El visto bueno de la CE reduce el riesgo de una posible anulación retroactiva

Bruselas aceptó el aval a los crédito fiscales y negó que fueran ayudas

Bruselas / Madrid
El que fuera comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
El que fuera comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.

Por escrito, y no una vez sino varias, la Comisión Europea descartó el año pasado que el aval del Estado español a los créditos fiscales de la banca española pudiera infringir las normas europeas sobre ayudas de Estado.

El entonces comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, señaló en respuesta a preguntas parlamentarias relativas a los llamados DTA que “la Comisión no tiene indicio alguno de que las medidas del Gobierno español sean materialmente selectivas y, por lo tanto, que pueda haber ayuda estatal”.

Poco después, en otra respuesta parlamentaria y también por escrito pero en inglés, Almunia argumentó que los beneficios fiscales aprobados por el Gobierno español tienen un carácter “general” y “están disponibles para todo tipo de empresas”.

Aquellas respuestas de Almunia a las preguntas del eurodiputado liberal, Ramón Tremosa (de Convergencia), y del Verde, Sven Giegold, reducen ahora significativamente el margen de las autoridades europeas para investigar un régimen fiscal que, además de España (desde 2013), aplican Italia (2011), Grecia y Portugal (ambos desde 2014).

La Comisión Europea confirmó la semana pasada que ha solicitado información a las autoridades de esos cuatro países “para saber cómo funciona el régimen y verificar si supone una ayuda de Estado”. El departamento de la nueva comisaria de Competencia, Marghrete Vestager, insiste en que no ha abierto una investigación formal y que “no tiene aún ninguna opinión formada al respecto”.

La investigación, de llegar a abrirse, tendría un alcance limitado, al menos en el plano temporal, porque las respuestas de Almunia permitirán invocar al sector una “confianza legítima” en la legalidad de la medida, un eximente que ya se ha esgrimido en otros casos de ayudas de Estado como los créditos fiscales del sector naval o la amortización del fondo de comercio en las fusiones transnacionales.

La banca española ya maneja en su poder este argumentario, según confirman fuentes del sector, mientras que las autoridades mantienen públicamente su convicción de que la investigación no llegará a abrirse.

Así lo expuso ayer el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quien aseguró que “no hay riesgo” de que Bruselas abra pesquisas porque el modelo español está “absolutamente en conformidad” con la legislación europea. Tesis que también comparte Economía, donde aseveran que de momento solo hay sobre la mesa “un mero cuestionario”.

Sospechas

Bruselas, sin embargo, no oculta sus dudas sobre una norma que permitió, en contra de lo que fija la nueva normativa financiera de Basilea III, computar como capital los activos fiscales de la banca. Estos son potenciales reducciones del impuesto de sociedades, generadas por pérdidas o provisiones, que una empresa puede reclamar ante Hacienda cuando entra en beneficios. Activos que la banca ha visto multiplicarse durante la crisis ante las enormes pérdidas sufridas y los ingentes saneamientos exigidos.

Según cálculos del sector, el aval del Estado ha permitido a la banca española conservar como capital Tier 1 unos 40.000 millones de euros. Cerca del 18% del capital de todo el sector.

La supresión del aval público obligaría a los bancos a reducir progresivamente (a razón del 10% anual hasta 2023) el cómputo de esos activos como capital Tier 1 y a sustituirlos por otros recursos.

El BCE tampoco disimula su intención de acabar con esa excepción, para forzar a la banca a cumplir los ratios de solvencia con capital procedente del mercado. La banca española exige que ese cambio se supedite a la supresión de otras excepciones similares de las que se beneficia el resto del sector europeo. El propio supervisor estima que, gracias a esas excepciones, la banca europea (incluida la española), sumó 126.200 millones de euros en capital Tier 1, mejorando su ratio de solvencia en más de un punto.

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