A fondo

La CNMC, bajo la lupa de la Unión Europea

Sede de la CNMC.
Sede de la CNMC.

Se puede asegurar sin riesgo a equivocarse, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es un producto de la prepotencia política del Partido Popular que en 2011, antes de llegar al poder, ya comenzó a gestionar una mayoría absoluta que veía asegurada tras las elecciones de noviembre de ese año. No de otro modo se explica la delicada situación, interna y externa, en la que se encuentra un organismo resultado de la fusión con calzador de los antiguos reguladores sectoriales, principalmente, el de la energía (CNE), telecos (CMT) y la autoridad de la Competencia (CNC), que fueron desmantelados para legalizar la expulsión de todos sus consejeros y colocar a miembros afines.

Sin más consenso que el del PP (que lo controla casi en solitario), el PNV y CiU, siempre dispuestos a sacar tajada de los reguladores con su mínima representación (no en vano la sede de la antigua CMT está en Barcelona), el Gobierno de Mariano Rajoy, con la batuta de Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, y la tutela de los ministros de Economía e Industria, diseñó un organismo cuya independencia acaba de ser cuestionada por el Tribunal Supremo.

El Gobierno tuvo la mala suerte de que dos de los miembros del consejo de la CMT, su presidente, Bernardo Lorenzo, y uno de sus vocales, Xabier Ormaetxea, recurrieran la suspensión anticipada de sus mandatos sin justificación legal. Y de que, finalmente, este haya planteado, tal como pedían los recurrentes y que todos daban por hecho, varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Aunque con una demora de un año y medio sobre lo previsible, el 3 de julio, el Supremo dictó un auto en este sentido. Un retraso que se explicaría por las esperanzas puestas por el Alto tribunal en que la Comisión Europea abriese antes un expediente a España o de que el Gobierno buscara un pacto con los afectados o la oposición.

Los abogados del Estado dan casi por hecho que la sentencia será favorable a los recurrentes a la vista de la doctrina sentada sobre un caso similar en Hungría (concretamente, por los ceses en la agencia de protección de datos de este país) y de lo establecido en la directiva sobre telecos, que ha obligado al Supremo a pedir la opinión de la UE. Hay quien considera incluso que el fallo del caso húngaro, de mucha menor trascendencia que el español, apuntaba ya “hacia la maniobra del Gobierno de Rajoy para crear la CNMC”.

Contraria a la directiva

La situación se complica para el organismo que preside José María Marín y el Gobierno que lo creó, pues además de cuestionar el cese anticipado de los mandatos en vigor de los consejeros y si ello vulneraría su independencia, el Supremo va más allá al preguntar al Tribunal de Luxemburgo si la supresión en sí de los reguladores sectoriales y su fusión en un organismo no especializado, es contraria a la directiva de la UE sobre telecos. Dado que los recursos fueron presentados por miembros de la CMT, el auto no entra en otros ámbitos, como Energía o Competencia, pero políticamente las dudas se extienden a todos ellos.

Aunque el fallo tardará más de un año, y sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, al PP solo le queda buscar un acuerdo político con otros partidos para, como poco, restituir en su puesto (o similar), a los destituidos en 2012 y, en última instancia, cambiar la ley.

Mientras tanto, el supervisor se enfrenta a un cisma interno producto quizás de su magna estructura. La CNMC no solo está dividido en dos salas (la de Competencia, presidida por Marín, y la de Regulación, por la vicepresidenta, María Fernández), sino en dos frentes: uno encabezado por el primero y otro, por la vicepresidenta, a la que respalda el director de Energía, Fernando Hernández. Por otro lado, la actitud díscola y conflictiva de dos consejeros de Regulación, ha impedido la rotación anual de los consejeros entre salas que prevé la ley.

La CNMC tiene a sus espaldas la suavidad y entrega con que dictaminó la multitud de normas de la reforma eléctrica, muy especialmente, el decreto de renovables, cuyo informe fue sometido a una segunda revisión favorable a las tesis de Industria. Y, aunque en los últimos tiempos se ha mostrado más beligerante con el Gobierno (que, por otro lado, le ha hurtado algunas de sus potestades sobre las tarifas eléctricas) y las empresas (con numerosas multas a cárteles sectoriales) no se descarta que todo ello forme parte de una estrategia para marcar distancia con un Ejecutivo en retirada y aplacar las sospechas de falta de independencia que, ahora sí, analiza con lupa la UE.

Normas