Declaraciones del expresidente de Bankia a Cinco Días

Rato: “Cambiar el administrador de una sociedad es una cosa corriente”

Rodrigo Rato, a la salida de su domicilio.
Rodrigo Rato, a la salida de su domicilio.

El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, asegura que todas las empresas de las que es titular “están correctamente declaradas a Hacienda”. Insiste en que no tiene “ninguna comunicación ni ninguna inspección abierta por Hacienda”, ni cuenta con un patrimonio de 27 millones de euros, según lo que ha trascendido hasta ahora de la investigación. Asegura, además, desconocer como funciona el Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), organismo dependiente de Economía que también ha abierto una investigación sobre la fortuna del exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar.

El que fuera también expresidente de Bankia afirma en declaraciones a CincoDías que todas “mis cuentas están en Europa continental, y de ellas el 80% se encuentran en la Comunidad de Madrid y repartidas en cuatro entidades bancarias. Tampoco tengo cuentas en Reino Unido”. Niega también tener 78 cuentas repartidas en 13 bancos, como ha detectado la Fiscalía. También rechaza que tenga “cuentas en paraísos fiscales”. Reconoce que tiene una sociedad en Reino Unido, y cuando se le pregunta si en los dos últimos años ha cambiado alguna cuenta o administrador de sus sociedades, es tajante. “Desde octubre de 2013 no he cambiado la titularidad de ninguna sociedad o cuenta. Eso sí, he hecho ampliaciones de capital en algunas sociedades, pero no he donado, cambiado ni he procedido al alzamiento de ningún bien”, remarca Rato.

Crece la presión para que Alarcó salga de Paradores

El hecho de que la Fiscalía de Madrid incluyera en su escrito las sospechas vertidas por la Agencia Tributaria contra empresas y sociedades en las que figuran como titular miembro su exmujer, María Ángeles Alarcó, actual presidenta de la empresa pública Paradores de Turismo, no ha hecho sino elevar la presión para que abandone su cargo. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del que depende esa empresa, se guardaba silencio ayer y se instó a esperar acontecimientos, lo que despertó los rumores sobre una salida inminente. Algo que no se había producido al cierre de esta edición y de lo que intentó desligarse el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quién aseguró, a preguntas de los periodistas, que desconocía si la exesposa de Rato había puesto a disposición del Gobierno su cargo de presidenta de Paradores.

Reconoce, no obstante, que ha podido cambiar algún administrador de sus sociedades en los dos últimos años. “Cambiar un administrador es algo corriente, es típico. No veo nada extraño en ello”, explica. Estas declaraciones coinciden con la decisión de los abogados que le defienden de personarse en el caso “para poder hablar con el juez”.

Las cuentas de Rato están bloqueadas desde el viernes pasado. Rato, además de estar acusado de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude, tiene otras causas abiertas con la justicia relacionadas con Bankia y por el que se le reclama una fianza de 135 millones de euros, que el banco aportó para afrontar posibles responsabilidades por supuestos delitos en su salida a Bolsa en julio de 2011. Sobre esta cuestión el expresidente del banco afirma que “ya les contestaré que tienen que hacer ellos (en relación a Bankia)”, y prefiere no contestar al ser preguntado si ha reclamado o existe posibilidad de que Mapfre haga frente a parte de su fianza.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción investigará desde ahora a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes ante “la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos” que se le atribuyen. El decreto que firmó ayer la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para atribuir la competencia a Anticorrupción subraya que el caso “se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato”. Además, justifica la competencia de la Fiscalía Especial en la “especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados”.

También recuerda que Rato se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional por el caso Bankia y la pieza de las tarjetas opacas, de las que “pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir”.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en el que recayó inicialmente la denuncia de la Fiscalía de Madrid, acaba de inhibirse a favor del juez Andreu. El magistrado en un auto dictado ayer advirtió del “riesgo” de que los imputados en el caso Bankia a los que impuso una fianza de 800 millones por presuntas irregularidades en su salida a bolsa, entre los que se encuentra Rodrigo Rato, “pretendan eludir esa obligación ocultando sus bienes”.

La Audiencia Nacional revisará el viernes la fianza de 800 millones

La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el próximo viernes una vista para estudiar los recursos interpuestos por Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y cuatro antiguos miembros de la cúpula del grupo financiero, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, contra la fianza civil de 800 millones impuesta en la causa sobre su fusión y salida a Bolsa.

Los magistrados deliberarán a puerta cerrada sobre la fianza en concepto de responsabilidad civil, acordada el 13 de febrero por el juez Fernando Andreu para asegurar las eventuales responsabilidades que se deriven de una eventual sentencia condenatoria. En su auto, el juez les dio un plazo de un mes para depositar el dinero de forma solidaria, con la advertencia de que si no embargaría sus bienes hasta cubrir esa suma.

La entidad, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, adelantó ese importe y envió un requerimiento notarial a sus cuatro ex altos cargos (Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) para que aportaran en un mes su parte proporcional, 133,3 millones cada uno de ellos. El plazo para que respondan vencía a finales de marzo y Bankia amenazó con reclamar el dinero en los juzgados de lo civil y solicitar el embargo de sus bienes si no pagan, según informaron a Europa Press fuentes del grupo. Anticorrupción y el FROB se opusieron a esa medida cautelar advirtiendo del impacto negativo que podría tener en el precio de la acción y en los propios inversores.

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