El sector financiero español se juega 40.000 millones de capital

Bruselas investiga si es legal el aval español a los créditos fiscales de la banca

Bruselas / Madrid
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. EFEArchivo
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. EFE/Archivo EFE

El último gran plan de apoyo del Estado español a la banca está en entredicho. La Comisión Europea investiga concretamente si el aval con deuda pública de los créditos fiscales del sector es una ayuda ilegal.

Así lo ha confirmado esta mañana un portavoz de Bruselas, citado por Efe, que aclara que las pesquisas afectan a las soluciones similares ofrecidas por los Gobiernos de Italia, Portugal y Grecia.

La entrada en vigor de la normativa financiera Basilea III, en enero del año pasado, suponía que los créditos fiscales dejaban de computar como capital en los balances del sector, abocando a las entidades a un importante impacto en su solvencia apenas meses antes de una nueva ronda de test de estrés destinada a despejar las dudas del mercado.

El Gobierno español, como el de otros países, logró solventar este nuevo peligro para la estabilidad de su sistema financiero ofreciendo un aval público sobre dichos créditos fiscales (DTA por sus siglas en inglés), lo que supuso mantener vivos 40.000 millones de euros en el capital de la banca española.

La decisión, adoptada en Consejo de Ministros a finales de 2013, queda ahora en entredicho ante la percepción de las autoridades europeas de que este tipo de apoyo supone una ventaja competitiva frente a la situación del sector en otros países comunitarios.

¿En qué consiste el apoyo al sector?

Los créditos fiscales son derechos a pagar menos impuestos sobre los beneficios futuros generados por las entidades por pérdidas pasadas o provisiones especiales, como las que se hacen para cubrir el deterioro de los inmuebles, que no pueden deducirse hasta su desembolso.

Como solo pueden aprovecharlos aquellas entidades que en los años siguientes a generarlos logren beneficios suficientes como para reducírselos todos del pago de los impuestos consecuentes, la nueva normativa financiera Basilea III dejaba estos derechos fuera del cómputo de capital.

Las entidades tienen en concreto 18 años para aprovechar estas ventajas fiscales que desparecerían una vez vencido este plazo. La solución aportada por el Gobierno español fue avalar con deuda pública estos créditos fiscales para que sean monetarizados como deuda pública si la banca no consigue aprovecharlos antes del plazo.

Hay que tener en cuenta, además, que el valor de los créditos fiscales es nulo en caso de quiebra de la entidad, si bien con la nueva regulación sería España quien hiciera frente a la aportación del montante necesario.

La medida benefició especialmente al grupo BFA-Bankia, que conservó unos 7.000 millones (unos 5.200 de Bankia); Santander, con 5.400 millones; CaixaBank, con unos 5.000 millones; Sabadell, con 4.800 millones; BBVA, con 4.400 millones, entre otros.

Impacto para el sector español

Un informe de N+1 de esta mañana, que analizaba la investigación adelantada por el Financial Times, sostenía que de tumbar Bruselas la solución española los bancos más afectados serían Sabadell y Liberbank seguidos por Bankia, por el peso que tiene el volumen de activos fiscales monetizables en su nivel de solvencia.

Con todo, los analistas de N+1 destacan que este debate "realmente no es nuevo", puesto que el propio Banco Central Europeo ya se ha mostrado dispuesto a homogeneizar la valoración del ratio de capital que hace cada país, y descartan que tenga graves consecuencias para el sector.

De hecho, aunque los expertos de la firma asumen que si el BCE acabara con este sistema las entidades financieras españoloas se verían forzadas a reducir con fuerza el pago de dividendos, N+1 mantiene su recomendación de compra de bancos españoles.

Tranquilidad en el Gobierno y la banca

Desde el propio Ministerio de Economía, impulsor de la medida, matizan además que de momento Bruselas únicamente ha remitido un cuestionario para conocer más a fondo la solución aprobada que ya en su día contó con el visto bueno de la troika. "No contemplamos" que las pesquisas acaben tumbando el modelo, aseguran.

También muestran su tranquilidad en algunas de las principales entidades financieras del país, donde destacan que la medida se adoptó para evitar un agravio comparativo frente a los sistemas de otros países, como Francia o Reino Unido, y que además a la banca española ya se la penaliza con un tratamiento más conservador de los activos ponderados por riesgo.

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