Ingresos, pensiones y deuda pública en un ¿Estado catalán?

La Generalitat no cuenta con un censo fiscal para poner en marcha una Agencia Tributaria eficiente

Grupo de jubilados en Canarias.

¿De dónde saldrían los ingresos tras la declaración unilateral de independencia?

Una de las principales debilidades del discurso soberanista es su optimismo en los ingresos y la financiación que obtendría el futuro Estado catalán el día después de proclamar unilateralmente la independencia. ¿Dónde declararían el IVA trimestral las empresas? ¿Y las retenciones de sus empleados? ¿Qué harían las compañías con sede en Cataluña y en otras comunidades? En el fondo, el principal problema para viabilidad del planteamiento de Mas es que la Generalitat carece de un censo tributario y, por lo tanto, debería confiar en la buena fe del contribuyente para que ingresara la cuota fiscal que le correspondiera a la Agencia Tributaria catalana en lugar de hacerlo en la Hacienda estatal.

La Generalitat ha reconocido el riesgo de un incremento del fraude en los inicios del nuevo Estado. Así, la amenaza real en caso de ir hacia una ruptura por las bravas es que Cataluña no tendría capacidad para financiar su gasto público en la medida en que todo apunta a que registraría una drástica caída de los ingresos. No parece racional creer que, tras la declaración unilateral, la recaudación se mantendría como si nada hubiera sucedido.

¿Sería Cataluña viable a medio plazo?

El votante catalán recibe a diario mensajes contradictorios. Por un lado, los independentistas prometen que un Estado catalán sería algo parecido a la “Dinamarca del Mediterráneo”, un territorio con más calidad de vida, mayor renta per cápita, mejores servicios sociales y más empleo. Otras voces aseguran que la independencia solo conllevaría pobreza y paro. La tesis independentista defiende que no hay motivo para pensar que Cataluña no sería viable como Estado. Y argumenta que la comunidad presenta la economía más abierta de España, cuenta con buenas infraestructuras y tiene una renta per cápita superior en paridad de poder compra a países como Finlandia, Francia, Reino Unido o Italia.

Que un Estado con los fundamentos de Cataluña podría ser exitoso es difícilmente discutible sobre el papel. Sin embargo, la visión idílica de los soberanistas queda en entredicho cuando se baja a la realidad y se constata que las probabilidades de una secesión amistosa y pactada son nulas. Por lo tanto, la independencia de Cataluña pasa necesariamente por una ruptura y es en este contexto cuando el futuro se ensombrece y los números ya no cuadran. La salida de la UE y de la zona euro, el riesgo de fuga de capitales, la caída del comercio, el incremento de la deuda pública o la imposibilidad de financiar el gasto público son escenarios verosímiles en el caso de que exista una ruptura.

El día después de la declaración unilateral de independencia, Cataluña sería probablemente más pobre. Partidarios a la independencia reconocen en privado esa posibilidad, sin embargo, fantasean con que a medio o largo plazo, Cataluña estaría mejor siendo un Estado que una comunidad autónoma. ¿Quién sabe?

Incluso conociendo que existe un peaje en forma de menor bienestar, es posible que parte del electorado en Cataluña siguiera votando a favor de construir un Estado. Lo que no parece razonable es ocultar que la independencia tiene un precio. Y alto.

Junts pel Sí, la candidatura soberanista que integra a CDC y ERC, asegura que si gana las elecciones iniciará la puesta en marcha de “estructuras de Estado” y una de las principales es la creación de una hacienda propia. De hecho, el Parlamento catalán ya aprobó el pasado junio una ley por la que creó la Agencia Tributaria catalana. La intención de la Generalitat era captar funcionarios de la Agencia Tributaria estatal destinados en Cataluña para incorporarlos en el nuevo organismo. Un proceso que ha tenido escaso éxito entre los empleados de la Administración central. El incremento salarial que ofrece la Generalitat no ha servido para atraer funcionarios. El Gobierno central presentó un recurso precisamente para evitar ese posible trasvase de trabajadores que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional esta semana. Ello implica que la normativa queda suspendida. La Generalitat reconoció que la decisión supone un revés a sus aspiraciones de crear “estructuras de Estado”.

La deuda pública catalana suma 66.813 millones y, más de la mitad, son préstamos del Estado

Esto es lo que sucedería con la deuda pública

Los últimos datos del Banco de España indican que la deuda pública de la Generalitat de Cataluña asciende hoy a 66.813 millones de euros, una cifra que equivale al 32,8% de su PIB frente al 23,2% de la media. Cataluña es la tercera comunidad con un nivel de pasivo más elevado. Además, de la deuda pública total de la Generalitat, 37.000 millones son préstamos concedidos por el Estado central a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. Artur Mas legó a señalar que la Generalitat de Cataluña no abonaría la deuda si el Gobierno central no aceptaba la negociación. De hecho, los soberanistas aseguran que Moncloa debería estar interesada en alcanzar un acuerdo ya que, en caso contrario, la Generalitat tampoco asumiría parte de la deuda estatal que, en principio, le correspondería en caso de secesión. El pasivo de la Administración central alcanza los 906.971 millones. A Cataluña le correspondería el 16% de este importe si el hipotético reparto se hiciera en función de la población. La Generalitat también plantea que a la hora de asignar el volumen de deuda se tenga en cuenta el peso del PIB sobre el conjunto o el porcentaje de gasto e inversiones del Gobierno central en Cataluña. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no entra en este debate porque asegura que ello nunca sucederá.

La amenaza de los soberanistas de no pagar la deuda en caso de secesión omite que la Generalitat de Cataluña se financia actualmente a través de los mecanismos de liquidez del Estado a tipos de interés ventajosos. Los mercados de crédito están cerrados para el Ejecutivo catalán o exigen tipos de interés muy elevados. Uno de los riesgos de una ruptura no negociada es que Cataluña no obtendría en el corto plazo los ingresos fiscales suficientes para financiar su gasto público y debería acudir al mercado. Las condiciones crediticias que impondrían los acreedores serían previsiblemente muy duras para un país que ha optado por proclamar la independencia con la oposición del Gobierno.

A pesar del clima político y de la propuesta de independencia, la relación entre la consejería y el ministerio de Hacienda sigue los cursos habituales. Por el incumplimiento del objetivo de déficit público, la Generalitat de Cataluña presentó antes del verano el plan económico-financiero. En este documento, el departamento de Andreu Mas-Colell no hace ninguna referencia al proceso soberanista y se limita a indicar que adoptará medidas para cumplir el objetivo de estabilidad del próximo año. Además, reconoce que la rebaja de los tipos de interés aprobados por el Gobierno para los préstamos facilitados a las comunidades permitirá un ahorro de unos 1.000 millones en 2016. La independencia no aparece por ningún lado.

¿Se pagarían las pensiones?

En la futura Cataluña independiente, las pensiones estarían garantizadas e, incluso, serían mayores. Este es uno de los mensajes que lanzó el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en un acto electoral esta semana. El Ejecutivo indica que la tasa de empleo en Cataluña es más elevada que el resto y, por lo tanto, una Seguridad Social catalana estaría más saneada. Sin embargo, los últimos datos oficiales correspondientes a 2014 indican que los ingresos por cotizaciones generados en Cataluña ascendieron a 14.362 millones y los gastos por pensiones contributivas imputadas a Cataluña sumaron 19.973 millones. Es decir, un déficit de 5.600 millones. Por otra parte, en el caso de una ruptura no negociada, se generaría un problema similar que en el ámbito fiscal. Es decir, las empresas, que son las que ingresan las cotizaciones sociales, deberían decidir si abonar el dinero a las arcas españolas o catalanas. Por otra parte, qué sucedería por ejemplo con jubilados que residen en Cataluña, pero cotizaron en otras comunidades autónomas. Otra dificultad añadida es que la Generalitat carece de la información laboral que está en manos de la Seguridad Social.

Todas estas situaciones, y la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a aceptar la secesión, invitan a pensar que el proceso independentista de Mas difícilmente concluirá con el nacimiento de una Estado catalán. La gestión eficiente de un sistema tributario o de la Seguridad Social en un Cataluña independiente requiere de una improbable colaboración de la Administración central.

¿Cómo afectaría a las ventas?

El efecto que tendría una secesión sobre las relaciones comerciales entre Cataluña y el resto de comunidades autónomas es uno de los puntos que genera más inquietud a los empresarios catalanes. En 2014, las ventas de bienes al resto de España sumaron 38.376 millones, cifra que equivale al 19,2% del PIB catalán. Un informe del Ministerio de Exteriores señaló que la proclamación unilateral de la independencia provocaría una drástica caída de las exportaciones al resto de España, que podrían reducirse a la mitad o, incluso, retroceder un 80%. Economistas favorables a la independencia como Xavier Sala i Martín señalan que si la empresa catalana es competitiva hoy lo seguirá siendo el día después de la independencia. Argumenta que las compañías no deciden sus proveedores en función de la nacionalidad, sino por el precio y calidad.

La Generalitat reconoce que ante un escenario de ruptura cabe esperar el boicot, sin embargo, asegura que éste sería asumible y acabaría por desaparecer. “El boicot perjudicaría no sólo a Cataluña, sino también a España. Si los consumidores de España ya no pueden o no quieren comprar productos que compraban hasta ahora tendrían que escoger alternativas que les reportarían menos satisfacción”, señala un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional. En cambio, Exteriores cita estudios que indican que los costes asociados al “efecto frontera” y el incremento de los aranceles encarecerían en un 44% el precio de las actuales ventas de Cataluña al resto de España, lo que mermaría la competitividad de las empresas catalanas. Además, el Ejecutivo alerta de que la salida de la UE afectaría a las exportaciones a otros países de la UE. Cataluña vendió al exterior bienes por un valor superior a 60.000 millones y más de la mitad tuvo como destino un Estado miembro. Exteriores también alerta de que el interés por invertir en Cataluña caería si quedara fuera de la UE.