen fácil. Así, por ejemplo, por la falta de coordinación de las diversas administraciones competentes, una regulación diferente en cada Comunidad Autónoma, o por la existencia de regulaciones obsoletas o duplicadas. Es imprescindible una simplificación del marco normativo, eliminando o actualizando determinadas categorías jurídicas, todo ello con el objetivo de encontrar mecanismos que ayuden a diferenciar el origen de determinados daños, ya que lo importante no es abordar los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de la responsabilidad, sino de la prevención y el tratamiento. Además, en caso de cualquier incumplimiento de alguno de los deberes de prevención de riesgos laborales, se produzca un resultado concreto o solo una amenaza, los empresarios son los sujetos responsables: pagan las multas impuestas por las actas de los inspectores de trabajo y Seguridad Social, el recargo de prestaciones e incluso, según las circunstancias, cuando se dan situaciones de especial gravedad, pueden acabar en una medida en el ámbito penal, que no solo afecte a los propios empresarios, sino también a técnicos de prevención.

Por esta razón, los empresarios han de decidir cómo se lleva a cabo la prevención, utilizando los mecanismos que crean oportunos para poner en marcha dichas medidas, teniendo en cuenta la eficacia que suele tener en estos aspectos la vía de los acuerdos por la vía de la negociación colectiva. Ya sea por medio de su desarrollo en los convenios colectivos, de otro tipo de pactos o por la vía de información, consulta y/o participación con los representantes de los trabajadores. En todo caso, y esto es una cuestión muy relevante, hay que tener en cuenta que hay un espacio de la salud del trabajador sobre la que el empresario no puede tener incidencia; es aquella que se refiere al ámbito general, en el que la obligación de cuidado la ha de tener la Administración pública, en concreto, el sistema sanitario general. Si se pretende encargar la función de control de la salud del trabajador desde este punto de vista, el resultado está asegurado, va a ser totalmente ineficaz, porque el empresario no tiene las herramientas para llevarla a cabo.

En conclusión, es crucial seguir trabajando entre todos en la salud laboral, empresas, trabajadores, Administraciones Públicas, entidades que realizan estas funciones e interlocutores sociales. Ahora bien, todo ello sin olvidar que, dadas las características de muchas de las empresas españolas, especialmente en lo relativo a su tamaño, pequeñas o pequeñísimas, es imprescindible reforzar los sistemas de ayudas externas de las empresas, especialmente en lo que se refiere a los servicios de prevención y a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como fortaleciendo el papel de los interlocutores sociales en los diseños de las correspondientes políticas.

Jordi García Viña es director de Relaciones Laborales de CEOE.

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