Golpe de gracia al autoconsumo eléctrico

El sector cree que la regulación desincentivará el autoconsumo Choca con la normativa europea de fomento de estas instalaciones y la eficiencia

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El Ministerio de Industria remitió la semana pasada para su informe a la CNMC el proyecto de real decreto por el que se regulan “las condiciones administrativas, técnicas y económicas” del llamado autoconsumo eléctrico. Nunca un texto legal fue tan equivalente a un certificado de defunción de la actividad a la que pretende regular como el que el Gobierno acaba de dar a conocer para disgusto de asociaciones fotovoltaicas y de consumidores, entre otras.

Prácticamente en línea con el borrador publicado en el marco de la reforma eléctrica de julio de 2013, el ministerio que dirige José Manuel Soria mantiene el polémico peaje de respaldo para esas instalaciones. Si bien, ahora se desglosa en dos: por un lado, el peaje (propiamente dicho) de acceso a las redes con el que se pretende que los autoproductores contribuyan a “los costes de las redes de distribución y transporte”, que abonarán “por el uso real que se haga de ellas” y, por otro, un “cargo asociado” al resto de costes del sistema.

En este caso, Industria considera que todos los consumidores (tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, como es el caso) deben sufragar el maremagnum de costes que abarrotan los peajes eléctricos, como son la retribución a las energías renovables, los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares, los pagos por capacidad o las cuotas de la hipoteca del déficit de tarifa. Estas cargas se suman al peaje sobre el término de potencia que el sector siempre aceptó por considerarlo justo.

El Gobierno siempre ha apelado a la solidaridad a la hora de exigir al autoconsumo una contribución a los costes del sistema pues, de lo contrario, la financiación de estos la soportaría el resto de usuarios, que pagarían relativamente más al irse aquellos “de rositas”. Un situación que, además, perjudicaría a los consumidores más vulnerables al prejuzgarse que solo los que tienen mayores rentas pueden invertir en instalaciones solares para su autoconsumo.

El Gobierno apela a la solidaridad con el resto de usuarios para imponer un peaje de respaldo al autoconsumo

El punto de partida se sitúa al borde del precipicio:si el autoconsumidor ha de asumir los abultados costes del sistema ya que, además, va a contribuir a reducir sus ingresos, la regulación nace muerta. Y si se admite el principio de solidaridad, siempre resultará imposible fomentar el autoconsumo de energía en un sistema tarifario plagado de costes ajenos y abusivos.

Aunque el ministerio ha incluido alguna excepción graciosa al pago del peaje de acceso, como es el caso de los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla por considerar que el autoconsumo reduce los costes de producción de estos sistemas eléctricos aislados, esta es solo transitoria (durante cuatro años), lo que no incentivará las inversiones.

Además de establecer distintas modalidades de autoconsumo de energía eléctrica (entre otras, la de potencias no superiores a 100 kW cuando se trate de un solo punto de suministro o para instalaciones asociadas en distintos puntos, independientemente de la potencia), el real decreto fija otras exigencias que llevarán al desánimo del inversor, según los más críticos.

Entre otras, se obliga al autoproductor que no genere energía suficiente para abastecerse, a contratar en el mercado libre y no con una comercializadora de referencia, lo cual implica que no podrá disfrutar, en su caso, del bono social. Las comercializadoras de referencia son las que están habilitadas por ley a suministrar a los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW con el nuevo precio horario (el PVPC o antigua tarifa de último recurso). Solo los usuarios que tienen este derecho y lo ejercen pueden optar al bono social (siempre que, a su vez, formen parte de determinados colectivos. Los defensores del autoconsumo han criticado esta medida que consideran retroactiva pues afectará también a las instalaciones ya existentes. En estos momentos, al no existir un registro, se desconoce cuántas existen.

Otra medida disuasoria, y también retroactiva, es que sea cual sea el tamaño de la instalación, el interesado debe realizar un estudio de punto de conexión, que podría resultarle más caro que el propio panel.

El decreto choca con la normativa de fomento de la producción individual, las pequeñas instalaciones y la eficiencia energética

Más allá de las distintas modalidades, el decreto define el autoconsumo como la generación “a nivel local, procedente de instalaciones conectadas en el interior de la red del consumidor o a través de una línea directa”. Este puede consumir toda la energía o verter sus excedentes a la red, si bien, no podrá cobrarlos, salvo que la compañía eléctrica decida pagárselos.

Aunque las instalaciones aisladas (sin conexión a las redes) no estarán afectadas por esta regulación, el decreto también estrecha el cerco sobre ellas. Y es que no se considerarán aisladas aquellas que hayan sido “desconectadas a la red mediante “dispositivos interruptores o equivalentes”.

Todo ello y las duras sanciones que se impondrá a quien incumpla la nueva normativa hacen augurar un negro futuro al autoconsumo. Un sistema “que no interesará a nadie, salvo a algunas industrias”, opina un experto.

Los afectados atribuyen al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, la paternidad de una norma (una de las pocas de la reforma aún sin aprobar) con su personal marchamo “antisolar”. Y que, dada su impopularidad, la ha querido aprobar ya a una cierta distancia de las próximas elecciones generales.

El contenido del decreto choca de plano con la normativa europea y española de promoción de pequeñas instalaciones; de fomento de la producción individual o de eficiencia energética “en virtud” de la cual ha sido elaborado aquel.