Invertir en las personas

El reciente informe de la Fundación BBVA y el IVIE, La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Trayectoria reciente y escenarios futuros, nos recordaba que los grandes retos que tenemos planteados frente al drama del desempleo juvenil se encuentran claramente vinculados a las políticas de educación y formación, especialmente para los jóvenes provenientes de las familias más vulnerables; y no solo eso, sino que las transformaciones asociadas a los cambios tecnológicos acentúan la trascendencia e importancia de la formación como garantía de un empleo digno y de calidad para las generaciones jóvenes de hoy, adultos, mañana y pensionistas, pasado mañana.

En este sentido, la polarización del sistema educativo es un desafío de primera magnitud. Con cifras de 2011, el porcentaje de la población de entre 25 y 35 años que había alcanzado un nivel de educación primaria y secundaria básica representaba un 35%, en el caso de la educación secundaria superior era de un 26%, y en el de la terciaria alcanzaba el 39%, frente a las medias de la OCDE, que eran de un 18%, 43% y 39%, respectivamente. Nuestro reto no es un elevado número de universitarios, sino un exceso de personas que han abandonado prematuramente el sistema educativo y la escasez de personas con formaciones medias.

Frente a esta realidad, el reciente decreto-ley que modifica la formación profesional para el empleo es una nueva reforma fallida. La formación y el empleo requieren políticas de proximidad, son las políticas activas de empleo que han padecido un enorme recorte de más del 50% desde la llegada de Rajoy al Gobierno, y continúan siendo el reto pendiente de la política laboral en España. En el Estado español se practica una política laboral que continua concentrando y malbaratando recursos en la subvención del empleo, utilizando incentivos a la contratación en forma de bonificaciones y deducciones en las cuotas que se han demostrado y evaluado como ineficaces, y que a la vez olvida las inversiones que permiten la atención personalizada a los desempleados, la formación de los tutores de las empresas, los orientadores laborales en los centros educativos o los dispositivos de “segunda oportunidad” para los jóvenes que han abandonado el sistema.

Nos hallamos ante una reforma que se obsesiona en el control administrativo de los recursos, en la burocrática gobernanza del sistema, en el reparto centralizado de los fondos para la formación y, una vez más, en imponer una nueva recentralización, una práctica a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Es una reforma que parece olvidar el abordaje de las medidas necesarias para hacer frente a las graves carencias en competencias de nuestros jóvenes, a los mecanismos de “segunda oportunidad” para aquellos que han abandonado el sistema educativo y a las respuestas, imprescindibles en materia de formación de los jóvenes trabajadores, a las necesidades del aparato productivo y las nuevas realidades laborales.

Las políticas de proximidad se han recortado más del 50% y son el reto pendiente de la política laboral

Ciertamente, los sucesivos casos de corrupción y malversación de recursos asociados a la gestión de los fondos de formación exigían un nuevo marco legal orientado a prevenir, evitar y sancionar con mayor dureza esas conductas, pero no puede confundirse la corrección de malas prácticas, con la implantación de peores sistemas. Los retos de la formación para el empleo constituyen el principal instrumento en la mejora del capital humano y su empleabilidad y demandan un planteamiento más ambicioso y estructural que el aprobado en solitario por el Gobierno, sin acuerdo con los interlocutores sociales ni con las Comunidades Autónomas.

Apuntemos algunas ideas en este ámbito que podrían ser útiles:

• Reconocer de manera efectiva, y en la dirección de la jurisprudencia constitucional, el carácter de competencia ejecutiva de la materia, y permitir en el ámbito autonómico, los acuerdos entre empresarios, trabajadores y administración para que puedan desarrollar sus propios modelos, adaptándose a la realidad de su tejido empresarial y garantizando una efectiva territorialización de los recursos destinados a ello.
• Máxima flexibilidad para las empresas, permitiendo una formación adaptada a sus necesidades a corto y largo plazo, superando una concepción burocrática y obsoleta de la oferta formativa, especialmente en los supuestos de actualización y reciclaje profesional.
• Reconocer la especificidad de las pymes y las microempresas, permitiendo la acumulación interanual de los créditos formativos, la agrupación de empresas para su gestión colectiva, la simplificación del régimen de bonificaciones y el apoyo económico en la sustitución de trabajadores en formación.
• Implicar a la empresa y los trabajadores en el esfuerzo de formación con una política fiscal que estimule las inversiones de ambos, con las correspondientes deducciones fiscales en el IRPF para las personas y en el Impuesto de Sociedades para las empresas.
• Fomentar la cooperación entre centros de enseñanza y empresas, buscando una efectiva vinculación entre la oferta formativa y las necesidades de empresas y trabajadores.
• Fomentar la formación para la creación de empresas con el objeto de disminuir la excesiva mortalidad de los nuevos proyectos empresariales.
• Apostar por el conocimiento de las lenguas de la Unión Europea.
• Contemplar la vinculación con el sistema universitario, teniendo en cuentas las necesidades de los trabajadores con formación terciaria.
• Evaluación de impacto de las actividades formativas de manera transparente, buscando la calidad de la oferta formativa, su vinculación a las necesidades de las empresas y la efectiva mejora de la empleabilidad de los trabajadores, incluida la financiada por la vía de las bonificaciones en las cotizaciones sociales de las empresas.
• En paralelo a la reforma de la formación profesional para el empleo, poner en marcha un ambicioso programa de formación y empleabilidad de los jóvenes menos preparados. Es mejor invertir en ellos siendo jóvenes que tener que subvencionarlos después, de por vida. 

Todo ello, desde la convicción de que tanto la mejora de la productividad del tejido empresarial como el modelo de la flexiseguridad del mercado de trabajo al que aspiramos están directamente vinculados a las inversiones en el capital humano de las empresas, que son los trabajadores, y de que no puede haber progreso colectivo y personal sin fuertes inversiones en las personas y en sus capacidades profesionales.

Carles Campuzano es diputado de CIU