Un gravamen del 22% sobre las grandes cuencas dificulta la realización de nuevos proyectos

Los impuestos golpean a la hidráulica

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La hidráulica española ha sufrido este año un golpe fuerte, debido al gravamen del 22% por el uso de recursos de dominio público, que afecta a las grandes cuencas de agua. Eso y la crisis han frenado los nuevos proyectos de una energía cuya mejor baza es su flexibilidad respecto a otras renovables.

La ley de medidas fiscales que entró en vigor el 1 de enero de 2013 establecía nuevos tributos al sector eléctrico y al gas con los que el Gobierno aspiraba a compensar el déficit de tarifa. Entre ellos, figuraba un canon por la utilización o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, que se aprobó en marzo de este año con carácter retroactivo –desde 2013– y afecta solo a las cuencas que discurren por varias comunidades autónomas.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de Unesa (la patronal eléctrica) y la Asociación de Productores de Energías Renovables contra el decreto. El canon se une, recuerdan desde Unesa, a un impuesto del 7% sobre los ingresos de la venta de electricidad con cualquier tipo de tecnología, también incluido en la ley de 2013.

“Un nivel impositivo de casi un tercio del valor de la producción junto con otros gravámenes autonómicos y otras restricciones a la explotación por distintos motivos”, subrayan en Unesa. “Están poniendo en una situación muy complicada a una de las principales fuentes de energía renovable y autóctona en nuestro país”. Los proyectos de cierto tamaño, señalan, “son sencillamente inviables con ese nivel impositivo adicional del 22%”, añaden.

Al cambio regulatorio se une la contracción de la demanda eléctrica, que cayó un 8,2% entre 2008 y 2014. “El parque hidroeléctrico, como todas las actividades eléctricas, ha tenido que ajustar sus presupuestos operativos, aquilatando costes y optimizando recursos, pero sin descuidar el mantenimiento de los equipos y la seguridad de las instalaciones”, afirman desde Unesa. Lo que sí se ha producido es la ralentización de algunas nuevas centrales y “otros son simplemente inviables con la reforma”.

Jaime Segarra, presidente de la comisión de energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, señala que los proyectos hidráulicos, como “cualquiera que implique inversiones relativamente importantes (peso del coste de capital en el coste total de generación)” se ve afectado, pues generan incertidumbre e impiden calcular los retornos de la inversión.

Las explotaciones hidráulicas, que dependen del nivel de lluvias, aportaron en 2014 el 15,5% de la energía total en España. En esta cifra se incluyen las grandes centrales y la minihidráulica, no el bombeo. En cuanto a la potencia instalada, representó el 19,5%, esta vez sí, incluyendo el bombeo.

Las que se están viendo más afectadas son las centrales de bombeo que, además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tienen la capacidad de hacerlo a la inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua (subiéndola a un embalse) consumiendo para ello energía eléctrica. Así, pueden utilizarse como un método de almacenamiento de energía, para ajustar las horas valle y punta.

Una energía que se reivindica

La principal ventaja de la energía hidráulica frente a otras renovables es que su variabilidad es estacional, no horaria ni diaria, como en la eólica y la solar. E incluso en el caso de las centrales de bombeo se nota mucho menos, señala Yolanda Moratilla, presidenta del comité de energía del Instituto de la Ingeniería de España.

La hidráulica, añade, puede jugar un papel importante favoreciendo la penetración de otras renovables a través del almacenamiento mediante el sistema de bombeo.

Entre sus desventajas, se considera que las cuencas están saturadas de centrales, por lo que los desarrollos se centran en completar las existentes con sistemas de bombeo. “La minihidráulica sí podría ampliarse, pero es más cara”.

Jaime Segarra, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, añade que las instalaciones “a veces generan rechazo social ya que solo queremos las ventajas de la energía”.

Además, a veces pasan más de una decena de años desde que se conciben hasta que entran en funcionamiento. La tramitación y la obtención de permisos en muchos casos requieren más tiempo que la propia construcción, señalan desde Unesa.

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