Diagnóstico y propuestas ante las próximas elecciones

Objetivo: reformar (una vez más) las pensiones

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En España se pagan ahora 12,2 millones de prestaciones sociales cada mes. Esto cuesta más de 140.000 millones de euros al año. Uno de cada cuatro españoles recibe algún tipo de prestación. Así, cho millones de personas cobran pensiones contributivas (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente etc.) y de este colectivo, un millón cuenta con dos pensiones. Más de dos millones tienen prestaciones y subsidios por desempleo; y más de medio millón reciben ayudas asistenciales. El Gobierno destina cuatro de cada diez euros de todo lo que se gasta a pagar pensiones; y éstas suponen nada menos que el 70% de todo el gasto social.

El Estado paga cada año 140.000 millones de euros en pensiones

Con estos datos no es de extrañar que los políticos tengan mucho cuidado con qué dicen en materia de pensiones. Por ello, hasta hace poco, las pensiones eran una cuestión de Estado. Así se dibujó en el primer Pacto de Toledo, en 1995, cuando todas las fuerzas políticas parlamentarias acordaron dos cosas: que las reformas del sistema de pensiones debían hacerse en sede parlamentaria y con todo el consenso posible. Y que las pensiones no podían usarse como arma electoral arrojadiza.

Ambas cuestiones del Pacto de Toledo se cumplían bastante escrupulosamente hasta que, como tantas otras cosas, la crisis lo hizo saltar por los aires. El PP no apoyó en el Pacto de Toledo la gran reforma de pensiones que diseñó el PSOE, instado por Bruselas, en el verano de 2011. Y, también desde entonces, los dos grandes partidos se han reprochado pública y constantemente que unos (el PSOE) congelara las pensiones y otro (PP) se hayan comido el 40% del fondo de reserva de las pensiones en la actual legislatura.

Los dos reproches son ciertos, pero también lo es que tanto los socialistas como los populares han tenido poco margen de maniobra para hacer otra cosa.

Lo que opinan los partidos

Objetivo: reformar (una vez más) las pensiones

PP: otra financiación. Los populares quieren financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos. Y fijar nuevos incentivos a las pensiones privadas.

PSOE: Un nuevo impuesto. Los socialistas proponen crear una nueva figura impositiva “finalista” para pagar las pensiones menos contributivas.

C's: Jubilación flexible. Reformar el sistema revirtiendo el retraso de la jubilación a los 67 años. A cambio, proponen un retiro flexible, en el que se incentive trabajar más allá de los 65 años.

PODEMOS: Más gasto público. Podemos quiere subir las pensiones más bajas; fijar la jubilación a los 65 años y eliminar los topes de cotización a los salarios más altos.

El actual Gobierno tuvo que empezar a echar mano de la hucha de las pensiones en 2012, cuando la Seguridad Social –que ha llegado a perder más de tres millones de cotizantes durante la crisis– adelgazó notablemente sus ingresos, llevando al sistema a unos números rojos de más de 11.000 millones de euros anuales.

Así, los ingresos por cotizaciones y las aportaciones del Estado dejaron a partir de 2012 de ser suficientes para abonar las pagas extra de Navidad y verano de los pensionistas. Desde entonces el Ejecutivo ha utilizado casi 46.000 millones de este fondo para abonar dichas extras. Tras esto en la hucha quedan 39.500 millones de euros (43.700, según su valor de mercado).

La mejora del empleo está atajando este año el déficit del sistema de pensiones, que se prevé termine el ejercicio en un 0,6%.

Los expertos no se creen las previsiones del Gobierno

Sin embargo, los expertos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) consideran que la previsión de ingresos del Gobierno no es creíble y, de hecho, no se está cumpliendo, sobre todo por los bajos salarios y la precariedad del empleo que se crea. Esto llevará los números rojos del sistema por encima del 1% este año, según la Airef.

Pero, aunque la mejora de los ingresos equilibrara la financiación del sistema, no será suficiente en el medio y largo plazo para hacerlo sostenible, debido al incremento natural del gasto por el aumento del número de pensionistas (que crece a un 1% anual y se disparará a finales de la próxima década) y al efecto sustitución (las nuevas pensiones son casi un 40% más altas que las que se dan de baja por fallecimiento.

Ante este escenario, los partidos están ahora de acuerdo en buscar fuentes de financiación de las pensiones alternativas a las cotizaciones. En concreto el Gobierno ha apuntado a que las prestaciones menos contributivas, como son las de viudedad y orfandad se financien con impuestos. Y todos están de acuerdo en estudiar esta posibilidad tan pronto comience la próxima legislatura.

Un nuevo retraso de la edad de jubilación es la opción que proponen algunos académicos para hacer sostenible el sistema a largo plazo

Sin embargo los expertos y académicos consultados van mucho más allá y consideran “imprescindible” una nueva reforma en profundidad de las pensiones tras las elecciones del 20D.

“Buscar más ingresos, cambiando las fuentes de financiación de una parte del sistema, es lo más fácil en una época electoral en la que no se habla de nada en profundidad, pero eso no bastará para hacer sostenible el sistema” . Esto es lo que asegura Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía de la Universidad Complutense, investigador de Fedea y autor del libro ¿Qué será de mi pensión?, para quien “el tiempo se está agotando, y es necesario un gran pacto nacional, en el que se tomen decisiones y se diga a la gente qué pensión va a poder cobrar en función de las reformas que se hagan”.

En su opinión España debería optar por cambiar el sistema para hacerlo puramente contributivo sin dejar que sea de reparto:esto es crear unas cuentas nocionales en las que cada trabajador se lleve en el momento de la jubilación, lo que ha contribuido. “Y si esto no es suficiente para mantener el nivel de vida, habría que decírselo a los ciudadanos con el tiempo suficiente, para que prevean otros ingresos”.

Pero además de este cambio de modelo, Conde-Ruiz defiende que “en estos momentos lo más urgente e importante es que los españoles sepan que van a tener que trabajar más años”.

Trabajar más años

El catedrático de economía del sector público en la London School of Economics explicó recientemente en España que hay cuatro soluciones para dar viabilidad a los sistemas de pensiones: recortar la cuantía de las futuras pensiones; retrasar la edad de jubilación; elevar las cotizaciones a la Seguridad Social o incrementar considerablemente el crecimiento económico del país. Lo ideal sería una combinación de todas ellas pero, Barr coincidió con Conde-Ruiz en que de todas estas opciones, la más beneficiosa es el retraso en la edad de jubilación.

Cambios poco populares que habrá que saber explicar

Objetivo: reformar (una vez más) las pensiones

La renovación del Pacto de Toledo debe ser una de las primeras cuestiones que aborde el nuevo Parlamento que salga de las urnas. Es una cuestión de Estado y los partidos tienen que estar a la altura.

Probablemente, no bastará con buscar nuevas fórmulas de financiación para las pensiones menos contributivas (viudedad, orfandad y en favor de familiares). Habrá que repensar, sobre todo, la pensión de viudedad, algo que se presenta polémico. Pero España es el único país de su entorno en el que esta prestación es vitalicia y compatible con cualquier renta.

Si bien, los partidos no pueden conformarse con costear con impuestos una parte del sistema de pensiones o subir las cotizaciones. Si piensan en el largo plazo (y no tan largo) deberán poner sobre la mesa más reformas paramétricas (aquellas que inciden en el cálculo de la cuantía de la pensión), orientadas a controlar más el gasto, ante el envejecimiento de la población y la llegada a la jubilación de la generación del baby boom en la década de 2030.

Saber informar sobre la necesidad de estos cambios y sobre las pensiones que se van a poder pagar dentro de 20 o 30 años es el gran reto.

De hecho el experto demógrafo del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, James Vaupel, justifica un nuevo retraso de la edad de jubilación, en sus investigaciones que apuntan que los 59 años de ciudadano europeo de hace medio siglo son equivalentes a los 70 años de un ciudadano similar en la actualidad.

Sin embargo, entre los expertos también hay quien cree que “el sistema no necesita nuevas reformas paramétricas en la próxima legislatura, pero sí deberán mantenerse, sobre todo, el índice de revalorización y el de sostenibilidad creados en 2013”. Es la opinión de Miguel Ángel García, economista experto en Hacienda Pública y pensiones de la Universidad Rey Juan Carlos, quien considera que lo imprescindible es “fijar que nivel de gasto público quiere asumir la sociedad para el pago de pensiones y, junto a esto, establecer qué tasa de reposición (porcentaje del último sueldo que representa la cuantía de la pensión) quieren conseguir”. Junto a esto, explica que habría que analizar de qué ingresos se dispone. Y, en función de todos estos parámetros, “el ciudadano sabrá a qué atenerse”, añade García.

Las opciones son múltiples pero está claro que una de las primeras tareas que deberá atender el próximo Gobierno será abrir el melón del sistema de pensiones, su cobertura y su financiación, en el seno delPacto de Toledo. “Y cuanto antes en la legislatura, mejor”, aseguraba hace poco la portavoz parlamentaria del PP en esta materia, Carolina España.

Prestación por desempleo

Algo más de dos millones de personas cobran una prestación contributiva o un subsidio por estar en el paro.

La modificación del sistemas de ayudas por desempleo no es algo de lo que se hable recurrentemente, sobre todo a medida que mejora el mercado laboral y se recorta el gasto, que llegó a superar los 31.000 millones anuales. Está previsto que para 2016 baje de los 20.000 millones. Si bien, hay expertos que piden una mayor vinculación entre las políticas activas (de formación) y la percepción de las ayudas, de forma que se limite su cobro si el parado no demuestra activamente que busca un empleo. No obstante, se trata de una medida muy polémica que no parece que ningún partido esté dispuesto a impulsar.

El economista Miguel Ángel García, reclama que las nuevas figuras de atención a los parados, como el programa de activación para el empleo, sea “una renta real para hogares sin ingresos”, ya que tal y como está configurado estaba previsto para casi medio millón de parados con muchas dificultades y en septiembre pasado solo cumplían los requisitos para recibirlo 31.000 personas.

Dependencia

La Ley de atención a personas dependientes ha cumplido en 2015 ocho años en vigor y los expertos coinciden en que su implantación no se ha correspondido con sus expectativas iniciales. Bien es cierto que los recortes de la crisis, a pesar de haber restado financiación a la ley, han propiciado un cambio a la fuerza que responde al espíritu inicial de la norma. Así, las ayudas económicas al cuidador que al principio eran mayoritarias ahora son poco más de un tercio y el 63% son prestaciones de servicios. Tras este cambio los retos son: volver a incrementar su financiación y, sobre todo, articular el sector en materia de empleo y calidad de los servicios.

 

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