El fiscal pone en duda los argumentos de los peritos del 'caso Bankia'
Los dos peritos que pusieron de manifiesto las irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia aseguraron ayer ante el juez que el grupo integrado por las siete cajas fusionadas ya presentaba pérdidas dos años antes de su constitución en diciembre de 2010. Aseguraron también que su matriz, BFA, tenía que haberse disuelto tras el descuento del 75% del precio de la salida a Bolsa. El fiscal duda de los argumentos de los dos expertos.
Más de cuatro horas estuvieron respondiendo ayer, a las preguntas tanto del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón como de los abogados de la acusación del caso Bankia, los dos inspectores del Banco de España que han realizado los informes periciales por encargo del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu concluidos el pasado mes de diciembre. Ambos expertos corroboraron que ya tras la fusión de las siete cajas que dieron lugar a Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Rioja, Canarias, Layetana, Ávila y Segovia) en diciembre de 2010, la entidad presentaba pérdidas.
Fuentes de la acusación del caso Bankia aseguraron que los dos peritos, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, se reafirmaron en todo lo expuesto en sus informes, y coincidieron en prácticamente todas las respuestas, lo que, según fuentes judiciales, supone que pese a que cada perito realizó un escrito diferente sus conclusiones finales son muy similares.
Han respondido casi “al unísono”, explicaron abogados de la acusación, que añadieron, no obstante, que sus argumentos fueron explicados en algunos casos con poca rotundidad. Estas mismas fuentes afirman que incluso el fiscal puso en duda en varias ocasiones las conclusiones de algunas de las respuestas de Busquets y Sánchez Nogueras. La mayoría de las preguntas las realizó ayer Luzón. Entre otras cuestiones les preguntó por qué realizaron cada uno un informe por separado (uno de 212 páginas y otro de 198) en lugar de uno. Ambos expertos, que estaban en la sala juntos respondiendo a las preguntas, declararon que de esta manera podían ser más independientes y neutrales. Y añadieron que se habían dedicado durante año y medio, “en cuerpo y alma”, a estos informes.
En ambos escritos se ponen de relieve las irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia, con Rodrigo Rato como presidente. Además, se cuestionan la reformulación de las cuentas de la entidad aprobadas en marzo de 2012 correspondientes al ejercicio de 2011, y las reformuladas posteriormente, en mayo de 2012 por el actual equipo de Bankia, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri.
Los dos peritos aseguraron ayer que han trabajado de forma independiente, desligados del Banco de España (organismo al que pertenecen como inspectores). En sus respectivos informes y respuestas de ayer ambos inspectores desvinculan la situación de la economía española del deterioro de BFA-Bankia (BFA es la cabecera del grupo), puesto que desde mucho antes de su constitución se podían intuir posibles pérdidas en las cuentas de resultados de las cajas integrantes, contestación que según fuentes jurídicas, llamó la atención al fiscal. Ambos técnicos explicaron que llegaron a esta conclusión tras analizar un informe de Bankia presentado a su consejo a finales de 2011 sobre el riesgo promotor del grupo, lo que les hizo pensar que los deterioros venían de lejos. Preguntados por el fiscal por qué pudo hacerse tan rápida esa reformulación, que supuso que unos beneficios de 309 millones en 2011 se convirtieran en unas pérdidas de 2.979 millones en mayo de 2012, los expertos han respondido que la realizó el mismo equipo gestor (había cambiado la presidencia, pero los directivos aún eran los mismos de la etapa de Rato) que ya conocía la verdadera situación del grupo.
Al fiscal también le llamó la atención el hecho de que no reconocen los dos cambios normativos sobre provisiones conocidos como Guindos I y II, como causantes también de una parte de los problemas de Bankia. Uno de los peritos señalaba que “el ajuste de los activos fiscales de BFA, 2.744 millones, se considera incorrecto, porque a fecha de la reformulación era evidente la recuperación de al menos 1.428 millones”, por lo que “no debería haber reducido en su integridad los activos fiscales diferidos”.
Sin embargo, otro cifró esa cuantía en 1.927 millones y, según fuentes jurídicas, ninguno supo explicar el motivo de la diferencia. También pusieron en duda el precio de las acciones de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, con un descuento del 74% sobre el valor en libros, lo que supuso un deterioro inmediato que BFA como matriz de Bankia debería haber registrado, aunque esto le habría supuesto “causa de disolución”, equivalente a la quiebra. De haberse disuelto BFA se habría producido un efecto contagio en Bankia que habría provocado consecuencias aún más graves.
Los informes periciales apuntan que la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su “imagen fiel” a los inversores institucionales y los accionistas minoritarios. En relación con la situación de Banco de Valencia, que llevó a cabo un “desmesurado incremento” de su inversión crediticia entre 2004 y 2011 y asumió demasiados riesgos inmobiliarios, los peritos señalaron que sus deterioros eran “conocidos” aunque no se quisieron abordar hasta la intervención de la entidad, en noviembre de 2011.
Los inspectores argumentaron que, meses después de la salida a Bolsa de Bankia, las cuentas se reformularon “para contabilizar saneamientos adicionales de activos y préstamos inmobiliarios que, al menos en parte, eran anteriores” a esta operación. Además, destacaban que sociedades “dependientes” de Bankia y BFA, presentaron órdenes de compra no vinculantes por 357 millones de euros durante el periodo de colocación de las acciones de la salida a Bolsa sin los cuales la operación no se hubiera considerado exitosa.
Dos currículos bajo la lupa
El demoledor contenido del informe pericial encargado por el juez Fernando Andreu hace quizás más relevante si cabe comprobar el grado de fiabilidad de sus conclusiones en base, entre otras cosas, a la trayectoria profesional de sus autores. A tal fin, el fiscal del caso requirió ayer a los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez que detallaran su experiencia laboral con el objetivo de despejar dudas sobre su capacidad para realizar el análisis que les fue encargado. Bajo este marco, Busquets declaró que comenzó trabajando inicialmente para el Tribunal de Cuentas, en el que ingresó en 1984. No fue hasta cinco años después cuando pasó a formar parte del equipo del Banco de España, al que sigue perteneciendo en la actualidad.
Sánchez, por su parte, ha tenido cargos de responsabilidad al otro lado de la frontera financiera. En concreto, ejerció entre otros cargos de director de riesgos de la antigua caja de ahorros sevillana Cajasol. Tras su integración en Banca Cívica de la mano de Caja Navarra, Sánchez asumió el mismo cargo como responsable de riesgos para la nueva firma, que terminó siendo absorbida por La Caixa. Fue entonces, en 2012, cuando Sánchez dejó su puesto en la banca privada para regresar de nuevo al Banco de España, donde ya había ejercido como inspector durante 13 años, y retomar su puesto.