Un nuevo sector inmobiliario
La trayectoria del sector inmobiliario español está marcada por los extremos. Del crecimiento sin fin con que entró en este siglo y transcurrió casi toda su primera década, inmerso en una exuberancia de precios tan irracional como natural le parecía a los agentes, hasta la crisis sin precedentes de la que tras siete años parece empezar a recuperarse. Es de esperar que la revisión de conceptos a que ha dado lugar el viaje del boom al crac sirva para alejar de manera definitiva la actividad inmobiliaria de la especulación ilimitada y de todos los planetas que gravitan en torno a esta, con la corrupción como el de mayor masa. Sería algo positivo a obtener de esta larga y dura travesía que ha impactado con extraordinaria dureza en todos los ámbitos, desde las economías domésticas más pequeñas –donde el impacto social ha sido una de las tristes señas de identidad de esta crisis– hasta los balances de las empresas más grandes.
El precio de la vivienda sale de este difícil periodo sometido por un importante ajuste, estimado en más del 40% según los últimos datos, que dota de racionalidad al único mercado de Europa en el que, además de no despegar el alquiler, a muy pocos kilómetros del centro de ciudades en los que los precios llegaron a las nubes siguen existiendo enormes páramos sin urbanizar. Habrá que estar muy atentos a la evolución de los precios en los próximos trimestres, porque la historia no ha parado de demostrar la proclividad de España a inflarlos, la gran mayoría de las veces sin motivo justificado, en todo lo que tiene que ver con el ladrillo.
En la vorágine en que se ha visto inmerso el sector inmobiliario, hay un aspecto fundamental que ha quedado muy en segundo plano. Y es precisamente una de las razones por las que una vivienda se puede encarecer con motivo: la calidad. Y en este campo, la eficiencia energética debe jugar un papel de primer orden, especialmente en un país como España, altamente deficitario en energía.
El marco legal ya existe. De hecho, la evaluación de la eficiencia energética de edificaciones existentes es obligatoria en España desde junio de 2013. El objetivo de esta es garantizar que se pueda evaluar y comparar el nivel de eficiencia energética de un inmueble, al igual que se comparan otras características durante el proceso de compra o alquiler. A pesar de que ya ha transcurrido un año y medio desde su puesta en marcha, aún no hay datos oficiales, pero todo indica que también aquí queda mucho trabajo por hacer.
Tinsa, una de las primeras tasadoras del mercado y empresa autorizada para realizar estas certificaciones, ha emitido un primer balance sobre el universo de 36.500 certificados que ha realizado, y el resultado de este informe no puede ser más desolador. Menos del 2% de los inmuebles examinados alcanza alguna de las tres mejores calificaciones (A, B o C), y más de una de cada cuatro casas (el 43,07%) suspende clamorosamente con una certificación de nivel G, la peor nota posible. La generalidad de los expertos consultados suscribe que en España queda un largo camino por recorrer también en este ámbito. Por un lado, el stock de viviendas está definitivamente obsoleto en lo referente al consumo de energía, lo que además de gasto directo genera el indirecto de un nivel de emisión de gases contaminantes muy elevado.
Por otra parte, el mercado residencial no reconoce aún la incidencia de este parámetro en el valor de los inmuebles, lo que puede provocar a largo plazo bruscas correcciones de precios, dado el escenario de aumento constante de los precios de la energía, a pesar del respiro que ahora está dando el petróleo.
Llegados a este punto, el papel que debe desempeñar la Administración es clave una vez más. De la misma manera que casi nadie ignora ya la calificación energética de un electrodoméstico o el gasto de combustible del coche que va a adquirir, esa concienciación sigue pendiente en el mercado inmobiliario, en el que por lo demás se pueden obtener los mayores ahorros. La eficiencia energética de las casas debe convertirse en un parámetro de primer orden en la toma de decisiones a la hora de comprar o alquilar vivienda. Y a la Administración hay que recordarle una vez más que para que una norma consiga su objetivo, hay que hacer más que promulgarla.