Invocando la libertad en el ámbito comercial
Josep-Francesc Valls, catedrático ESADE
¿Qué política comercial queremos? ¿la de mi partido o la que convenga al alimón a la mayoría de los comerciantes y de los consumidores? Parecería insensato que un dirigente político planteara el tema de este modo, y menos todavía en período electoral, porque significaría no haber entendido ni la cuestión ni el protocolo para afrontarla.
En el edificio constitucional de las últimas décadas, la política comercial compete a las autonomías. Así se decidió al establecer el actual edificio institucional. En términos de estricta legalidad, las medidas de liberalización total de los horarios y calendarios comerciales del gobierno del PP irrumpen como elefante en cacharrería contra los modelos que vienen aplicando desde hace años las comunidades autónomas. Cataluña, País Vasco, Andalucía, otras comunidades y más de diez ciudades siguen reivindicando sus propias decisiones. El gobierno español se acoge a la liberalización total y, la mayoría de los gobiernos autonómicos, al respeto a sus Estatutos de Autonomía y a los pactos establecidos con el sector comercial.
Asistimos durante los últimos meses a uno de los episodios más intensos del choque de trenes como consecuencia del interés del PP por imponer su visión liberal a ultranza en lugares donde habían florecido pactos autonómicos interesantes. Un partido tiene todo el derecho del mundo a aplicar sus enunciados si está en el gobierno. Sobre todo, si los fundamenta en análisis objetivos de la realidad. Pero en este caso, aparecen dos elementos disuasorios. El primero, para implantarlo, no puede nunca saltarse a la torera la legalidad constitucional que tanto invoca. El segundo, la liberalización absoluta de los horarios y calendarios comerciales no genera más puestos de trabajo. Este es el argumento estrella del partido del gobierno. Aunque lo repitan mil veces, sustituye puestos de trabajo de calidad por un número menor de precarios. Tras el estudio de numerosos casos, entre los cuales los de Londres, Ámsterdam, París, Nueva York o Múnich -y no hablemos de municipios menores-, podemos afirmar que la resiliencia de los pequeños comercios competitivos facilita enormemente el mantenimiento del empleo comercial de calidad (de los miembros de la familia y demás empleados, como ha ocurrido durante la crisis). En Barcelona, por ejemplo, se ha destruido mucho más empleo en el resto de modos comerciales que en el minorista, aunque ello haya significado la erosión del patrimonio de numerosos comerciantes minoristas.
Pero además del balance sobre el número de puestos de trabajo destruidos/generados, hay que añadir dos aspectos nefastos sobre el tejido económico de las ciudades. Por un lado, agranda la destrucción de riqueza y oportunidades: la desertización de los centros de las ciudades y de los barrios donde el comercio de todo tipo es vital para mantener la red urbana de servicios. Por otro, encontramos el desequilibrio que ello genera, puesto que amputa parte de la oferta comercial en beneficio de otras. Esto privaría a las poblaciones de la riqueza de la diversidad de formatos comerciales que desean tanto los nativos como los turistas. De este modo, acabaría ocurriendo justo lo contrario de lo que pregonan los ultraliberales. Se apuntan de entrada a la liberalización invocando el derecho de los consumidores, para acabar restringiéndoles la oferta y obligándoles a comprar en unos formatos y no en otros, con el consiguiente empobrecimiento de zonas, barrios y ciudades.
El urbanismo comercial, en concreto los horarios, no puede ser una cuestión de ideologías. Los programas de comercio de la mayoría de los partidos clásicos se redactan siguiendo el impulso de sus clientelas y de sus acervos históricos, bastante al margen de las relaciones que lleva la distribución y los consumidores, y del entorno tecnológico actual. ¿Cómo podría si no incluirse en una propuesta programática la defensa a ultranza de unos horarios restringidos frente a la oferta de 24 horas 365 días al año a través de internet?; o, ¿cómo si no defender horarios completos en todos los lugares cuando a determinadas franjas horarias no hay compradores en las calles?
La otra agenda
A raíz de las distintas experiencias y de los casos de éxito revisados, resulta oportuno indicar algunas líneas de reflexión a promover para evitar el choque de trenes actual:
- Los comerciantes minoristas no pueden encerrarse a defender sus posiciones, exigiendo protección incondicional para siempre por parte del sector público. Son un eslabón indispensable, singular, aunque débil de la cadena, por lo que están en la tesitura de exigir condiciones de supervivencia a cambio de la riqueza que generan. Pero son empresarios que han de competir con sus propios instrumentos y deben ser capaces de encontrarlos
- El sector de la distribución compite entre sí por el favor de los clientes, pero ha de agruparse para establecer relaciones con las administraciones públicas mucho menos viciadas que actualmente. Menos reglamentadas. Menos intermediadas. Menos clientelares
- Por eso, hay que pasar cuanto antes de las políticas de subvenciones a constituir figuras de partenariado público-privadas para profesionalizar y dar autonomía privada a la gestión de los servicios de las ciudades. Como, por ejemplo, la propuesta de crear distritos de mejora empresarial que el PP ha presentado en la Comisión de Economía del Congreso, en la línea de los business Improvement Districts (BID). Han habido otras propuestas en el pasado inmediato tanto en las Cortes como en algunas autonomías y nos tememos que no han prosperado porque dar protagonismo a comerciantes y consumidores produce vértigo a los partidos
- Cada BID o cada distrito de mejora empresarial acabará fijando su clientela, sus horarios y calendarios –los más interesantes para sus consumidores nativos o turistas-, a fin de obtener la máxima rentabilidad para cada negocio comercial.
Ésta es otra agenda bien distinta que la del choque de trenes.