Cómo se infló (e ignoró) la burbuja del ladrillo en Bankia

Sede de Bankia en las Torres Kio de Plaza Castilla, en Madrid.EFE

Habitat, la que fuera plataforma inmobiliaria de Bankia, fue un caladero de operaciones aparentemente irregulares. Así se deriva del informe elaborado a petición de la Audiencia Nacional por dos peritos del Banco de España que recoge el contenido de algunas de las 47 operaciones opacas que el FROB ha remitido a la fiscalía, tras recibir los análisis practicados por los departamentos forenses de firmas auditoras. Se trata de transacciones de “escasa razonabilidad económica” protagonizadas habitualmente por inmobiliarias participadas por el grupo financiero.

“La situación actual es compleja con los activos adjudicados y sociedades participadas, que ascienden a 294, de las que 47 son participadas al 100%, 26 tienen una participación mayor del 50% y 221, inferiores al 50%. Contamos con más de 350 socios, de los que el 80% son promotores, en su mayoría insolventes”, reconocía el entonces responsable inmobiliario de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, en el consejo de administración de la entidad del 12 de diciembre de 2011.

Norniella detallaba entonces que el mayor riesgo provenía de Bancaja, origen del 51% de estas participadas, y que el banco gestionaba entonces 53.123 activos valorados en 28.500 millones. Un peso muerto, el de los compromisos asumidos por Bankia Habitat, para el que el grupo “no tenía ninguna provisión constituida” a cierre de 2010 y que terminó ocasionando una corrección por deterioro de activos, reformulada por los nuevos gestores, de 1.117 millones de euros brutos. El 70% de esa cuantía (777,85 millones brutos o 544,50 netos) se destinaron a compensar la actividad de sociedades inmobiliarias participadas por Bankia. No solo porque muchas presentaran “pérdidas continuadas”, pese a lo cual siguieron recibiendo apoyo financiero de la entidad en algunos casos, sino porque en decenas se han detectado “indicios de actuaciones irregulares”.

Estas, prosigue el informe, fueron realizadas “a favor de los socios de las empresas participadas”, lo que provocó “perjuicios para la propia sociedad participada, con reflejo en sus cuentas anuales, que se traducen en un deterioro aún mayor de su solvencia y de su capacidad de generación de recursos”. Es decir, “un menor importe recuperable de las inversiones mantenidas en las mencionadas sociedades participadas por parte del grupo BFA/Bankia”.

A partir de ahí, los informes forenses encargados por el FROB explican que este tipo de operaciones “consisten, principalmente, en compras de suelos, o de participaciones en sociedades cuyo principal activo son suelos rústicos o urbanizables y con largo desarrollo urbanístico”, que venían formalizándose “durante los últimos años del ciclo inmobiliario, cuando ya era evidente la situación de deterioro del ciclo inmobiliario”.

De esta manera, siendo ya de partida evidente el cuantioso deterioro del valor de estas carteras, las valoraciones realizadas a la hora de fijar el precio de compra se hicieron “basadas en hipótesis de desarrollo urbanístico terminado, lo que supone asegurar al vendedor una ganancia difícilmente realizable” en un momento en que el mercado inmobiliario estaba ya afectado, quedando paralizado en el caso del suelo.

“Todas estas actuaciones suponían unas ventajas económicas para los socios promotores y de forma paralela un significativo y grave perjuicio económico para el grupo BFA/Bankia”, concluye el informe pericial encargado por el juez Fernando Andreu para tratar de aclarar las circunstancias en que la entidad terminó necesitando un apoyo público de 22.500 millones de euros.

Un agravante adicional, según el documento, es que el riesgo de estas operaciones debió haberse imputado a las cuentas de cierre de 2010 –algunas operaciones son incluso anteriores–, por lo que no solo se distorsionaron las cuentas de la entidad sino también la información ofrecida de cara a su salida a Bolsa en julio de 2011.

La herencia del Levante y la mala organización

“Desde la constitución del SIP hasta el mes de diciembre de 2011, el Sr. D. José Luis Olivas Martínez había sido vicepresidente único para las sociedades participadas. De la misma forma, el Sr. Miguel Ángel Soria había sido durante ese tiempo, y jerárquicamente dependiente de aquel, director de auditoría interna”, expone el informe de los peritos del Banco de España. “Sin duda, esta inadecuada estructura organizativa, por la inexistencia de una adecuada segregación de funciones, no ayudó a poner de manifiesto la situación de deterioro de las sociedades participadas inmobiliarias, así como, en su caso, las operaciones con indicios de actuaciones irregulares, las cuales (sociedades participadas), como se ha indicado en el acta, la mayoría venían de la antigua Bancaja y Bancaja Habitat”, argumenta el informe. Al detectarlos, el equipo que preside José Ignacio Goirigolzarri remitió al FROB, y este a la fiscalía, 17 expedientes entre los que destacan los que afectan a Grupo Calabuig (Costa Bellver, Capital Costa), Grupo Ramón Salvador, Grupo Royactura, Urbanika, Grupo Salvador Vila, Grupo Grand Coral, Grupo Aedifica, Grupo Share Capital, todas ellas de carácter inmobiliario. Efectivamente, el grueso de estas actuaciones están relacionadas con la herencia de Bancaja y el boom inmobiliario del Levante. En paralelo, se encargó otra treintena de análisis sobre operaciones concretas que resultan sospechosas, como las que afectan a Grupo Torro, Inmovemu, Valencia CF y Fundación Valencia CF, así como Terra Mítica, recoge el documento entregado la pasada semana al juez Fernando Andreu.