Rigor y transparencia en el 'caso Volkswagen'

El escándalo que se ha desatado en Volkswagen tras descubrirse el falseo de las emisiones de CO2 de sus coches en EEUU no sólo ha hundido a la compañía en Bolsa, sino que ha provocado una verdadera tormenta que va más allá de la multinacional alemana y cuyas consecuencias sobre la industria automovilística mundial están todavía por delimitar. Tras admitir que el escándalo puede afectar a 11 millones de sus vehículos en todo el mundo, VW comunicó ayer que provisionará 6.500 millones de euros en las cuentas del tercer trimestre para hacer frente a la investigación que se le viene encima y a las consecuencias que ello traerá consigo. La provisión anunciada, que obligará a la empresa alemana a revisar a la baja su previsión de beneficio este año, podría tener que ser modificada a medida que se conozca el alcance del escándalo. De momento, Volkswagen afronta una multa en EEUU que puede alcanzar 18.000 millones de dólares.

El descubrimiento, a raíz de una denuncia de las autoridades medioambientales de California, de que la compañía instaló un software en sus motores diesel entre 2009 y 2015 que reducía las emisiones contaminantes cuando los vehículos pasaban la inspección oficial, mientras que en su uso diario el montante era 40 veces superior a lo declarado, enfrenta a Volkswagen a una crisis que puede hacer tambalear sus cimientos y los de sus competidores. El desplome que ha vivido la empresa en los mercados –ha perdido en dos días 24.500 millones en Bolsa y acumula en lo que va de año una caída del 41%– ha afectado ya a sus rivales alemanes de marcas premium, Daimler y BMW, que cayeron ayer un 6,02% y un 7,02%, respectivamente. Pero también se ha extendido a empresas que fabrican material relacionado con la poderosa y pujante industria del automóvil, que han sufrido también el castigo de los inversores.

Lo que en principio apuntaba a un escándalo circunscrito al mercado estadounidense ha comenzado a extenderse como una mancha de aceite que ha llegado a las costas de Europa. La canciller alemana, Angela Merkel, reclamaba ayer “transparencia total” para investigar las dimensiones de la crisis, una exigencia que en Alemania se traducirá en una revisión de todos los vehículos diesel comercializados por VW en el país. A ello se ha sumado Francia, que exige la apertura de un expediente en todo el continente para investigar el cumplimiento de la normativa medioambiental por parte de todas las compañías automovilísticas. Un órdago que ayer suavizó la Comisión Europea, al pedir prudencia y más datos antes de sacar conclusiones sobre el caso. Bruselas ha anunciado una reunión con las autoridades nacionales de los estados miembros para analizar la situación y adoptar, en su caso, las medidas oportunas. Unas medidas que deberán ir precedidas de una investigación exhaustiva y pública, que permita detectar las posibles infracciones y, al tiempo, evitar que las sospechas recaigan sobre aquellas compañías que cumplan puntualmente con la legislación.

El caso Volkswagen abre una seria crisis con dos frentes que deben gestionarse con máxima celeridad y rigor. El primero pasa por inspeccionar, detectar y sancionar cualquier incumplimiento de la legislación sobre gases contaminantes por parte de la industria del automóvil, así como exigir las medidas oportunas para corregir el daño causado. El segundo supone llevar a cabo todo lo anterior con la transparencia suficiente como para evitar que este escándalo salpique en su conjunto a toda la industria del motor y penalice de forma global a un sector que es clave para la economía europea. Lo ocurrido en un gigante como Volkswagen vuelve a poner, además, sobre la mesa el déficit de ética y de respeto mínimo a la legalidad que en los últimos años ha manchado la imagen pública del mundo de los negocios. Una crisis cuyas raíces arrancan de una escala de valores en la que el fin –un fin económico– está por delante de los medios. El escándalo de la multinacional alemana debe investigarse bajo una máxima que es válida tanto para el ciudadano como para las empresas y el propio sector público: el respeto a legalidad vigente no es una opción, sino una obligación.