La alternativa público-privada
Las fórmulas de cooperación público-privada se perfilan como una opción viable en países que, como Ecuador, buscan fortalecer la necesaria evolución y transformación de los servicios públicos, la ejecución de nuevos programas de infraestructuras y garantizar así la sostenibilidad presupuestaria. El país ha optimizado sus incentivos a la inversión internacional y destaca por ofrecer exenciones fiscales y mayor seguridad jurídica; esta última a través de la firma de un contrato de inversión con el Estado.
A su vez, se enfoca en sectores priorizados como son el forestal, el de alimentos frescos, congelados e industrializados, metalmecánica, farmacéutica, petroquímica, servicios logísticos, biotecnología y software aplicado. Asimismo, con el objetivo de fomentar la política de sustitución de importaciones, hoy en día existen un mayor número de oportunidades de inversión en la industria de textiles, cuero y calzado, electrodomésticos y sustancias químicas, entre otros. Todo esto, enmarcado en un trato igualitario a las empresas, tanto nacionales como extranjeras.
La inversión realizada por el Gobierno de Ecuador en los últimos años le ha permitido al país obtener importantes logros sociales en materia de reducción de la pobreza. Es así que en el periodo de 2008 a 2015 la pobreza decreció un 46%. A esto se suma la disminución de la desigualdad, la cual a junio de 2015 es de 0,45 puntos en el coeficiente de Gini.
A pesar de que el escenario macroeconómico es menos favorable, se estima que la inversión privada se convertirá en el motor del crecimiento económico del país, por ser una significativa fuente de empleo. Así apuntan los números: desde que el presidente Correa asumió el cargo en 2006, se ha incrementado exponencialmente la inversión pública y privada en el país. Sin embargo, el ritmo no ha sido el mismo. Mientras que en 2006 la inversión privada representaba el 81% de la inversión bruta total, en 2014 la cifra se redujo al 50%. Por ello, con el afán de impulsar la tan necesaria asociación pública-privada y reducir así la dependencia del petróleo, hoy el país apuesta al proceso de cambio de la matriz productiva, en donde muchas empresas españolas están ya involucradas.
En 2014 la inversión de empresas españolas representó el 8,81% del total de inversiones extranjeras en Ecuador. Es así como en la actualidad están presentes varias empresas constructoras, de ingeniería y del sector turístico y energético, tales como Repsol, Telefónica, Sacyr, Mapfre y Viajes El Corte Inglés, por solo destacar algunas. El sector turístico ecuatoriano también ha cautivado el interés de empresas españolas, debido a que el número de visitas de extranjeros al país ha tenido una tasa promedio de crecimiento anual del 17%, alcanzando 2,8 millones de visitantes en 2014. Por ello, entre las nuevas inversiones destaca la del grupo NH, que apostó por la apertura de un hotel en pleno distrito financiero de Quito, y que forma parte de la línea de productos premium de la cadena hotelera.
En los últimos años, la presencia española en el país se ha reforzado sobre todo en el sector de infraestructuras. Entre los más representativos se encuentran el metro de Quito, considerado el tercer proyecto más importante del país por monto de inversión. Le sigue la construcción del puente sobre el río Chiche, que reducirá considerablemente el tiempo al trasladarse entre el aeropuerto Mariscal Sucre desde el núcleo urbano de Quito.
Ecuador tiene un gran potencial para las energías renovables y se ha propuesto alcanzar en 2020 el 80% de participación de energías alternativas en la capacidad de generación. Actualmente se construyen ocho plantas hidroeléctricas y una eólica que impulsarán el cambio del modelo productivo que se está llevando a cabo en el país. Varias empresas españolas han optado por proyectos como la planta de tratamiento de aguas de Ibarra y el parque eólico de Huascachaca. Isofotón construye en la actualidad una planta solar fotovoltaica en Quito, y en 2013 entró en servicio la planta de Paragachi, de tecnología española.
Sin embargo, uno de los proyectos más ambiciosos es el plan nacional estratégico de movilidad y transporte. Adjudicado por el Gobierno a Ineco, que alcanzará una inversión de 118.000 millones de dólares, está previsto que esté finalizado en 2017. Ecuador se convierte así en el tercer país de la región que más invertirá en infraestructuras, según el Banco de Desarrollo de América Latina.
José Luis Cabascango es Responsable de la oficina de ProEcuador en Madrid.