Tribuna

La gobernanza en las empresas públicas

Pueden permitirse los gobiernos seguir manteniendo empresas públicas ineficientes y/o mal gestionadas? La respuesta es que no deberían, y para lograr una mejor gestión de las empresas públicas, la gobernanza de Estado tiene que jugar un papel fundamental.

Los recientes casos de corrupción tanto de la empresa petrolera de Brasil, Petrobras como de la de Venezuela, PDVSA han vuelto a poner de lamentable actualidad el papel del Estado como propietario de empresas.

El reciente caso de corrupción de 2014 en Petrobras arroja cifras cercanas a los 1.600 millones de dólares. En el caso de PDVSA la cifra de lavado de dinero alcanza los 2.000 millones de dólares .

La OECD en su primer informe sobre el soborno internacional (2014) analizó 400 casos, y una de las conclusiones fue que la mayoría de los sobornos van destinados a los gerentes de las empresas estatales, seguido de cerca por los funcionarios de aduanas.

Lamentablemente los casos de corrupción son más frecuentes de lo deseable y su impacto tanto económico y social, como de reputación, son enormes. Pero los problemas de las empresas públicas no se reducen solo a la corrupción, hay que añadir conflictos de interés, clientelismo, favoritismos tanto en regulación como en financiación, subsidios, presupuestos blandos, y ahí no acaba la controversia sobre la existencia de las mismas. Entre el 2011 y el 2014 Petrobras perdió aproximadamente 16.000 millones de dólares como resultado de los subsidios al petróleo. No son pocas las voces que ante estos casos y los problemas mencionados, exigen eliminar el papel del Estado como dueño de empresas, o que exigen disminuir su influencia.

Desde el 2007, y como consecuencia de la crisis financiera, los gobiernos han visto limitadas sus capacidades de maniobra presupuestaria, con techos estrictos tanto en deuda como en déficits. A esto hay que añadir que en muchos países las empresas del sector petrolero son públicas y han sido una fuente de recursos hasta ahora, pero que con el barril de petróleo en el entorno de 40/50 dólares, algunas no solo no van a contribuir a las arcas estatales, sino que va a ser necesario realizarles aportaciones de capital.

Estas barreras van a obligar a los gobiernos a tratar de mejorar la eficiencia de sus empresas o a venderlas como medida alternativa de ingresos, dado además que la crisis financiera ha dejado de momento poco hueco a las grandes reformas fiscales. Esta situación es similar a la ya ocurrida en los años 90 y las causas fueron bastante parecidas. Hasta ahora las reformas han sido normalmente parciales, sin tener en cuenta todo el ecosistema existente alrededor de las empresas públicas, sin una planificación a largo plazo y muy dependientes de acontecimientos macroeconómicos y del calendario político. Y como consecuencia de ello, los resultados han sido limitados e insuficientes.

La OCDE delineó unas guías de gobierno corporativo para empresas públicas (2005), recientemente actualizadas, con principios todos válidos, pero sin priorizar su importancia, y poniendo el foco, fundamentalmente, en las empresas, cuando, como queda patente por los casos de corrupción mencionados anteriormente, la gobernanza del propietario público es fundamental.

El ecosistema de las empresas públicas incluye no solo el binomio Estado-empresas, sino que debe considerar a los reguladores, los supervisores, el parlamento, los sindicatos, los clientes, los usuarios, los proveedores, etc.; y todos han de ser tenidos en cuenta en el diseño de una posible reforma.

Y tanto el diagnóstico, como la reforma o el plan de acción debe apoyarse en los tres pilares básicos de las empresas públicas: el marco regulatorio, la eficiencia operativa y la gobernanza, no solo de las empresas, sino también del Estado; pilares íntimamente interconectados. Una gobernanza del Estado adecuada, servirá para aumentar el valor de los activos, ya sea para venderlos o para gestionarlos.

Casos de éxito son, por ejemplo, el holding de empresas públicas de Singapur, con rentabilidades sobre el capital del 18% anual desde su creación en el año 74, o la reforma llevada a cabo en las Islas Salomón, cuyas empresas públicas pasaron de una rentabilidad sobre activos negativa del 12% en 2008 a una rentabilidad positiva del 10%, cuatro años después de la reforma.

Es por tanto obligación de los Estados abandonar agendas políticas, tratar de maximizar el valor de esos activos y establecer mecanismos para que los mismos alcancen su mayor potencial, de tal manera que no se constituyan en cargas pesadas tanto en términos fiscales como de servicios públicos caros y de mala calidad. Solo de esta manera podrá haber esperanza para que las empresas públicas dejen de protagonizar este tipo de titulares, y por tanto dejen de ser un problema.

Como ya decía Platón, “gobiérnate a ti mismo , ponte restricciones a ti mismo, y haz lo que sea necesario para evitar la lujuria y la tentación”. Dejemos para otro momento la lujuria, y pongamos entre todos los instrumentos necesarios para evitar la tentación.

Enrique Moreno de Acevedo Sánchez es consultor internacional.

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