Tribuna

La recuperación pasa por los puertos

Nuestros puertos son clave para las exportaciones españolas –uno de los principales drivers de la recuperación económica–; tienen una importancia capital en su función de coadyuvar al desarrollo socioeconómico de España. El sistema portuario español se enfrenta a importantes retos, aunque si todos los agentes implicados aúnan esfuerzos, las actuales debilidades se pueden convertir en fortalezas, y las amenazas del entorno competitivo en oportunidades.

En España hay 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos, que mueven alrededor de 480 millones de toneladas al año, aportando un 20% al PIB específico del sector de transportes y un 1,1% del total del PIB nacional y generando más de 150.000 empleos, entre los directos y los indirectos. La sobrecapacidad existente en el sistema portuario español, consecuencia del exceso de financiación europea y de la estructura de gobierno de las autoridades portuarias, es responsable, entre otros, del empeoramiento de la competitividad del sistema portuario español. El nivel de utilización de las infraestructuras portuarias españolas está por debajo del 36% de las infraestructuras disponibles, cuando el rango óptimo de utilización de infraestructuras está en los entornos del 80%. Parece razonable que, antes de enfocar esfuerzos en nuevas infraestructuras que lastran la competitividad, habría que tratar de maximizar las disponibles.

El perfil de los grandes inversores y operadores en los puertos españoles, agrupados bajo la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), es muy interesante y atractivo para el titular del activo, en el caso de España, representado por la Administración pública. Son inversores que miran a largo plazo por su propia naturaleza: familias que llevan varias generaciones en el sector, fondos de pensiones, de infraestructuras, etc.; que tienen un perfil más atractivo que otros cuyo horizonte de inversión y expectativas de retorno hacen que sus intereses no estén alineados con el titular del dominio público portuario. El Estado debe ser consciente de la importancia de generar un marco regulatorio que permita atraer el perfil de inversor que mejor se ajuste a los intereses de todos los españoles.

Los inversores y operadores portuarios en España han sido los que han soportado el efecto de la profunda crisis en el sector portuario. Desde 2008 hasta hoy, el nivel de pérdidas en términos de tráfico respecto de las previsiones es equivalente a un ejercicio de tráfico entero; mientras que los ingresos públicos de las autoridades portuarias han aumentado durante esta etapa, fundamentalmente por el valor del suelo –que en muchos puertos se mantiene en valores precrisis– y por el establecimiento de tráficos mínimos por los que el concesionario paga a la Administración con independencia del tráfico real. Es precisamente el coste del suelo, junto con los costes laborales del sistema de manipulación de mercancías, uno de los factores que más competitividad restan a los puertos españoles y, por ende, a la propia economía española.

La sobrecapacidad puede convertirse en una oportunidad para atraer determinados tráficos de otros países, lo que implicaría generación de valor añadido bruto y generación de empleo para España. Para ello, y para solucionar los problemas descritos anteriormente, es indispensable competir en las mismas condiciones que otros puertos europeos y de nuestro entorno competitivo. Uno de los aspectos más claros y claves es poder amortizar las inversiones en el mismo plazo que nuestros competidores; en España, el plazo máximo de una concesión en un puerto es de 35 años, mientras que en el resto de Europa se llega a los 70. Hay que reconocer el esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno con la aprobación de la Ley 18/2014, de aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, que permite extender los plazos concesionales hasta 50 años. No obstante, el éxito vendrá condicionado por la aplicación de dicha ley.

No parece razonable, en este sentido, exigir nuevas inversiones con el actual escenario de sobrecapacidad, que mermaría la competitividad de los puertos con un doble efecto: restaría competitividad a las exportaciones e importaciones españolas y se continuaría perdiendo tráficos de transbordo en detrimento de otros países de nuestro entorno competitivo. Lo razonable sería, tal como prevé la ley, vincular las extensiones de las concesiones al reconocimiento de sobreinversiones efectuadas en el pasado y haciendo posible que el concesionario aplique mejoras de competitividad que impacten sobre el cliente final.

España ha sido siempre un referente internacional en materia portuaria, y reteniendo el perfil de los actuales inversores y operadores en el sistema portuario español con un marco legal adecuado y condiciones flexibles en su aplicación se podrán lograr los objetivos señalados. La misión común debe ser el fortalecimiento de la economía española, favoreciendo la competitividad de las empresas españolas que exportan a través de los puertos, generando valor añadido bruto y creando empleo sostenible. Mejorando la competitividad de los puertos, la sobrecapacidad puede dejar de ser una debilidad para convertirse en una fortaleza. España tiene una oportunidad extraordinaria para consolidar su recuperación y salir reforzada de esta crisis, y los puertos españoles deben jugar un papel capital en este objetivo común. Decía Ortega y Gasset que “solo es posible progresar cuando se piensa en grande y que solo es posible avanzar cuando se mira lejos”. Este es el momento de ser ambiciosos, de mirar lejos y de pensar en grande para los puertos españoles.

José Luis Almazán es vicepresidente ejecutivo de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, PIPE

Normas