Las cuentas de Cataluña, pendientes de una batalla judicial
El contrato de concesión "produjo efectos a las 23 horas 59 minutos del 31 de dicembre de 2012"
La privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (TLL) aprobada contrarreloj en diciembre 2012 ha derivado en una batalla judicial que puede obligar a la Generalitat de Cataluña a revisar y elevar en 1.000 millones el déficit público contabilizado en el año 2012. También supondría la obligación de pagar más de 300 millones de euros. La mayor privatización en Cataluña se encuentra hoy en un rocambolesco conflicto jurídico que, según el propio Gobierno de Artur Mas, puede acabar ocasionando un grave perjuicio a las cuentas públicas.
En 2012, la Generalitat concedió al consorcio liderado por Acciona la concesión de la gestión de Aigües-Ter Llobregat, que abastece a 4,5 millones de catalanes, por un período de 50 años y por un importe de 995 millones de euros. Un primer pago de 298,6 millones se realizó en diciembre de 2012 y el resto se prorratea en un canon anual durante el plazo de la concesión.
En un documento oficial firmado por Mireia Vidal, interventora general de la Generalitat de Cataluña, se indica que la operación se formalizó el 27 de diciembre de 2012 y que la “producción de efectos [del contrato] se fijó a las 23 horas 59 minutos del día 31 de diciembre de 2012”. La fecha, como indica el documento de la Generalitat, resulta en este caso muy relevante porque la operación tenía como principal objetivo reducir el déficit de ese ejercicio. El Ejecutivo catalán obtuvo el visto bueno de la Intervención General del Estado (IGAE) para imputar la totalidad de los ingresos previstos por la concesión de (995,5 millones) en el año 2012, aunque la mayor parte del cobro efectivo se realizará en ejercicios posteriores. La operación se calificó como una venta de activo con un pago parcialmente aplazado. Ello permitió a la Generalitat reducir sensiblemente su déficit público que, en cualquier caso, cerró en el 2,24% del PIB, lejos del límite del 1,5%.
La privatización ahora se encuentra en entredicho. Agbar, la otra compañía que pujó por ATLL, recurrió la adjudicación ante el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que emitió una resolución el 2 de enero de 2013 en el que afirmaba que Acciona debería haber sido excluida del concurso al incumplir un punto del pliego de condiciones. En concreto, el OARCC indicaba que la empresa no respetaba la obligación de realizar obras de mejora en los primeros diez años de la concesión. Para Acciona y el Gobierno de Artur Mas se trataba de un mero problema de calendario, que no representaba una parte mollar del contrato ni lo invalidaba. Agbar entendía que la resolución anulaba la concesión y, en la media en que no hubo otros aspirantes, su oferta debía considerarse como la ganadora y, por lo tanto, adjudicarse Aigües Ter-Llobregat. Tras diversos recursos y sentencias que rechazaron las medidas cautelares planteadas por las partes, la Generalitat sostiene que adoptará una decisión cuando haya una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de la UE.
Si finalmente la concesión a Acciona queda anulada, la Generalitat en primer término, y el Estado y Eurostat en último, deberán revisar las cuentas públicas de 2012 para excluir los casi 1.000 millones que se imputó por la operación el Ejecutivo de Artur Mas. Así, los números rojos pasarían del 2,24% (4.437 millones) al 2,74%. También afectaría en unas décimas el saldo fiscal del conjunto de la Administración Pública. Sin embargo, el problema principal es que, ante este escenario, la Generalitat debería devolver el dinero efectivamente pagado por Acciona desde la fecha de la concesión hasta hoy. Ello supondría un coste imprevisto de más de 300 millones. Supone un nivel relevante si se tiene en cuenta que hoy la Generalitat precisa todavía de la ayuda del Estado para financiarse y, a la espera de conocer los datos de cierre de 2014, ya se sabe que Cataluña registró un déficit superior al 2% del PIB, cifra que debe rebajar este año al 0,7%. Ello supone un ajuste superior a los 2.500 millones.
Ventas de patrimonio para arreglar las cuentas públicas
La crisis económica y, en particular, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria derrumbaron los ingresos de las comunidades a partir de 2007. Para mitigar la pérdida de recursos, las autonomías intensificaron, con escaso éxito, la venta de inmuebles de titularidad pública para hacer caja. Por ejemplo, en el año 2012, la Generalitat había presupuestado ingresar 888 millones por la enajenación de terrenos e inmuebles. Apenas logró 20 millones. Ese fue uno de los motivos que aceleraron alternativas como la venta de la concesión de Aigües Ter-Llobregat o de los túneles de Vallvidrera y del Cadí, que se adjudicó Abertis. Ambas operaciones permitieron cobrar en efectivo 600 millones de euros, apuntados en el capítulo de ingresos patrimoniales, que inicialmente no estaban previstos.