Medidas para mejorar la transparencia

Hacienda evitará abusos en la contratación pública con la publicidad e internet

 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro EFE

El anteproyecto de Ley de Contratos Públicos incluirá medidas para aligerar los trámites y mejorar la transparencia al obligar a que las adjudicaciones se gestionen siempre por vía electrónica y con publicidad, con el fin de evitar abusos en las licitaciones.

En un encuentro con la prensa, la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, ha defendido que estas y otras medidas persiguen “que la contratación pública sirva para modernizar la administración y la propia sociedad”.

Platero ha indicado que el Gobierno apuesta por restringir la aplicación de la negociación sin publicidad al eliminar el supuesto de razón de cuantía.

Según la responsable de Hacienda, hay ocasiones en las que el supuesto de no publicidad puede estar justificado (por ejemplo, cuando sólo hay un proveedor en el mercado), pero que siempre dejaba lugar “a la duda” sobre si podía haber “un uso abusivo”.

Todas las adjudicaciones de más de 18.000 euros deberán publicitarse según la nueva ley que se está tramitando

Ha indicado que en 2014, el 42% de las licitaciones anunciadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público se tramitaron a través de la vía del procedimiento negociado sin publicidad.

Hasta ahora, el procedimiento negociado sin publicidad podía aplicarse a contratos de hasta 60.000 euros en servicios y suministros y hasta 200.000 en obras, baremos que en la nueva normativa desaparecen por lo que todas las adjudicaciones superiores a 18.000 euros (el límite de las “contrataciones menores“) deberán publicarse.

En su lugar, la nueva ley creará un procedimiento abierto simplificado, que se tramitará en un plazo máximo de un mes y que garantizará su publicidad en internet.

Además, la nueva normativa sobre contratación pública también afectará a partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y otras organizaciones que se financian mayoritariamente con dinero público.

El anteproyecto también pretende aligerar los trámites y reducir las cargas administrativas a través del fortalecimiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público en internet, que junto a las ofertas del Estado incorporará en el futuro las de las comunidades autónomas, si no tienen una plataforma propia, y las de los ayuntamientos que estén interesados.

Asimismo, las empresas licitadoras sólo deberán elaborar una declaración responsable como primer paso para presentarse al proceso de adjudicación.

Otro de los principales objetivos de la reforma es el estímulo a la competencia con medidas que, según Platero, “son un guiño especial a las pymes”.

De esta manera, el objeto de la contratación pública se dividirá en lotes para que todas las empresas puedan acceder a cada parcela de la adjudicación en igualdad de condiciones.

Por otra parte, el anteproyecto pretende combatir la morosidad al introducir el periodo medio de pago dentro de los criterios de valoración de la solvencia.

Platero también ha destacado que el Gobierno apostará por la I+D cuando el mercado no satisfaga las necesidades de determinados contratos públicos, por lo que el Estado financiará una primera fase del procedimiento en la que las empresas licitadoras podrán investigar antes de afrontar una segunda etapa de adjudicación final.

Por último, la Administración prohibirá a las empresas ganar un contrato público si incumplen la normativa acerca de trabajadores con discapacidad (2 % para sociedades con más de 50 empleados).

 

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